Modificación del monotributo para el acceso de trabajadores de la economía popular
Más de tres millones de trabajadores de la economía popular podrán ser formalizados a través de un nuevo proyecto de modificación del monotributo.
Los datos oficiales y la historia argentina reciente muestran que la generación de puestos de trabajo formales responde a un ritmo menor que la recuperación de la actividad económica y dentro de la economía popular ya existen mas de 3 millones de puestos de trabajo que precisan ser formalizados así como iniciativas que precisan ser estimuladas. En este marco, el gobierno presentará en las próximas horas un proyecto de ley de reforma del monotributo que crea incentivos para incluir a trabajadores no registrados y les permite acceder a derechos como jubilación y cobertura de salud.
La propuesta, abordada principalmente para fomentar el desarrollo de la economía popular, se complementa con líneas de crédito para proyectos productivos de la economía popular y un programa para garantizar el acceso preferencial a compras gubernamentales.
La decisión terminó de tomar forma en la Casa Rosada, tras una reunión en la que los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del Inaes, Alexander Roig le presentaron al presidente y a su jefe de gabinete el proyecto. Contempla tres ejes para fomentar el desarrollo de una economía que se convierte cada vez más en un actor clave en la recuperación económica.
El régimen puente, tal como lo denominan en el gobierno, implicará una reforma del régimen de monotributo actual y el reemplazo del monotributo social y promovido, un mecanismo creado hace más de diez años que buscaba incluir a trabajadores marginales en el mercado formal de trabajo, que falló en su objetivo debido a la rigidez de sus reglas. Contempla cuatro años de reducción de las obligaciones mensuales que deben pagar los y las monotributistas: el componente impositivo, jubilación y salud.
Beneficios
Los monotributistas con ingresos más bajos- A, B y C- que facturan hasta 770.000 pesos al año lo que equivale a alrededor de 64 mil mensuales, no deberán pagar más, en forma permanente, el componente impositivo, que significa una suma de entre 228 y 700 pesos todos los meses, según la categoría. Son actualmente 1,9 millones de monotributistas alcanzados por la medida, a los que se le sumarán los y las que se registren en este tiempo. Tampoco pagarán el componente previsional de alrededor de mil pesos durante el primer y segundo año una vez comenzado el régimen, y abonarán la mitad el tercer y cuarto año.
Los monotributistas nuevos que facturen 1 millón de pesos anuales o más – categorías D a K-, contarán con un beneficio de pago progresivo en ambos componentes. No pagarán el impositivo, de entre mil y 15 mil pesos mensuales dependiendo la categoría, durante los primeros dos años. En el tercer año deberán hacerse cargo del 50 por ciento, y del 75 por ciento en el cuarto año del régimen. Las y los monotributistas de estas categorías tampoco pagarán el componente previsional, de entre 1.300 y 2.600 pesos por mes, durante el primer año. En el segundo año aportarán un 25 por ciento, el tercero 50 por ciento y el cuarto 75 por ciento.
Con respecto a las prestaciones de salud, los y las nuevas monotributistas no aportarán a una obra social, sino que podrán ser beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de programas nacionales del Ministerio de Salud al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria. De esta manera quedarán eximidos de pagar los 1.408 pesos mensuales que representa el mayor componente del pago para las categorías más bajas. Quienes están ya en el sistema podrán optar entre seguir en la obra social o tomar el plan que diseñará el Estado.
Una vez pasados cuatro años a partir de la adhesión, los beneficios se terminarán para las categorías más altas – D a K-. Las categorías de ingresos más bajos seguirán eximidos de pagar el componente impositivo del impuesto pero deberán pagar el previsional. Para la cobertura de salud podrán optar entre seguir con la cobertura ofrecida por el Ministerio de Salud, o bien pasar a una obra social.
Todos los beneficios estarán disponibles para monotributistas «puros», es decir que no cuenten con otro trabajo en relación de dependencia o reciban jubilación y los nuevos monotributistas así como aquellos que se registraron durante la pandemia, desde el 20 de marzo del 2020, sin importar su categoría. Además, implementarán sanciones para quienes estén indebidamente categorizados.
Créditos
Con el diagnóstico de que gran parte de la población no es hoy sujeto de crédito, la iniciativa propone facilitar el financiamiento para proyectos productivos de la economía popular y lanzar un programa de preferencia en las compras gubernamentales para el sector.
Para el primer objetivo crearán el Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario que otorgará créditos productivos con bonificación de tasas y que se conformará como un fideicomiso de administración, inversión y garantía con aportes del Tesoro, las provincias, organismos públicos, privados y multilaterales y recursos provenientes del propio Fondo (recupero de los créditos y rendimiento de las inversiones).
Desde el gobierno estiman que podría alcanzar los 10.000 millones de pesos. Además, conformará el Fondo Fiduciario Productivo y Social en la que INAES y entidades que agrupen a mutuales, cooperativas y trabajadoras de la economía popular administrarán el fondo con los objetivos de otorgar créditos productivos con tasas subsidiadas y fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala. Los bancos también estarán obligados a destinar un mínimo del 1,5 por ciento de la responsabilidad patrimonial computable al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social.
Para incentivar la prestación de servicios que contrata el Estado por parte de la economía popular, el proyecto velará por la reducción de requisitos para participación de compras gubernamentales, sobre todo con menos garantías requeridas para la participación y la implementación de esquema de preferencias de precios de hasta 5 por ciento por sobre pymes nacionales y hasta 25 por ciento por sobre empresas extranjeras.
