El dato es elocuente y es sólo una de las muchas comparaciones que pueden trazarse a la hora de ver la importancia tributaria que tiene para los Estados lograr que el Poder Judicial, único eximido, pague de manera plena el Impuesto a las Ganancias: lo que el Gobierno dejará de recaudar el año próximo por no cobrarles el impuesto al sector asciende a 238 mil millones de pesos. Es decir, el Estado pierde a razón de un Impuesto a las Grandes Fortunas por año dado que ese tributo -que se votó en el Congreso y por única vez para paliar el daño económico de la pandemia-, recaudó en 2021 algo más de 240 mil millones de pesos.
Es decir que sólamente generalizando un tributo que hoy paga toda la población que supere el Mínimo no Imponible y quitándole el privilegio al Poder Judicial, el Estado podría contar no sólo con un principio de equidad tributaria, sino que además podría usar esos fondos para financiar obras, ayuda social y otros puntos sin crear nuevos impuestos o enfrascarse en pujas políticas en el Parlamento. Esta es la discusión que se dará la semana próxima en el Congreso, en el marco del debate del Presupuesto 2023, en el cual el oficialismo, vía el diputado del FDT Marcelo Casaretto, introdujo un artículo donde propone, precisamente, que todo el Poder Judicial pague Ganancias. Al día de hoy, sólo pagan los jueces nuevos, aquellos que asumieron en el 2017.
«Todos somos iguales ante la ley y todos los jueces en actividad o jubilados tienen que pagar Ganancias si superan el mínimo no imponible, como cualquier hijo de vecino», expresó Casaretto en declaraciones radiales y agregó que «incluye a todos, jueces de la Corte Suprema, camaristas, jueces, fiscales, funcionarios, todo el que supere los $330.000, paga Ganancias». Asimismo, consideró que «un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia».
Para qué alcanza
Hay otras comparaciones de lo que se recaudaría de Ganancias si el Poder Judicial se sumara en pleno. Por ejemplo, es casi lo mismo que se viene recaudando desde AFIP por el Impuesto País entre enero y septiembre (251.818 millones de pesos) y algo menos de 60 mil millones de lo que ingresa por el impuesto a los Combustibles. Otro caso, por Bienes Personales Bienes personales se vienen recaudando, a septiembre, 292 mil millones. Y todos estos son impuestos aparte que, además, también los pagan directa o indirectamente muchos de los que ya pagan Ganancias.
Luego hay cuestiones más de sentido común por las cuales es llamativo que haya un sector que no pague Ganancias. Un caso, el IVA impositivo, que por la inflación y el consumo siempre crece exponencialmente, recaudó en septiembre 361 mil millones de pesos. Es el mayor aportante a la recaudación de AFIP, pero ese tributo lo pagan, sin distinción de condición ni ingresos todos los argentinos. No tiene progresividad. Y allí entran incluso las personas en situación de indigencia.
Además, según datos que maneja la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), lo que no se recauda por Ganancias a jueces puede compararse con gastos directos. Por ejemplo, ese dinero es 4 veces lo que Desarrollo Social invertirá en 2023 en políticas alimentarias de comedores escolares y merenderos. También, la plata alcanza para pagar 4,5 Ministerios de la Mujer con su Presupuesto completo.
Un debate extenso e injusto
Casaretto reiteró que la exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial «significa un costo de 238.000 millones de pesos para el año que viene», y que la discusión en torno de la «intangibilidad» de los ingresos de los magistrados «viene desde hace 90 años», cuando en 1932 se aprobó el impuesto a los Réditos.
Por entonces, «la Corte Suprema interpretó que todos tenían que pagarlo menos ellos», recordó, además de señalar que «ese impuesto fue cambiado por el de Ganancias en la década de los ’70 y en la de los ’90 se eliminó la exención para los jueces».
No obstante, nuevamente «la Corte, encabezada por Julio Nazareno en 1996, volvió a disponer que todo el mundo pagara Ganancias menos ellos», indicó, en tanto «a partir de 2016, se aceptó que pagaran Ganancias los jueces que entraran de 2017 en adelante, pero no los que estaban hasta esta fecha».
En esa línea, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal ACIJ dijo que incluso «después de 2017 hay un monton de cautelares que les han impedido cobrar Ganancias. Por eso es interesante que este tema se debata en el Congreso y en el marco del Presupuesto, lo que no tengo claro es cómo lo van a implementar». Para la especialista, «estamos ante una historia injusta». Es que al día de hoy hay sólo tres sectores económicamente activos que no pagan Ganancias: los ciudadanos que viven en país y con la renta obtenida compran o venden acciones y títulos (un agujero negro del que hay muy pocos datos pero que en volúmen no es representativo), el Poder Judicial y también el Régimen de Mineras, cuya excención para el 2023 es más grande que todo el Presupuesto del Ministerio de Ambiente. Luego están los rubros a proteger, como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas.
Los sueldos, en el eje de la discusión
Un trabajo reciente de ACIJ titulado «No hay transparencia en los salarios del sistema judicial» detalla cuáles son los sueldos del Poder Judicial. Explican que si bien esa información es de acceso público y está en los sitios web de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, hay cuestiones a tener en cuenta.
Según ACIJ faltan allí «varios suplementos» que están en los recibos de sueldos entre los que se incluyen “cargo funcional c/ bonificación título”, “permanencia categoría”, “antigüedad en el título” y “diferencia suplementaria bonificación”. Así, concluyen que esos puntos generarían una diferencia de hasta 50 por ciento entre el salario publicado y el real.
Ejemplifican algunos casos: si un magistrado de primera instancia figura como cobrando en mano $625.286,48, en la realidad el promedio de quienes están en ese cargo cobran alrededor de $1.000.000. Y cuando subrogan otro juzgado lo que reciben en mano es alrededor de $1.300.000.
En el caso de las juezas, fiscales o defensores de Cámara figura una escala salarial de $796.000 «pero en la práctica el promedio que perciben neto (libre de cualquier retención o impuesto) es de alrededor de $1.300.000». Con una subrogancia se alcanzan casi $1.700.000 pesos mensuales en mano. El sueldo publicado de las y los jueces de Cámara de Casación es de $, pero cobrarían en promedio alrededor de casi $900.00 pesos.
Por último, ACIJ destaca que sobre los sueldos en mano de jueces y juezas de la Corte Suprema no hay información precisa. «Lo que podemos afirmar es que, conforme lo que figura en la página del Alto Tribunal, el básico de $963.581 es muy inferior al real, ya que dependiendo de la edad y antigüedad en el cargo el sueldo total rondaría entre $1.700.000 y $2.400.000».
