El Gobierno oficializó este lunes la declaración de «emergencia del sector energético nacional» hasta el 31 de diciembre de 2024. El DNU 55/23, publicado en el Boletín Oficial, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. De este modo, la administración de Javier Milei allana el camino para extender la intervención de los entes reguladores, que vencían a fin de mes, y avanzar con los aumentos de tarifas destinados a reducir los subsidios.
“Habiendo evaluado la situación en que esta gestión de gobierno recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro», destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el artículo 1 del decreto declara la emergencia y el artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía para que avance con los aumentos de tarifas. En ese sentido, determina a través del artículo 3 el «inicio de la revisión tarifaria» correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de «transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural», y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes «no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024».
«Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos de producto», declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, al canal de cable La Nación+, en las que también aclaró que ese porcentaje es equivalente a 10.000 millones de dólares. El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» de ese total de 2 puntos del producto, en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026. «Hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte», añadió, en lo que representaría, tomando los valores que el propio ministro expuso, un recorte de subsidios de cerca de 2.500 millones de dólares anuales en energía (incluyendo electricidad y gas natural) y 1.000 millones de dólares en transporte.
Un informe de Economía & Energía estimó que la factura promedio mensual de electricidad para quienes paguen la tarifa plena será de 23.569 pesos en electricidad y 13.867 pesos en gas. Los más golpeados serán los sectores medios, que venían teniendo su consumo fuertemente subsidiado y ahora perderán ese beneficio. La suba promedio para ese segmento será de 327 por ciento en electricidad y 336 por ciento en gas, pero en el caso de la luz las categorías con menores consumos soportarán aumentos de hasta 575 por ciento.
El DNU también extiende la intervención de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024. Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas «realizar los procesos de revisión tarifaria» y «evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones» y eventuales anomalías. El DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
En sus considerandos, la medida asegura que «la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación».
En ese contexto, resalta que los indicadores de frecuencia media de interrupción de servicio tuvieron un incremento del 55,23 por ciento en el área de cobertura de Edenor y del 173,22 por ciento en la de Edesur, lo que evidencia «inversiones insuficientes, que importan un crecimiento de la obsolescencia en los activos de las prestadoras, por lo que de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios».
