«Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Existen diversos estudios científicos que permiten comprobar que el uso de artículos y artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros afecta la calidad auditiva de la población, en particular, de los sectores más vulnerables de la sociedad», con estos argumentos, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto para prohibición de compra y uso de pirotecnia con ruido para todos los actos públicos organizados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Decreto 96/2019, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, invita a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a la normativa.
«Prohíbase la adquisición y uso por parte del Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, de artículos y de artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y/o espectáculos que organice», dice el primer artículo.
Quedan excluidos aquellos artificios pirotécnicos utilizados para emitir señales de auxilio, emergencia o lucha antigranizo, aquellos que sean de uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y los destinados al uso industrial o minero.
En esa dirección, ya muchos municipios bonaerenses habían aprobado ordenanzas para prohibir la pirotecnia, incluso ONGs de familiares de personas con trastornos autistas vienen luchando por una ley nacional.
Se busca que se impida el uso de aquellos artículos que producen ruidos de más de 84 decibeles. También se suman a esa pelea los defensores de los animales.
