La legislatura sancionó la ley que establece emergencias en diversas áreas, autoriza endeudamientos por $ 74 mil y crea un Fondo para obras municipales por $ 2 mil millones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, creó un fondo similar al de Infraestructura Municipal (FIM), creado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que repartirá, según el índice único de coparticipación, $ 2 mil millones entre los 135 municipios para la realización de obras de infraestructura.

El dialogo y el consenso alcanzada en ambos recintos legislativo fue festejado por las fuerzas políticas que tiene representación parlamentaria. El oficialismo tuvo que bajar sus pretensiones, relativas a cierta delegación de poderes del legislativo al Ejecutivo, y los opositores de JpC, accedieron a acompaña la Ley «ómnibus», que comprendía las emergencias, pero también una solicitud de endeudamiento por unos 74 mil millones de pesos, una prórroga del Presupuesto General hasta el 15 de abril de 2020 y la creación del Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura.

El término de la jornada, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, admitió que hubo «diálogo» entre el gobernador Kicillof y su antecesora María Eugenia Vidal en el marco de la negociación que terminó en la sanción de la Ley de marras.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el lomense Federico Otermín aseguró que «fue una semana de trabajo muy arduo, debatimos y logramos un amplio consenso» y agregó «es muy sano en términos democráticos lo que se ha conseguido, tuvimos un ida y vuelta muy enriquecedor con los diputados de los diferentes bloques».

En rigor, el apoyo de la principal fuerza opositora, JpC, en ambos recintos, llegó a través de lo que muchos imaginan será una constante en este nuevo tiempo; acompañamientos en general con fuertes críticas a las pretensiones del oficialismo y la abstención en la votación en particular para permitir la imposición de la voluntad de la alianza del gobierno.

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«Nuestro mensaje es claro», dijo el presidente del bloque de diputado de JpC Maxi Abad y detalló «no vamos a avalar superpoderes para manejos discrecionales de recursos»; en el mismo sentido se expresó el senador Roberto Costa que además agregó «no vamos a permitir que se manipulen datos en beneficio de un discurso político como lo pretenden hacer desde el gobierno provincial».

Así, la legislatura cerró su primer capítulo con cierta conformidad entre las partes, mientras se prepara para un segundo capítulo donde se deberá abordar la ley Impositiva, que se estima con fuerte subas de tributos allí regulados; la nueva integración del Directorio del Banco Provincia, resta prestar acuerdo a 4 nuevos integrantes, y la conformación de las ternas para la designación del Tesorero General y el Subtesorero.

Emergencias

Además de extender, por un año, prorrogable por un año más, las tres emergencias vigentes desde la gestión de la gobernadora Vidal en materia de Seguridad pública, política y salud penitenciaria; Infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; y Administrativa y tecnológica; la norma sancionada establece otras 4 emergencias.

Se dispone que el gobierno deberá crear un programa de emergencia dirigido para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Pequeños y Medianos Productores, para que se fomente el mantenimiento y la generación de empleo.

En materia de Emergencia Social, el Ejecutivo provincial podrá llevar adelante las medidas dictadas en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional sancionada por el Congreso Nacional.

En lo que respecta a la educación se creará el «Programa Especial de Emergencia Educativa» (PEED), destinado al financiamiento de obras de urgencia en materia de infraestructura educativa y gastos derivados para el funcionamiento y mantenimiento de establecimientos educativos de gestión estatal, incluyendo la adquisición y contrataciones de obras, bienes y servicios que resulten esenciales.

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Desde el Ministerio de Salud bonaerense se garantizará el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades y centros de atención, como así también y en especial, con relación a los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud.

Uno de los artículos principales de la Emergencia Energética dispone la suspensión de todos los aumentos tarifarios a partir del 1 de enero de 2020, en materia de servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción provincial, por el plazo de ciento ochenta días, prorrogables mientras se mantenga el estado de emergencia energética.

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