La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) pidió la convocatoria a una reunión con la Comisión de Aranceles para que, tras el aumento del 60,4% otorgado a los docentes, se analice una nueva suba de los aranceles en las escuelas subvencionadas por Estado.
La organización, que nuclea a los establecimientos educativos privados en toda la provincia, fundamentó su pedido alegando que el 80% de los aranceles se destina a pagar el sueldo de los trabajadores y que «estas situaciones no permiten manejarse con previsibilidad».
«Cada vez que hay aumentos a los docentes, tenemos que ver los aranceles, porque es directa esa proporción: cuando aumentan los salarios, deben aumentar los cuotas», afirmó el secretario de la entidad, Martín Zurita. El empresario destacó además que de los 6.200 colegios privados bonaerenses, 4.300 tienen subvención estatal y remarcó que «no abarca a toda la planta, porque lo que es maestranza, administrativos y docentes extraprogramáticos no se subvencionan».
Los integrantes de AIEPBA pidieron por la implementación de una cláusula gatillo que pueda agilizar los trámites para las instituciones educativas que necesiten subir los aranceles ante este tipo de situaciones. «Nos dieron el 7,8% en mayo y el retroactivo de 2 a 8 cuotas, dependiendo de cada escuela. Ese atraso repercute en las familias, que deben desembolsar dinero de golpe por el retroactivo», manifestó el directivo al respecto.
Zurita señaló además que «hay colegios que no podrán subir las cuotas como lo necesitan porque la comunidad educativa no podría resistir otra suba de aranceles», lo que puede terminar siendo un serio perjuicio para los establecimientos educativos.»No es agradable comunicar esto a las familias en medio de esta situación complicada que está viviendo el país», expresó, pero destacó que muchos colegios están al límite.
Vale destacar que la Comisión de Aranceles recién permitió la suba de las cuotas en las instituciones educativas privadas a fines de abril tras haber aprobado nuevos topes de aplicación en el pago mensual de las familias. El pedido de las entidades que nuclean a propietarios de las instituciones es de un aumento del 25% escalonado entre marzo (8%), julio (8%) y septiembre (9%).
