Integrantes de Artesanos Unidos denunciaron que desde hace cuatro semanas no les permiten vender sus artesanías los domingos. Como parte de la presión, se sumó la militarización de la calle para expulsarlos definitivamente, advirtieron.

Desde hace cuatro domingos –mañana sería el quinto—, la calle Defensa, del 700 al 1000, ha cambiado bruscamente su aspecto tradicional, el que quieren ver desde siempre los porteños y los turistas, del interior del país o los que llegan de todos los rincones del mundo. Los metales, las cerámicas, las maderas, talladas, moldeadas por manos expertas, han sido desplazadas en forma abrupta por policías uniformados vestidos para la guerra, en un lugar donde siempre reinó la paz. Representantes de los cientos de artesanas y artesanos de La Feria de San Telmo, explicaron que se trata de “un conflicto” que les impide trabajar, como lo hacen desde hace décadas, en un sitio que es “un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad”. Denunciaron que están siendo “avasalladxs como consecuencia de la presión que ejercen los sectores más privilegiados de San Telmo, representados por los anticuarios”. Esa presión hace que el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, haya militarizado el paseo público para expulsarlos en forma definitiva.

Como respuesta, artesanos y artesanas vienen realizando una resistencia pacífica que consiste en ocupar las cuatro cuadras realizando espectáculos artisticos, música, baile y acciones directas para contrarrestar la persecución que están sufriendo. Además de las asambleas y acciones públicas que están realizando para impedir el desalojo, los Artesanos Unidos de la Calle Defensa se han presentado ante la jueza Romina Tesone, a quien solicitaron el dictado de una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad respete su derecho a trabajar y los antecedentes que avalan su histórica presencia en el lugar.

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Haydée y Martín, integrantes de Artesanos Unidos, dijeron que el grupo está denunciando “las presiones que se están ejerciendo sobre los poderes represivos para desalojarnos, con la intención de utilizar posteriormente el mismo espacio donde hoy estamos nosotros”, con fines comerciales. En un comunicado, los artesanos señalaron que “este arbitrario proceso de marginación y disgregación intenta desplazarnos del lugar donde trabajamos cada domingo, y por ende nos arrebata la posibilidad de tener un ingreso económico a cientos de artesanxs que hace años venimos construyendo un espacio cultural que ya ha sido visitado por cientos de miles de turistas provenientes de todo el mundo”.

Los artesanos cuestionaron que el proyecto oficial incluya un acuerdo con la Cooperativa El Adoquín, algo que generó controversia entre los artesanos y los vendedores de productos gastronómicos, dos sectores que tienen legítimos derechos, que deberían contar, cada uno, con su lugar, sin entorpecer la actividad del otro. Este diario intentó hablar con Gabriela Olguín, de El Adoquín, pero el diálogo no fue posible, al menos por el momento. Los artesanos defienden su lugar histórico, en la calle Defensa, y consideran que los vendedores podrían trabajar en igual condición y sin problemas, sobre la calle Chile, a pocos metros unos de otros.

El acuerdo al que aluden los artesanos, les quitaría a ellos la posibilidad de seguir trabajando en las cuadras que van del 800 al 1000 de la calle Defensa. Los artesanos señalaron que lo que el gobierno busca con este acuerdo es “el atropello y la manipulación para que en definitiva terminemos confrontadxs entre nosotrxs”. Los artesanos señalaron que “de ningún modo” aceptarán “la usurpación de sus lugares de trabajo”. Por ese motivo “estamos denunciando un pacto cargado de vicios que no contempla las más básicas normas de respeto, dignidad y convivencia”.

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El problema central sigue siendo que, por cuatro domingos consecutivos, se ven “impedidxs de armar los puestos debido a los operativos que nos envía la fiscal premiada por la empresa Nike, Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35”. Precisaron que “los operativos consisten en procedimientos de control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y el cuerpo de Infantería”. El domingo pasado “fue el cuarto fin de semana consecutivo que no trabajamos, pero ante la imperiosa necesidad de hacerlo armamos los paños y fuimos reprimidos por la Infantería, que nos arrojó gases a pesar de haber hecho una resistencia pacífica y pese al inmenso caudal de turistas que pasaba por el lugar”.

Mañana volverán a reunirse sobre la calle Defensa “para seguir resistiendo y para pedir la igualdad de derechos, y la regularización y reconocimiento del espacio donde trabajamos como un paseo cultural que representa un espacio turístico que entre todxs lxs artesanxs supimos construir durante más de una década”. Una de las artesanas que no puede trabajar es Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Arruga.

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