“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei sobre la suspensión de la obra pública”, sostuvo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss. El empresario estimó que la obra pública contrata alrededor de 300 mil puestos de trabajo directos, que quedan en riesgo inminente ante el freno de la actividad que promete el libertario. Junto con el recorte del empleo público y la violenta apertura de importaciones, que también está en el programa de La Libertad Avanza, se va a configurar un salto del desempleo, estiman especialistas.
“Esperamos tener un diálogo más fecundo con las autoridades, porque si el 10 de diciembre se paran las 3500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales, va a ser un crack muy importante”, avisoró el presidente de la CAC. “Primero, se va a perder muchísimo empleo directo entre operarios y personal jerárquico, pero también va a haber problemas en las fábricas de insumos. Si las obras paran y se vuelven a licitar, ese proceso tomará tiempo y el trabajo se suspenderá inevitablemente», agregó el empresario de la construcción.
Pero además, la pérdida de empleo desenvuelve un círculo vicioso, ya que la persona desempleada deja de consumir, y por lo tanto también pasa a estar en peligro la fuente de trabajo de la persona que produce el bien o servicio que se deja de comprar. Así es como la economía pasará de un estancamiento en medio de un gran desorden macroeconómico, como en la actualidad, a una recesión con crisis de empleo.
Avanzó
“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, agregó Weiss en declaraciones radiales. Además, contó que mantuvo una reunión informal con Guillermo Ferraro, el próximo superministro de Infraestructura, pero no recibió respuestas concretas. “Ferraro en KMPG trabajó como consultor para empresas privadas y para la cámara de la construcción. Lo conocemos muchísimo en el sector. Tuvimos una conversación informal para comentarles la situación. Él no nos transmitió ningún mensaje concreto del futuro”, relató.
Pymes
«Van a tener que competir, ganarse el pan con el sudor de la frente o irán a la quiebra”, dijo Javier Milei. En respuesta el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, dijo antes de las elecciones que el futuro mandatario «no menciona la palabra pyme, no reconoce al empresario de 10 trabajadores que es un sujeto importante en la economía, que explica el 77 por ciento del empleo privado en Argentina».
Bilanski enfatizó en los riesgos que implicaría una violenta apertura de importaciones para el rubro textil, “que es uno de los más vulnerables y que actualmente genera unos 400.000 empleos”, y recordó el eufemismo de la “reconversión de empresas de la que hablaba Mauricio Macri cuando gobernó y que terminó en la destrucción de miles de empresas nacionales». Concretamente, de acuerdo a cifras de la AFIP, bajo la gestión de Cambiemos cerraron más de 24.500 pymes en todo el país.
Afuera
Entre otras propuestas libertarias que calan sobre los derechos adquiridos por trabajadores y trabajadoras está la sustitución de las indemnizaciones por extinción del contrato por un “fondo de cese”, nutrido por un aporte mensual que correría por cuenta del empleador en un porcentaje del salario, similar al vigente en los contratos “por obra” del gremio de la construcción. Ese tipo de contratos no dan lugar a la indemnización por extinción del contrato justamente porque son temporales.
La vigente Ley de Contrato del Trabajo, sancionada en 1974, contempla diferentes modalidades de contratación: de plazo indeterminado, de plazo fijo, de temporada, eventual y por obra. El fondo de cese implicaría llevar todos los contratos a una modalidad de empleo eventual y precaria, que implicaría también la caída de la figura del preaviso. A esto se suman las recientes declaraciones de Javier Milei sobre el no pago del medio aguinaldo de diciembre a los empleados del sector público porque “no tenemos plata”.
