En el marco de la progresiva instalación de la problemática de inseguridad como eje de campaña electoral de Cambiemos, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, atacó a los organismos de derechos humanos por sus críticas a las iniciativas del Gobierno como la baja de la edad de imputabilidad de los menores y el uso de las cuestionadas pistolas Taser. 

«Que se pongan del lado de una norma que dictó (Jorge) Videla, (Emilio) Massera y (Orlando) Agosti, y en contra de un proyecto que deberá discutir el Congreso elegido democráticamente nos pone en el absurdo», dijo Milman en diálogo con radio Continental, en referencia al proyecto oficial para modificar el régimen penal juvenil que acumula críticas de organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales y sectores de la Iglesia Católica.

En ese sentido, el funcionario explicó que la norma propuesta por el gobierno nacional «tiene más de 100 artículos, y uno solo habla de la edad, y el resto son un montón de medidas socioeducativas para tratar el problema». «Hay que repensar la situación y discutirla democráticamente. Decir que hacemos algo violatorio de los derechos humanos y pensar que el gobierno de los 80 tenía una mirada pro derechos humanos es absurdo», agregó. 

Por otro lado, Milman defendió también la compra que hará el Ministerio de Seguridad de 300 armas electrónicas tipo Taser que, en principio, serán usadas en aeropuertos y vagones de trenes. «Bien utilizadas tienen la opción que no generar daños irreparable de la vida. Jurídicamente han sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2016. Se utilizan en más de 40 países. Las opiniones de Hebe de Bonafini y de las organizaciones de derechos humanos nos ponen en el absurdo», insistió. 

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En rigor, la Corte Suprema no aprobó el uso de las pistolas Taser sino que desestimó «por prematuro» el recurso de queja contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que habilitó la compra de esas armas consideradas «no letales».

Además de Bonafini, también Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, expresó su «preocupación y alerta» sobre los últimos anuncios de política de seguridad realizados por el gobierno nacional, como la compra de armas tipo Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y advirtió que van «en detrimento de los derechos humanos».

Además, durante la última semana, diversos sectores de la Iglesia Católica, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires expresaron su rechazo a «cualquier intento» de bajar la edad de imputabilidad, y señalaron que la iniciativa es «demagogia punitiva» y tiene «fines electorales».

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