El sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó ayer un paro de 24 horas en demanda paritarias, el rechazo de despidos en el sector y el reclamo de salarios adeudados que afectó a 80 líneas de colectivos del recorrido interurbano con cabecera en la Ciudad de Buenos Aires y que se extendió a distintas ciudades del interior del país. La medida de fuerza que afecto el traslado de miles de usuarios y complicó el funcionamiento del resto del transporte público fue dispuesta por la Agrupación Juan Manuel Palacios que encabeza Miguel Bustinduy, enfrentada a la conducción de gremio en manos de Roberto Fernández.
“Estamos en una situación muy complicada, en un estado de precarización total, con salarios que han quedado congelados desde hace más de tres meses, en Capital Federal y especialmente en el interior del país. Se lo hemos planteado a la Secretaría de Transporte pero lamentablemente no hay solución”, dijo Bustinduy en declaraciones a la agencia oficial Telam.
Bustinduy sostuvo ayer que la medida de fuerza tuvo «una importante adhesión, con un alto índice de acatamiento” y ratificó que están “dispuestos siempre al diálogo y esperamos respuestas”. «Somos esenciales. Somos choferes y tenemos que llevar a los trabajadores a sus lugares de trabajo pero no cobramos», explicó el gremialista y remarcó que la huelga «no es contra el Gobierno nacional porque sabemos de todos los esfuerzo que hacen con los subsidios y el ATP».
Aunque en el sector disidente descartaron que la medida de fuerza responda a una «interna gremial» entre los sectores gremiales en pugna dentro de la UTA, la disputa está vigente. «Estamos cansados de las malas decisiones que toma la cúpula de la UTA, y que no defienda realmente al trabajador, por eso resolvimos no salir a la calle. Las condiciones en las que trabajamos son pésimas, sueldos mal liquidados, el gremio cierra unas paritarias tan malas que la inflación se las comió», expresó Juan Mastromarino, otro referente de la agrupación opositora, y agregó que “analizaremos entre los compañeros si continuamos con la medida en los próximos días».
Desde la conducción oficial del gremio salieron a responderle al sector que los cuestiona. “La UTA no convocó a una medida de fuerza. El paro es impulsado por una corriente disidente a la conducción nacional del gremio», precisó el titular del sindicato, Roberto Fernández, y puso en duda el alcance del paro: “la medida de fuerza se lleva a cabo en algunas líneas del grupo DOTA, no en todas», y citó como ejemplo a la línea 60, cuyos servicios -dijo- «operó normalmente».
Fernández no dudó en atacar duramente a los disidentes. «Quienes realizaron la convocatoria a un paro son los mismos que el pasado 16 de diciembre asaltaron violentamente la sede gremial nacional donde además de poner en peligro la vida de empleados y dirigentes, generaron destrozos en el edificio y cuyas imágenes fueron reproducidas por varios noticieros», recordó el titular de la UTA. La toma y la protesta se produjo cunado el oficialismo sindical impugnó a la lista de la agrupación JMP para las elecciones por la conducción del gremio.
Según el titular de la UTA, el paro «obedece a los desacuerdos del grupo DOTA con el Ministerio de Transporte», cuyo titular es Mario Meoni. El jueves por la noche, cuando el sector disidente lanzó el paro, la UTA emitió un comunicado en el que rechazó «las acciones de carácter sindical que promueve una agrupación ligada a un holding empresario, que no tiene representatividad legal».
La frase apunta a la situación de la línea 141, que estuvo durante gran parte de la pandemia sin funcionar debido al reclamo de los trabajadores por falta de pagos y cuya licitación del recorrido a un nuevo operador está frenada en medio de denuncias cruzadas. Hasta el momento, desde el Ministerio de Transporte le había negado la concesión al grupo Dota (donde es fuerte la agrupación de Bustinduy). Pero desde la UTA no hicieron referencia a los reclamos gremiales que esgrimieron los disidente que llevaron a un sector del gremio al paro.
