«Casa Pringles es una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo«, dijo Gabriela, una de las mujeres que este sábado sufrió el violento desalojo por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Pringles al 340. Ellas y sus hijos e hijas están ahora en hoteles a la espera de comenzar la mesa de trabajo prometida por el Gobierno porteño para este miércoles. Esperan soluciones concretas y reparadoras. El GCBA, que intentó rematar ese inmueble en siete ocasiones, asegura ahora que lo destinará, en cambio, a un «Centro para madres en situación de violencia de género».
Hace poco más de dos meses, días después de recibir la primera intimación de desalojo, Gabriela contaba a este diario que en Casa Pringles se vivía con «miedo constante a que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos». El temor se concretó este sábado por la madrugada. Así lo recuerda la mujer de 33 años que vivía allí con Isabella, su hija de 7: «Estábamos durmiendo con nuestros hijos y a las 5 de la mañana nos despertamos con las patadas en las puertas y los policías gritando ‘allanamiento, allanamiento‘», cuenta. En Pringles al 340, barrio de Almagro, hubo alrededor de cien policías y vallas que blindaron el acceso a la casa para quienes se acercaron a ayudar. El operativo terminó con seis personas detenidas que ya fueron liberadas.
A Gabriela la derivaron al Hotel México junto a su hija y a otra compañera. Las demás mujeres, que arrastran diversas situaciones de violencia y vulnerabilidad, fueron divididas en otros hoteles. Según denunció el Colectivo Yo no fui, se trata de «lugares diminutos y distantes en los que convivir es hacinarse y donde faltan elementos básicos como el agua caliente». Gabriela atiende a este diario desde la casa de una amiga a la que fue «a buscar cosas porque en el hotel no tenemos nada«. Sus pertenencias están en un depósito del GCBA: «Nos dijeron que tenemos un plazo de 30 días para sacarlas«, asegura.
El Colectivo hizo hincapié en un punto importante del conflicto: antes del desalojo habían comenzado a dialogar con la Dirección de Bienes, a cargo del inmueble, para buscar soluciones. «Nos desalojaron en medio de un proceso de diálogo y negociación abierta con Matías Vitale, director de Bienes, con quien acordamos la búsqueda de presupuestos para resolver la vivienda de cada una», advirtieron. «En la última reunión nos habían dado la alternativa de ser reubicadas en una o dos casas del GCBA declaradas ociosas. Se estaba armando una articulación para ver bien qué nos ofrecían y dejar el inmueble. Nos dijeron que el allanamiento no iba a pasar y nos mintieron«, agrega, por su parte, Gabriela. Tras el desalojo, el Gobierno porteño se comprometió a abrir una nueva mesa de trabajo el miércoles a las 12.30.
La vivienda en cuestión fue declarada «innecesaria para la gestión» en el año 2021, cuando el oficialismo aprobó en la Legislatura una ley que habilitó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a enajenar diversos inmuebles. Desde entonces el Banco Ciudad abrió siete subastas que quedaron desiertas y las mujeres recuperaron el lugar deshabitado para construir allí un sitio donde vivir de forma colectiva. Pero Casa Pringles no era sólo eso. «Había actividades culturales, un merendero, apoyo escolar y estábamos articulando con el Cesac para conseguir turnos para los chicos del merendero. Hicimos algo hermoso sin que nos pongan un peso, en una casa que recuperamos, donde construimos otras formas de vivir y ahora nos quieren despojar de eso. Pero no va a a pasar, estamos dispuestas a seguir luchando como veníamos haciéndolo», sostiene Gabriela.
Pero las habitantes de Casa Pringles no eran las únicas que se oponían a la subasta. Allí también funcionó un jardín y los vecinos y vecinas de Almagro pedían que la totalidad del lugar fuera destinada a una Escuela Infantil para dar solución a la falta de vacantes de la Comuna N° 5. La dirección de Bienes, en cambio, denunció la ocupación y se abrió una causa en la Fiscalía Penal N°19 a cargo de Lorena San Marco, quien este sábado pidió el desalojo autorizado por el juez Alejandro Villanueva.
Ahora, consultados por este diario, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, aseguraron que se tomó la decisión de no vender el lugar y destinarlo, en cambio, a un «Centro para madres en situación de violencia de género«. «La decisión del GCBA es invertir en un espacio donde las mujeres vuelvan a encontrar un lugar de contención donde sean atendidas por profesionales para trabajar en recuperar la fortaleza personal, confianza y poder volver a rearmar su proyecto de vida», afirmaron.
«Dicen que el objetivo es destinar la casa a la ampliación de un hogar de mujeres. Pero eso es lo que ya estábamos haciendo nosotras, concretando un espacio albergue, sin financiamiento público. Lo sabían. Lo habíamos informado en el proceso de diálogo y nos desalojaron por la fuerza», respondieron desde Yo no fui. «Si ellos quisieran nos podrían dar un lugar como corresponde de los miles que el Gobierno tiene ociosos. Nos devuelven una casa en donde podamos construir colectivamente nuestras vidas y seguir haciendo lo que hacíamos en Casa Pringles. Mi deseo es que sigamos construyendo esa vida colectiva«, asegura Gabriela. Desde Yo no fui, en tanto, señalaron que el desalojo, «lejos de callarnos y amedrentarnos como pretenden, nos fortalece y nos impulsa a seguir construyendo las vidas que queremos vivir».
