Con los planes IFE y ATP, más los créditos a monotributistas y autónomos, el 89 por ciento de los hogares tienen por lo menos un integrante que recibe ayuda estatal.
En casi el 90 por ciento de los hogares de todo el país vive al menos una persona que percibe un ingreso proveniente del Estado. Este escenario se da porque a los empleados públicos, jubilados, pensionados, titulares de la asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo, se sumaron las casi seis millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia y los 2,2 millones de trabajadores de cuyo salario se hizo cargo el Estado con el programa ATP. “La asistencia que está brindando el Estado argentino en estos días es la mayor de la historia contemporánea”, resalta un informe elaborado por el gobierno. Este tipo de respuestas, en mayor o menor medida y con distinto tipo de combinaciones entre subsidios, créditos y transferencias, se están poniendo en práctica en todo el mundo para sostener la vida económica en medio de la pandemia. El gobierno nacional evalúa que una vez que se generalice la reanudación de la actividad económica, van a primar las herramientas financieras por sobre los subsidios directos y está previsto relanzar el acuerdo económico y social como vehículo para canalizar consensos que permitan digerir las demandas sociales.
La economía argentina está retomando la actividad productiva, en un proceso lento dado no sólo por las exigencias sanitarias sino por el fuerte deterioro del mercado interno y externo y el gran agujero financiero que enfrentan las empresas a raíz de la ruptura de las cadenas de pago. El gobierno calcula que en estos días, alrededor del 66 por ciento de los trabajadores del sector privado ya tiene la autorización formal para circular, lo cual no implica que lo estén haciendo (así como tampoco la ausencia de ese permiso implica la no circulación). Al comienzo de la cuarentena, ese porcentaje estaba en el 43 por ciento. En la misma línea, hay datos que confirman la tendencia, visible en la calle, a desempolvar las máquinas, mostradores y exhibidores: según los datos de Cammesa, la caída de la demanda eléctrica que era del 94 por ciento en los primeros días de la cuarentena, ahora está en el 35 por ciento comparada con la semana previa al confinamiento. Algo similar ocurre con el consumo de naftas. Volkswagen, Toyota y Acindar retomaron la actividad entre lunes y martes, por ejemplo.
Lo que viene
La vuelta a la actividad se hace a un ritmo bajo, del orden del 50 por ciento en las grandes plantas. Incluso, se espera que pueda haber problemas de producción por faltantes de piezas puntuales de proveedores que todavía no consiguieron el permiso. Aun así, el panorama es de mucha más actividad que hace algunas semanas. Si este proceso avanza, aparecerán soluciones pero también nuevos problemas, porque la puesta en marcha del aparato productivo requiere inversión, entre otras cosas. “A medida que se avanza en la reapertura, la ayuda financiera va a ser más fuerte que el subsidio”, explican en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El pago de salarios por parte del Estado en el programa ATP ya se extendió para los salarios de mayo y no se sabe qué pasará en junio. Pero más tarde o más temprano la intención oficial es que la herramienta crediticia, con fondeo de bancos privados y públicos y el sistema de garantías oficiales, pueda ganar terreno en lugar del pago de salarios. En este punto, si bien el gobierno admite que el desempeño de los bancos para otorgar créditos de la línea del 24 por ciento para empresas afectadas por la pandemia no tuvo un buen arranque, “ya llevan desembolsados 200 mil millones de pesos, lo cual no es poco”.
El gobierno piensa en lanzar el (postergado) acuerdo económico y social como vehículo para canalizar las múltiples demandas del escenario post-cuarentena. De todos modos, aclaran que son pasos que se darán “una vez que la cuestión sanitaria no presente riesgos”, algo que todavía está lejos. En cambio, se espera que el pago de salarios a través del ATP continúe hasta cerca de fin de año para los sectores que tienen menos perspectivas de volver a funcionar, como gastronomía, turismo, cultura y deportes.
El Estado al rescate
Según los datos relevados por el Centro de Estudios de la Producción dirigido por Daniel Schteingart, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 60 por ciento de la industria nacional sufre caídas de facturación en términos reales mayores al 30 por ciento interanual. El escenario es peor en hoteles y restaurantes y recreación y cultura y algo mejor en transporte y almacenamiento, comercio y construcción. El reducido grupo de sectores que operan en positivo está compuesto por medicamentos, carne vacuna, galletitas, pastas y panificados y agroquímicos. La contracción de la actividad económica y del empleo es la peor desde 2002, e incluso en algunos casos el panorama es más negativo, como sucede en la construcción, gastronomía y turismo.
De las 600 mil empresas que hay en el país, 500 mil se comunicaron con el Ministerio para solicitar la ATP, aunque hay una porción que ni siquiera presentó la documentación exigida. Hasta ahora, el Estado nacional ya aprobó el pago de parte del salario de abril de 2,2 millones de asalariados que trabajan en 247 mil empresas. Alrededor del 85 por ciento de los beneficiarios de la ATP están cubiertos en al menos la mitad de su salario. En las empresas de menos de 25 empleados, la ATP cubre en promedio el 70 por ciento del salario neto, mientras que en las de 800 empleados, esa cifra es del 50 por ciento.
