Cuando las personas hablan de la “ocupación” israelí sobre tierras palestinas en términos legales, se refieren a dos territorios no adyacentes: Gaza y Cisjordania ocupada, esta última abarcando Jerusalén Este ocupada. En su punto más cercano, aún las separan 50 kilómetros de distancia.
Y aunque el mundo ha fijado su atención en Gaza por la ofensiva genocida que Israel lanzó hace más de dos años, el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha transformado desde su extrema derecha la realidad sobre el terreno en Cisjordania ocupada. A tal punto que sus políticas socavan la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Más de 1.000 palestinos han sido asesinados y otras decenas de miles fueron desplazados en Cisjordania ocupada, por cuenta de la oleada de violencia que perpetran colonos ilegales israelíes con el respaldo de las fuerzas militares. Apoyo que les ha permitido quemar aldeas palestinas, destruir propiedades y robar ganado.
Y la situación alcanzó un nuevo punto de inflexión el domingo, cuando el plan de Israel para borrar Palestina culminó en lo que críticos han calificado como un “megadespojo de tierras” que equivale a una “anexión de facto”.
El Gobierno de Israel le dio luz verde a una propuesta para registrar amplias tierras palestinas en Cisjordania ocupada como «propiedad estatal», abandonando incluso la pretensión de que se toma en serio la solución de dos Estados. Así, este plan expulsará efectivamente a decenas de miles de palestinos de sus hogares, y permitirá a los colonos ilegales israelíes apropiarse de viviendas y tierras agrícolas palestinas.
No se puede olvidar que los asentamientos judíos construidos en tierras palestinas ocupadas son considerados ilegales a nivel internacional. No obstante, sucesivas administraciones israelíes han tomado medidas para consolidarlos como una realidad permanente sobre el terreno, y los intentos más descarados han tenido lugar en los últimos dos años.
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A lo largo de los años, la presencia de Israel en Cisjordania ocupada se ha expandido no solo a través de asentamientos ilegales, sino también mediante el establecimiento de “puestos de avanzada” que están prohibidos incluso bajo la legislación israelí.
Un puesto de avanzada es un asentamiento construido sin aprobación gubernamental formal, y en violación de las normativas de planificación y construcción.
Frecuentemente habitados por ramas juveniles de grupos extremistas —algunos reclutados mediante iniciativas con financiamiento estatal para jóvenes “en riesgo”— estos puestos de avanzada se han convertido en focos recurrentes de violencia.
De hecho, han sido vinculados repetidamente a la quema de hogares y de tierras agrícolas palestinas, así como a ataques a pastores, al arranque de olivos y a actos de vandalismo contra mezquitas y vehículos.
Pese a ello, las autoridades israelíes a menudo han hecho la vista gorda, llegando en ocasiones a recompensar esa violencia con medidas de legitimación. A finales de 2025, el gobierno legalizó retroactivamente 19 de estos puestos de avanzada construidos sin autorización.
La tendencia continuó en enero, cuando se emitieron permisos para otros cinco puestos. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, también de extrema derecha, afirmó que la medida debilitaría la viabilidad de un futuro Estado palestino.
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