El aniversario de #NiUnaMenos siempre es un buen momento para reflexionar y poner en cuestión el paradigma desde el cual se aborda la violencia de género en nuestro país y fundamentalmente en nuestra Ciudad. Me refiero al paradigma securitario desde el cual se vienen proponiendo las que implican un control cada vez mayor sobre los cuerpos de las mujeres y el colectivo travesti trans. Este paradigma es el mismo con el que  se han pensado las políticas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y otras problemáticas y que construye un concepto sobre la seguridad que es cómo mínimo problemático para las feminidades. Aquí cabe preguntarse entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

Cuando se aborda el tema de la seguridad, generalmente se piensa en delitos y jóvenes de los sectores populares como quienes los protagonizan, lo que coloca en el centro a la cuestión punitiva como estrategia hegemónica para intervenir sobre la problemática. Además, tanto los debates públicos sobre inseguridad como las políticas públicas que se implementan se basan en indicadores que limitan la definición de la violencia a tipologías delictivas que por lo general excluyen la percepción de las mujeres y las violencias que se ejercen sobre nosotras. Por ejemplo, sigue primando la idea de la violencia contra las mujeres como un asunto privado, limitando la capacidad de comprensión de los factores sociales, económicos y culturales que la determinan.

Este paradigma y sus discriminaciones de origen se ponen de manifiesto especialmente cuando pensamos la cuestión de la seguridad en el espacio público. Si bien la seguridad ciudadana es un problema que afecta a toda la población, las mujeres, lesbianas e identidades trans experimentan los problemas de seguridad de una manera distinta a los varones. Esa diferencia es resultante de la construcción social de roles de género y de la relegación tradicional de las mujeres al ámbito privado en base a la división sexual del trabajo y la exclusión de las mujeres de las dinámicas del espacio público y el poder. El espacio público y el diseño de la ciudad responden mayormente a patrones masculinos, excluyendo la forma de percibir y experimentar la seguridad/inseguridad de las mujeres en esos contextos. En la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres están expuestas a prácticas machistas que son una extensión de las que se vivencian en el ámbito privado. El acoso callejero, el abuso sexual y la violencia contra las disidencias sexuales son los principales problemas que ocurren en este ámbito.

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Recientemente se ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de género en política de seguridad abordada a través de enfoque de “Ciudades Seguras”, tenemos legislación frondosa tanto internacional como nacional sobre este tema y en la ciudad de Buenos Aires se sancionó hace muy poco una ley contra el acoso callejero y una nueva Ley de Seguridad Pública que incorpora las perspectiva de género en lo que hace a las medidas de protección judicial, además de enunciar también criterios de igualdad de género al interior de la policía. Sin embargo, la gestión de CABA tiene una política restrictiva del espacio público basada en la noción del orden sobre el cual genera una persecución selectiva contra quienes no sean blancos, cis, o sean pobres. Y esa persecución genera una división entre qué cuerpos son deseables o aceptables en el espacio público y cuáles se constituyen como corporalidades amenazantes.

La incorporación de la perspectiva de género en la promoción y protección de la seguridad implica incorporar criterios diferenciadores de análisis de las amenazas existentes para proveer respuestas de acuerdo a los derechos y prioridades de las mujeres, lesbianas e identidades trans. Actualmente las mujeres e identidades feminizadas suelen estar excluidas de la discusión, formulación e implementación de políticas y programas de seguridad. La falta de espacios para la participación de las mujeres e identidades travesti trans en la política de seguridad se combina con la excesiva masculinización de los ámbitos de decisión y aplicación de la política de seguridad como ser las fuerzas de seguridad, las áreas ejecutivas (Ministerio de Seguridad) y el poder judicial. Esto se debe a que la seguridad es todavía un área considerada “de varones” frente a tareas más feminizadas como el cuidado, la asistencia y la educación donde las mujeres suelen acceder con mayor facilidad a roles públicos.

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El desafío es entonces romper el actual paradigma securitario. Buscar la integralidad y construir otro paradigma de gestión que vaya en contra de la victimización y el control, y aborde la violencia desde sus dimensiones estructurales. Es por eso que cuando hablamos de seguridad, es indisociable hablar también de derechos vulnerados e incluir en el debate la posibilidad de una reforma judicial con perspectiva de género. Desandar los caminos de percibir a les otres como una amenaza es fundamental para poder pensar en serio la democratización del espacio público y un paradigma de abordaje integral de las violencias que no ponga a la policía y al sistema penal como la única forma de dirimir los conflictos sociales. Para poder decir #NiUnaMenos, necesitamos mucho más que tobilleras y perimetrales. Necesitamos hacer lugar a la voz de las mujeres e identidades travesti trans en función de sus experiencias para habitar el espacio de lo público con todos los derechos garantizados y construir políticas integrales que operen sobre los factores económicos y culturales que consolidan las violencias.

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