Trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron este martes que ya son más de cien los despidos que se produjeron en ese sector en las últimas semanas. Este lunes, el Gobierno porteño comunicó la baja de 35 contratos iniciados durante la pandemia en el Hospital Ramos Mejía, que se suman a otros 65 casos denunciados la semana pasada en el Hospital Durand. También hay bajas en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) y en el Hospital Rivadavia. Los despidos recaen en su mayoría sobre el personal de enfermería, que viene denunciando las condiciones precarias en que realizan su trabajo a raíz del no reconocimiento de su carrera en la ley que regula el escalafón profesional de los hospitales porteños.
«Los usaron en la pandemia y ahora los descartan»
«Vienen listas de bajas de los diferentes hospitales y ya están superando los cien compañeros y compañeras. Vienen con todo, están dejando afuera a las enfermeras que se han bancado todo durante la pandemia», señaló a Página/12 Héctor Ortiz, referente de la Agrupación Hospitales de ATE – Capital y delegado del Hospital Durand y el Pedro de Elizalde. Por la mañana del martes se realizó una protesta a las puertas del Hospital Ramos Mejía. «Esta semana nos enteramos de que 35 compañeros van a ser desafectados«, contó a este diario Luis Ledesma, delegado de ATE de ese hospital. Además de reclamar contra los 35 despidos, desde el cuerpo de delegados de Sutecba, en tanto, también pidieron «aumento de plus sanitario y guardias técnicas«.
«La gente se tiene que enterar de lo que está haciendo el GCBA con los que en algún momento ellos mismos dijeron que eran esenciales para el sistema de salud», dijo Ledesma en este sentido. El delegado sostuvo que «usaron compañeros para que estuvieran en la primera linea durante la pandemia y ahora los descartan«. «Fueron todos imprescindibles frente a la pandemia y hoy el Gobierno les paga con esta moneda y los deja en la calle, sin trabajo», agregó Ledesma.
Como viene ocurriendo desde principios de 2022, la mayor parte de las bajas las sufren aquellos enfermeros y enfermeras que fueron contratados en situaciones precarias durante la pandemia. «El plan de ceses iba hacia 2500 compañeros pero pudimos lograr frenar 1200 casos. Van por 1300 más, lamentablemente Larreta quiere dejar afuera a 1300 familias», aseguró Ledesma, que recordó que la semana pasada ya se habían producido 65 bajas en el Hospital Durand. Según recabó ATE, el resto de los despidos de estas semanas se produjeron en el Lagleyze, con ocho casos, en el IREP, con once, y en el Rivadavia, con cuatro.
«La mayor parte son compañeras mujeres, en muchos casos sostenes de familia que se quedan en la calle y sin obra social», apuntó el delegado, que consideró que los despidos se hacen a «cuentagotas» para que «no se note y que la sociedad no vea que Larreta está eliminando a todos los trabajadores que fueron esenciales«. Andrea Ramírez, enfermera del Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), coincidió en señalar que “la mayoría de las despedidas son mujeres, jefas de familia, con un único trabajo».
«Despedir enfermeras y enfermeros con capacitación, con entrenamiento profesional práctico en medio de la pandemia, que se jugaron todo, habiendo la necesidad que hay de fortalecer los servicios, es debilitar el sistema de salud. A la vez, con las historias de vida que existen detrás de cada despido, es una insensibilidad total”, indicó Ramírez, quien subrayó que los despidos «se informan oralmente, no dan mayores explicaciones, y por lo tanto el destrato y violencia institucional es enorme«.
Por el reconocimiento profesional
Hace unas semanas, el sector de enfermería denunció en una audiencia realizada en la Legislatura porteña la «violencia estatal y laboral» que sufren por parte del Gobierno porteño a raíz del no reconocimiento de la carrera profesional en la cuestionada Ley 6.035, que en 2018 estableció el escalafón profesional que rige sobre los hospitales porteños, dejando afuera a la enfermería. Como consecuencia, además de cobrar menos de la mitad de lo que cobrarían si la carrera fuera incluida en el escalafón, sin el reconocimiento los enfermeros y enfermeras dependen en gran parte de contrataciones temporales y precarias para poder conseguir trabajo.
Además, la disparidad en el reconocimiento trae aparejada otras inequidades de derechos. Los enfermeros y enfermeras no pueden realizar actividades de capacitación ni de investigación en horario de servicio, ni participar en jornadas o concursos interdisciplinarios. El sector de enfermería tampoco puede concursar para cargos directivos de centros de salud, pese a tener, en muchos casos, formación universitaria al igual que las 24 profesiones que sí están reconocidas por la 6.035.
A fines de abril de este año, la ALE anunció que había conseguido juntar más de 50 mil firmas de apoyo a la Iniciativa Popular que propone la inclusión de la carrera a la ley, más de las adhesiones necesarias para que la Legislatura esté obligada a tratar el proyecto. Por el momento las firmas continúan en la instancia de evaluación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
Con respecto a los últimos despidos, Ramírez indicó que “estamos completando un relevamiento hospital por hospital y recibiendo a las compañeras y compañeros para analizar cada caso y tener un panorama completo». Desde la ALE informaron, además, que esta semana resolverán nuevas medidas de fuerza, tras la marcha de antorchas realizada el mes pasado en el marco del Día Internacional de la Enfermería.
