Con los cortes del suministro eléctrico en los últimos días, retorna la discusión sobre la gestión de la prestación del servicio. ¿Para qué sirvieron los tarifazos en los últimos tres años? La opinión de dos analistas.

La tarifa de energía eléctrica de un usuario residencial se compone de tres partes, la generación, el transporte y la distribución. Esta cadena comienza cuando los generadores le venden la energía que producen a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista, quien luego la vende a las distribuidoras, quienes finalmente la venden a los usuarios. Por su parte, las transportadoras a través de una red de instalaciones de trasmisión prestan el servicio de transporte de energía eléctrica en Alta Tensión.

El transporte y la distribución son servicios públicos con tarifas reguladas que se examinan a través de Revisiones Tarifarias Integrales (RTI). En el caso de Edenor y Edesur, la regulación está en cabeza del ENRE y la Secretaría de Energía fija la política sectorial. En el resto de las distribuidoras dependen de los organismos provinciales.

La RTI define el Valor Agregado de Distribución (VAD) que se adiciona al precio de la energía mayorista que compran las distribuidoras. El VAD para un período dado, es distribuido entre los usuarios, y así se forma el cuadro tarifario. Los principales elementos a tener en cuenta son la proyección de demanda, la estimación de los costos operativos para atender esta demanda y como va a evolucionar la misma. Asimismo, se deberá definir la tasa de ganancia para establecer la remuneración de capital de las concesionarias y las proyecciones de inversiones. El precio que surge de la ecuación tarifaria es trasladado a los usuarios.

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El regulador es el responsable de fijar la calidad del servicio y las penalidades y multas en caso de no cumplir con el mismo. Por eso, el rol del ENRE en la discusión de la RTI y en el control de los estándares de calidad es central para garantizar un buen servicio.

El Régimen de la Energía Eléctrica establecido a través de la Ley Nº 24.065 y los respectivos contratos de concesión, indican que el abastecimiento de toda la demanda se debe garantizar realizando las inversiones necesarias, así como asegurando la energía necesaria. El objetivo de las RTI acordadas para el período 2016-2021 es alcanzar en el año 2021 los niveles de calidad observados en el periodo 2000 a 2003. Lo que es muy difícil, teniendo en cuenta el aumento de la demanda y la insuficiente inversión que realizaron las empresas, que no acompañó este crecimiento así como tampoco los cambios de hábitos que implican mayor utilización de la energía eléctrica.

En este marco, la Alianza Cambiemos nunca se propuso mejorar la calidad del servicio, su único objetivo fue bajar los subsidios en cabeza del Estado en el marco de un proyecto de ajuste que se agravó con la firma del acuerdo con el FMI. En 2015, el 14 por ciento de la tarifa era pagado por los usuarios y el 86 mediante subsidios fiscales. Se espera en 2019 revertir esta ecuación pasando la demanda a cubrir el 78 por ciento y el 22 restante, el Estado.

Todo dependerá del comportamiento de la macroeconomía. En 2018, el esfuerzo tarifario que se impuso en cabeza de los usuarios no generó el ahorro fiscal esperado por la devaluación, que terminó aumentando los subsidios a la energía (se incluyen todos los energéticos) que pagó el Estado en 4422 millones de pesos, según datos del IMIG presentado por Hacienda entre los ejercicios 2017 y 2018 ajustados.

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Las tarifas debían rediscutirse, pero el gobierno de la Alianza Cambiemos no puede trasladar los precios dolarizados a una población con salarios en pesos con caídas reales de casi 15 puntos en el último año en un contexto de recesión. La discusión debe ampliarse, no sólo al monto de las tarifas y quien lo paga, sino a la posibilidad de que una economía en pesos pueda pagar costos dolarizados. Es una discusión de fondo, de las que no le gusta dar al gobierno y con el desafío de mantener los incentivos que promuevan las inversiones.

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