La Sala I de la Cámara Federal porteña tiene en sus manos la decisión sobre secuestrar o no el celular del diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, a quien poco antes del frustrado magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner le escucharon decir “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Los abogados de la vicepresidenta argumentaron ayer ante los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens por qué periciar el aparato es “esencial” para profundizar la investigación sobre los autores intelectuales del atentado, postura que en este caso coincide con la de los fiscales de primera instancia y de la Cámara. “Es muy probable que aún si se autoriza el secuestro (el resultado) sea decepcionante, porque es evidente que tanto Milman como su grupo buscan borrar toda evidencia. Aun así, tenemos expectativas de que la resolución sea favorable”, expresó el abogado Marcos Aldazábal.
“Realizar la prueba es imperante”, sostuvo el representante de la querella al exponer en una audiencia presencial que duró casi una hora. “Ninguna prueba desincriminó para nada a Milman”, advirtió Aldazábal y planteó como “esencial” la pericia sobre su celular en relación a la frase que se le escuchó pronunciar en el bar Casablanca dos días antes del intento de magnicidio. El otro abogado de CFK, José Manuel Ubeira, advirtió que de parte de la jueza María Eugenia Capuchetti “no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas” y que Milman “debería haber entregado su celular como diputado”. Además recordó que “la jefa del partido (en referencia a Patricia Bullrich) hasta el día de hoy no repudió el atentado”. “Esta causa la llevamos a remolque en contra del sistema judicial”, cuestionó Ubeira, y añadió que “se aseguraron el borrado” de los celulares de Milman y de sus dos asesoras presentes aquel día en el bar.
La pista Milman se inauguró cuando Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos), se presentó ante Capuchetti y declaró que había escuchado al legislador referirse al atentado antes de que ocurriera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que recordó en boca de Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto. Añadió que le hablaba a dos mujeres, que resultaron ser sus colaboradoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Al declarar ambas dijeron no recordar esa cita, hasta que les mostraron las cámaras que confirmaban sus presencias. Capuchetti se negó a secuestrarles sus celulares, paso que dio recién el 1º de diciembre por orden de la Cámara. Bohdziewicz dijo entonces que, con asesoramiento, había borrado el contenido del teléfono para preservar su privacidad. A principios de mayo se presentó voluntariamente para aclarar que, en rigor, no borró el contenido del aparato por voluntad propia sino que la llevaron a la oficina de Bullrich, donde la esperaban Milman y un perito.
A partir de su testimonio, la fiscalía pidió el secuestro del teléfono de Milman. La joven dijo que el perito también había “manipulado” el celular del diputado y que a Gómez Mónaco la mandaron a comprar un equipo nuevo y cambiar la clave del que usaba. Capuchetti sólo aceptó incautar el teléfono de Gómez Mónaco, pero se negó a secuestrar el de Milman, argumentando que no estaba imputado y que tiene fueros parlamentarios. El fiscal Jorge Agüero Iturbe apeló ante la cámara, argumentando que es central para saber si “tuvo participación” en el atentado o bien para “obstruir el avance de la causa”. El fiscal calificó la negativa de Capuchetti de “arbitraria” y “en detrimento de la verdad”.
En la audiencia de ayer también expuso el defensor de Milman, Manuel Barros, quien afirmó que “la ley no impone” que por ser diputado su cliente deba ofrecer su teléfono en una causa penal, que a su entender no hay ningún “elemento objetivo” que permita vincularlo con el atentado, y destacó que del entrecruzamiento de los teléfonos de los tres imputados –Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo– con otros números, incluido el de Milman, surgió que “no hubo cruces entre ellos, no se comunicaron”. La palabra final, en esta etapa al menos, la tendrá la Cámara Federal.
