El otorgamiento del beneficio de prisiones domiciliaria, ante la posibilidad real de que las cárceles se conviertan en fuentes de contagio de coronavirus, es potestad exclusiva de jueces y camaristas. Sin embargo, este hecho continúa siendo sobredimensionado y aprovechado políticamente por el ala más dura de Juntos por el Cambio para cuestionar al gobierno nacional. El cacerolazo del jueves por la noche se inscribió en esa línea. De todas formas, esta compleja situación generó en algunos dirigentes oficialistas preocupación y rechazo a la aplicación de este beneficio para casos de delitos graves.
El secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, buscó echar luz sobre esta polémica al afirmar que la Argentina «está por debajo de la media de las liberaciones de presos del mundo» pero además consideró que «se ataca al Gobierno por decisiones que son de los jueces».
Sobre esta afirmación los ejemplos son numerosos. Por caso, el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó que el Gobierno «no mire para otro lado» y se responsabilice de la situación que, según entiende se generó tras el pedido de «libertad indiscriminada para corruptos confesos». Es más, afirmó que «la utilización de la pandemia para la liberación sin control de condenados por delitos graves como narcotráfico, abusos, violaciones, es indignante y es un insulto a las víctimas».
Otro ejemplo lo protagonizó el exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien escribió un tuit donde sostiene que «hay espacio en Campo de Mayo como para que los presos tengan suficiente distanciamiento social y ya de paso hacen un curso de Colimba para la reinserción social».
En contraposición a estos casos, el senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli dijo que «a nadie le gusta la impunidad y por eso siempre rechazamos la manipulación del Poder Judicial o liberar a presos con delitos graves». Luego vinculó el cacerolazo a «una campaña mediática y política» en la que «hubo interés en tergiversar y mentirle a la sociedad». En la misma línea, el diputado nacional Leopoldo Moreau consideró que la controversia en torno al tema fue causada por «una campaña de falsas noticias y mentiras; inventaron que habían salido violadores y exageraron las cifras».
Por otra parte, los intendentes Alberto Descalzo de Ituzaingó, Lucas Ghi de Morón, Juan Zabaleta de Hurlingham y Gustavo Menéndez de Merlo, se reunieron con los representantes del distrito judicial de Morón al que pertenecen. El propósito fue «analizar las disposiciones sobre eventuales prisiones domiciliarias». Los representantes judiciales dieron cuenta de la situación carcerlaria de la zona y sobre el riesgo que puede provocar en el sistema de salud pública la proliferación de contagios en los penales. «Los jefes comunales expresamos nuestra preocupación acerca de que esas medidas no afecten la seguridad en cada uno de los municipios que integran el Departamento Judicial», aseguró Ghi y acordaron que las autoridades judiciales les informen cada una de las domiciliarias que se otorguen.
En tanto, la exjueza María Garrigós de Rébori, aseguró que las domiciliarias buscan «evitar una catástrofe» ya que las cárceles «no tienen instalaciones sanitarias para responder y no se puede condenar a muerte a los presos» y que «en el mundo entero están mandando a sus casas a todos los que puedan», aseguró.
