La expulsión del secretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, por decisión de una mayoría de los cortesanos, ya tuvo sus primeros efectos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Su titular, Carolina Gaillard, intimó al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, para que le envíe en 24 horas todos los informes, auditorías y recomendaciones referidos a la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) que le había entregado el contador, y que es uno de los ejes del proceso de remoción. La diputada del Frente de Todos invocó el voto en disidencia del supremo Ricardo Lorenzetti, que afirmó que buena parte de la información clave sobre los desmanejos en el sistema de salud judicial había sido ocultada por sus colegas y que el desplazamiento del funcionario era una represalia por haber planteado el miércoles último que todo el material que él entregó -cerca de 19 mil fojas digitalizadas y algunos escritos impresos- debía ser enviado al Congreso.
Marchi, un hombre muy cercano a Lorenzetti que llegó al tribunal con él a fines de 2003, fue citado para declarar como testigo ante la Comisión en la reunión del martes próximo. Su testimonio podría ser muy relevante por la información que maneja y por los datos que su propia dependencia recolectó. Los jueces que conforman la actual mayoría de la Corte, Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, venían elaborando una estrategia para recortarle funciones, a modo de amenaza por su inminente declaración. Al final, directamente decidieron mandarlo a la Cámara de la Seguridad Social, y desarmaron su secretaría. Crearon una Secretaría Jurídica, una separada de Administración y una Dirección de Control Interno, con excusas de reorganización y cuestiones administrativas. Pusieron a dos secretarios históricos. Marchi se pidió una licencia.
El oficio enviado por la diputada Gaillard señala que si bien la Corte tenía plazo hasta el 26 de abril para mandar la documentación, al leer el voto en minoría de Lorenzetti y ante el apartamiento del secretario apenas después de elevar toda la información a Rosatti, evaluó que es necesario «preservar la prueba», que podría estar en riesgo. Además afirma que la disidencia del juez «revelaría aspectos, a priori, irregulares, y que aluden a hechos que son parte del juicio político». En concreto le solicita: los informes del directorio de la OSPJN y de la Secretaría de Administración; también las recomendaciones que el propio Marchi dijo haber hecho (señaló que fueron 30) de acuerdo a «sus facultades de supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médica, de asistencia social y del «estado económico financiero»; y le exigen a Rosatti que explique por qué tres de los cuatro informes no fueron publicados como habían hecho con el primero.
Lorenzetti acusó a sus pares de haberse apartado de «los principios jurídicos de la Corte y del Derecho», además de generar «inestabilidad en las instituciones», al deshacer una estructura aprobada en 2015 que, según él, estaba pensada para reducir gastos. Insistió en que «desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley». Advirtió que el mecanismo de control establecido es engañoso porque debería ser «externo» y no delegarlo en secretarios de confianza, un modo de que el control quede a cargo de «los controlados».
Aunque en un comienzo parecía que las responsabilidades sobre la Obra Social quedarían enfocadas en el directorio y en Maqueda –que tenía a cargo su supervisión– la Comisión de Juicio Político entrevé responsabilidades de todos los miembros del tribunal en el asunto. Sin ir más lejos, todo los documentos y evaluaciones que mantuvo ocultos contienen descripción de irregularidades, incluso recientes, que estuvieron en conocimiento de todos, pero nadie hizo nada. El que se anticipó a advertir eso fue Lorenzetti, que lo dejó dicho en varios votos y en una publicación en el Centro de Información Judicial (CIJ), el portal del Poder Judicial. La guerra interna en la Corte es extrema, y recrudece a medida que avanza el juicio político.
El primer diagnóstico que hizo Marchi sobre la OSPJN en 2021 fue dado a publicidad. Se refería al período en que la dirección estaba a cargo de Aldo Tonón, quien tuvo que renunciar. Revelaba la concentración de decisiones, vulnerabilidad del sistema informático, pérdida de información, entre otras cosas. Pero después hubo tres informes más donde quedaban en evidencia la falta de balances, de presupuesto, de sistema contable, incluso hasta hoy. Los documentos incluyen datos escandalosos: se perdieron 30 mil medicamentos por 80 millones de pesos; hubo compra directa de remedios por 400 millones de pesos mensuales; algunos proveedores elegidos a dedo recibieron pagos con aumentos del 500 por ciento; la OSPJN tiene dinero de los afiliados en el Banco Nación y el Banco Ciudad, pero la falta de inversión en plazo fijo llevó a que se perdieran 3 mil millones de pesos en seis meses; no se hacen licitaciones: el traslado en ambulancia, la atención de emergencia y a domicilio se pagan directo a una empresa elegida a dedo por más de 20 millones al mes.
