En medio de fuertes presiones por parte de jueces y fiscales, que en las últimas 72 horas fatigaron despachos de la oposición del Congreso, el Gobierno apura un debate exprés para la próxima semana del proyecto de ley de modificación de los regímenes especiales de la Justicia y la diplomacia, tras la orden de la Casa Rosada de tener media sanción antes del discurso inaugural de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.
Mario Negri tuvo que llamar a Sergio Massa mientras promediaba en su oficina del segundo piso la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio. Ya había versiones de que el oficialismo quería avanzar en la última semana de sesiones extraordinarias con el proyecto que recorta las jubilaciones especiales del Poder Judicial.
No había, entrada la noche, confirmación oficial de sesión para el jueves 27, 24 horas después de que la iniciativa se discuta en comisiones. Ninguno de los bloques mayoritarios por fuera del Frente de Todos habían sido notificados formalmente. Pero todos lo descontaban como un hecho. Incluso desde el oficialismo ya empezaron a hacer números para el quórum: es después del fin de semana largo de carnaval, lo que complica la logística de viajes.
De hecho, a última hora de la tarde la bancada de Cambiemos redactaba una carta formal para pedir la citación de los gremios judiciales, de las mencionadas asociaciones y de los ministros de Trabajo y de Justicia, Carlos Moroni y Marcela Losardo, respectivamente.
El lunes, integrantes de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), la entidad que preside Carlos Rívolo, visitaron la oficina de Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO, que los esperó junto a Silvia Lospennato y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
El martes, los fiscales volvieron al Congreso en compañía de Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, uno de los más activos por estas horas. Se entrevistaron con Graciela Camaño, del Interbloque Federal -Eduardo “Bali» Bucca está fuera de la Ciudad aunque mantuvo contactos telefónicos con Massa y con Máximo Kirchner- y con José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, un aliado permanente del oficialismo. Y con Negri y otros diputados de la oposición.
Desde Juntos por el Cambio debatían por estas horas una posición común frente al proyecto del Gobierno, que, entre otras modificaciones, limita el ámbito de aplicación, aumenta los aportes y propone que la jubilación de los magistrados, fiscales y defensores oficiales sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. En la actualidad, los jueces se jubilan con el 82% móvil sobre el cargo mayor.
“Nosotros tampoco estamos para hacerle el lobby a los jueces”, explicaba a Infobae en la tarde del miércoles uno de los más relevantes diputados de la oposición al que el teléfono no le paró de sonar en estos días. En Cambiemos son conscientes de que es una iniciativa que tiene escaso impacto fiscal pero un fuerte contenido simbólico, anunciada junto a los ajustes generales de las jubilaciones superiores a los $20 mil.
Como en el debate por la emergencia económica, la clave no estará en la votación en general, sino en particular.
En el bloque opositor no hay por ahora una posición unánime. Hay coincidencias en discutir el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio diplomático, pero discrepancias en la letra chica. Incluso a principios de mes, el diputado Alejandro Cacace, de la UCR de San Luis, presentó un proyecto un tanto más ambicioso junto a una veintena de legisladores de su bloque y dos del PRO: propuso pasar a todo el Poder Judicial al régimen general e incluir a los jueces de la Corte, al presidente y al vicepresidente de la Nación.
Más allá de que, según supo este medio, la Casa Rosada había ordenado apurar el proyecto sin modificaciones, desde el entorno de Massa confiaron en que se estudiaban algunos cambios, en línea con la iniciativa presentada por Ramón y avalada por el sindicalista Julio Piumato, de los empleados judiciales, que ya convocó a una marcha para el jueves 27 en el Palacio de Tribunales. El texto incluye a los cargos de menor escalafón de la escala judicial a acceder a la jubilación con el 82% móvil, excluidos por el proyecto del Ejecutivo.
El martes próximo, el interbloque de Juntos por el Cambio reunirá a los especialistas en previsión social, según aseguraron, en pleno feriado de carnaval.
Quieren que en el encuentro de comisiones del miércoles, de concretarse, el ministro de Trabajo lleve un actuario con la cantidad de jueces, fiscales y defensores oficiales en condiciones de jubilarse. En los pasillos del Congreso dan cuenta de que ese número sería cercano a los 300, según la información que desparramó Recondo. Los legisladores más duros de la oposición dicen que la iniciativa encubre un vaciamiento a propósito de la Justicia.
