La fiscal a cargo de la causa por torturas a dos presos fue cuestionada por familiares y vecinos de los involucrados.

Ocho policías de la ciudad de Sunchales- entre ellos los dos jefes de la comisaría del lugar -permanecerán detenidos hasta el próximo sábado acusados de torturas a dos hermanos que habían sido detenidos, lo que derivó en el cierre momentáneo de la seccional por orden de la fiscal Gabriela Lema, quien además dispuso arrestar a la dotación que estaba de turno el jueves pasado y suspender la actividad en la seccional, que motivó incluso la movilización de familiares de los miembros de la fuerza de seguridad y de vecinos. Ayer se conoció que varios de los uniformados más complicados en la acusación se cambiaron sus uniformes para limpiar sus responsabilidad en las torturas al que sometieron a los hermanos detenidos después de una denuncia por una balacera.

La investigación se inició luego de que familiares de dos detenidos por un tiroteo, denunciaron que habían sido golpeados en la seccional 3ª de Sunchales. El herido más grave tuvo que ser asistido de urgencia, tras sufrir el corte de la vena yugular luego de impactar con su cuello en el vidrio de una ventana, mientras la policía aseguró que se lanzó solo contra la abertura para culpar a los policías. La fiscal sospecha que en verdad fue arrojado por alguno de los uniformados. Este hombre está internado en estado grave como consecuencia de las heridas, mientras que el restante tiene fractura de cráneo.

El viernes pasado, la fiscal allanó la comisaría en un procedimiento que se extendió por seis horas y como resultado de la investigación solicitó la detención de dos policías que prestaban servicio allí. Con el correr de las horas, la fiscal ordenó la detención de otros seis miembros de la fuerza de seguridad, entre ellos el jefe y subjefe de la seccional. Como consecuencia de la decisión de mantener cerrado el inmueble para preservar la escena del hecho denunciado, las actividades de la comisaría se trasladaron a una casilla rodante.

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Según medios locales, durante la manifestación de vecinos se reclamó la liberación de los policías implicados en la investigación por presuntas torturas y la reapertura del edificio oficial. «Señora fiscal, recuerde que son inocentes hasta que usted demuestre lo contrario», decía una de las consignas con las que se convocó a la marcha.

Mientras que el MPA indicó que «de acuerdo a las evidencias recolectadas hasta el momento, la calificación provisoria por la que se investiga el hecho es el delito de tortura». A través de un comunicado agregó que «en virtud de la complejidad del caso y de la pluralidad de imputados se solicitó la duplicidad de los plazos (para realizar la audiencia imputativa), la cual ya fue ordenada por el juez de turno». Así, el plazo vencerá el próximo sábado, antes del cual deberá realizarse la audiencia de las ocho personas detenidas.

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