La AFIP denunció a Alberto Abad -titular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri-, a otros exfuncionarios y un grupo de abogados por supuestos delitos en la contratación externa de servicios legales entre enero de 2016 y diciembre de 2019.
La denuncia, cuya investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se presentó por «violación de secreto oficial, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, malversación de caudales», entre otros delitos.
Los denunciados son el extitular de la AFIP Abad y los exfuncionarios María Jimena de la Torre, Eliseo Devoto y Alejandro Alteiri, además de los abogados que habrían sido beneficiados con estas contrataciones. Se trata de Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Carrió, Maximiliano Reussi, Juan José Avila y Tomás Farini Duggan, según surge del texto de la denuncia.
Los entonces funcionarios de AFIP habrían «facilitado» o «se beneficiaron de los hechos denunciados», se indicó en la presentación judicial.
El organismo recaudador pidió que se investigue el supuesto delito en «la contratación por parte de la AFIP de profesionales externos desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019».
«Al momento en que sucedieron los hechos, AFIP contaba con personal de planta superior a 22 mil personas, de los cuales 5 mil eran abogados y abogadas altamente especializados», se remarcó.
La denuncia se presentó luego de realizarse una auditoría interna que concluyó que pudo haber contrataciones directas y que algunos de estos abogados comenzaron a intervenir en causas penales de «trascendencia institucional» antes de cumplirse con los procedimientos administrativos para la designación.
En la denuncia se aludió además a posibles «pagos indebidos» sin control de «prestación de servicios» y se mencionó que, en algunos períodos de contratación, incluso hubo abogados que estuvieron fuera del país por períodos superiores a los tres meses.
La denuncia fue presentada por Gloria González, titular interina de la Dirección de Sumarios Administrativos de AFIP.
«Las circunstancias narradas que, cabe reiterar, no son sino consecuencia de los minuciosos informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna evidenciarían, cuanto menos, un modo de actuar manifiestamente apartado al requerido por el ordenamiento normativo para agentes y funcionarios», concluyó la denuncia.
Se trata de funcionarios «a quienes la Administración confió la responsabilidad de observar y hacer observar las leyes y reglamentaciones que se encontraban a su cargo», se agregó.
Para la AFIP se habría tratado de comportamientos que «dañan profundamente la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones democráticas y republicanas, de modo que cabe a la judicatura, mediante un típico accionar de prevención positiva, restaurar la confianza quebrantada en las normas que habrían sido conculcadas», concluyó la presentación judicial.
Tras conocerse la noticia de la denuncia, el abogado Gil Lavedra declaró que se trata de una presentación que «no es seria», que «fuerza y distorsiona los hechos, y hasta el derecho» y la vinculó al proceso electoral. «No distingue el secreto fiscal y las actuaciones de una causa criminal. Debo además decir que la contratación se debió al conflicto eventual de intereses con los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos que habían intervenido en los trámites de Oil Combustibles, y fue aprobada por el Procurador del Tesoro», expresó el exjuez y exdiputado radical.
