El proyecto llegó a aprobarse en general pero el debate se empantanó en los artículos más polémicos. Se tratará el próximo año.
El oficialismo de la Cámara de Diputados no logró darle media sanción a la ley “anti barrabravas” que impulsa el Poder Ejecutivo. Si bien consiguió que se aprobara en general con 201 votos, no pudo avanzar en los artículos fruto de la dura discusión que provocaron las penas de prisión que prevé la norma, como la que equipara la reventa de entradas con el mínimo por homicidio. Un tema sobre el que insistió una y otra vez el kirchnerismo “para no hacer un mamarracho jurídico”. El debate se empantanaba cada vez más y la solución la propuso uno de los aliados de Cambiemos, Martín Lousteau quien mocionó la vuelta a comisión del proyecto. Fueron 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones, de Nicolás Massot (Pro) y Marco Lavagna (Frente Renovador).
La oposición cuestionó el “oportunismo” del Gobierno al proponer el tratamiento express del proyecto sin la convocatoria a los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol ni los clubes. La vuelta a comisión habilitará el tratamiento de la propuesta de Elisa Carrió –respaldada por el kirchnerismo- para limitar que funcionarios públicos (incluidos fiscales y jueces) formen parte de la dirigencia de los clubes.
El apuro del oficialismo terminó en frustración. El cierre del debate también fue atípico. El último orador era el radical Luis Petri, que buscó cargar contra el kirchnerismo acusando a la ex presidenta Cristina Kirchner de apoyar a las llamadas “Hinchadas Unidas Argentinas”, ante la mirada adusta y censora del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, porque la chicana ponía en peligro el acuerdo alcanzado para aprobar la ley. Y como dijo el propio Monzó “habilitó el VAR” a las réplicas.
“Vinimos a la sesión con la voluntad de votar en términos generales a favor a pesar que la ley nos deja sabor a poco. Pero otros se suben al para avalancha y se paran para tirar”, dijo el jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, en respuesta a Petri. “(Mauricio) Macri fue 12 años presidente de Boca, el fiscal de (Carlos) Stornelli fue 4 años secretario de seguridad de Boca. (Eugenio) Burzaco, vice de la ministra que impulsa este proyecto, secretario de seguridad del club River Plate. ¿Nunca tuvo relación con los barrabravas? ¿Nunca vieron un delitos de los barras?”, describió y preguntó Rossi.
“Me enoja coincidir con la diputada Carrió: (Daniel) Angelici maneja la justicia, presidente de Boca, ¿no conoce la barra? La seguridad de Boca en Madrid la organizó (Rafael) Di Zeo. Hay que tener cara viejo”, continuó Rossi y dijo que “es una vergüenza, que un fiscal o un juez integre un club junto a los barras.”
Antes, Carrió había afirmado que en los “expedientes de narcotráfico en la provincia y en sus conexiones en las villas siempre aparece un barrabrava” y que “hay que separar la política del fútbol del delito graves, el narco y la impunidad”. Luego agregó que su lucha continuaría a pesar de “Macri, Boca y mi disputa con Angelici y cualquier operador que quiera mezclar política, negocios, clubes y sicarios”. “Que un juez, un fiscal, un presidente, un ministro forman parte de un mismo equipo es impunidad. Se llame (Rafael) Di Zeo, o como se llame”, sentenció Carrió.
“Esta ley no va a cambiar definitivamente todo”, pero “es una herramienta, es un paso más hacia una construcción que tenemos que hacer para una sociedad libre de violencia”, argumentó la radical jujeña Gabriela Burgos al abrir el debate. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, que ofició de miembro informante del proyecto oficial, sostuvo que “los legisladores nos nutrimos de lo que pasa en la sociedad, no creamos cosas, vemos lo que está faltando” y se lamentó que “algunos grupos de violentos fueron cercenando espacios que ocupaban las familias”, así como las “imágenes lamentables” de la frustrada final de la Copa Libertadores.
Burgos sostuvo que hay delitos existentes en el Código Penal, como la portación de armas o la falsificación y venta de entradas, que serán agravantes en el caso de las penas de delitos en el ámbito de espectáculos futbolísticos. “El Estado debe ser el principal garante, promoviendo políticas públicas y teniendo un protagonismo fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol”, opinó Daniel Scioli (FpV-PJ). El presidente de la Comisión de Deportes, dijo que en ese contexto solo incrementar las penas “es insuficiente para abordar de manera integral la problemática”, y se preguntó: “¿De qué sirve enviar a los trapitos a la cárcel mientras que los que los financian y organizan van a seguir en libertad?”.
Aunque la mayoría de la oposición sostuvo que acompañaría el proyecto, tampoco faltaron las críticas al proyecto oficial y el “oportunismo” del Gobierno para impulsarlas. Por caso, Felipe Solá (Red por Argentina) argumentó que el proyecto “se hizo a las apuradas, express, sin las víctimas ni actores” y agregó que el objetivo del oficialismo es que “el Presidente se vaya de vacaciones esperando que solucionó el problema de los barrabravas”. “La actitud fue lavarse las manos, indignarse y sorprenderse. Una actitud oportunista”, sentenció Solá, que antes reclamó el compromiso del Estado y relató su experiencia en la gobernación bonaerense en la que tuvo que intervenir, entre otras cosas, para controlar el número de efectivos que la policía provincial y la federal enviaba a los operativos en los estadios, y por los que las fuerzas de seguridad “hacían trampa” para recaudar plata, como cómplices de los violentos.
Mientras el oficialismo hacía fuerza por votar este proyecto, del otro lado de Pasos Perdidos parecían anticiparse a los hechos. En reunión de Labor parlamentaria los senadores le bajaron la persiana al tratamiento del proyecto que este año ya no será ley.
