A fines de noviembre del año pasado, Macri creó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ente autárquico que tendría a su cargo el resguardo de la seguridad de los llamados “arrepentidos” en causas judiciales.
Ahora, la administración de Alberto Fernández decidió anular ese decreto porque “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
Así lo sostiene el Gobierno en un decreto que será publicado mañana. Allí, la administración de Fernández asegura que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.
De esta forma, el Gobierno decidió que ahora el programa de testigos protegidos volverá a tener el diseño institucional anterior “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, es decir, continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior.
El origen de la polémica
A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que estableció la creación de esa Agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con autonomía funcional.
Según el decreto, el objetivo de esta Agencia era garantizar la seguridad de las personas que colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”, para lo que deberá tomar “medidas especiales de protección”, como el cambio de domicilio o la custodia personal.
Uno de los argumentos del decreto para elevar al rango de Agencia lo que hasta ahora era un “Programa de Protección de Testigos”, era “la incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública”.
Además, el DNU original dispuso la creación de un Consejo Consultivo encabezado por el presidente de la Cámara de Casación Penal e integrado por la Procuración General de la Nación, que debía elaborar la propuesta para la designación del director de la Agencia.
El Gobierno tenía previsto en un principio traspasar el Programa de Protección de Testigos al Poder Judicial y al no prosperar esa iniciativa intentó pasársela a la Cámara de Casación Penal, nuevamente sin éxito, por lo que optó por la creación de un ente autárquico.
Sin embargo, horas después de que se diera a conocer el DNU, cuatro jueces de la Cámara de Casación elevaron una nota al presidente de ese tribunal, Carlos Mahiques, en la que sugirieron que se rechazara el decreto tras poner en duda su legitimidad.
En esa línea, dos semanas antes de que el Gobierno publicara ese decreto, el entonces presidente electo Alberto Fernández se refirió al rumor que circulaba respecto de la intención del Gobierno de Macri de modificar el sistema de testigos protegidos y aseguró que estaba “muy lejos” de avalar la decisión.
“Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”, publicó ese día Fernández en su cuenta de Twitter. Se refirió de esa manera a una nota publicada en un diario que aseguraba que Macri tenía el aval de Fernández para el traspaso de testigos protegidos a la Justicia.
La iniciativa de Macri fue redactada por el titular de la cartera judicial, Germán Garavano, tras los planteos realizados por personajes como el ex secretario de Obras Públicas José López, el chofer Oscar Centeno y el financista Leonardo Fariña, entre otros.
El sistema, creado por en agosto de 2003 a través de la Ley 25.764, “se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo”, señaló el Ministerio de Justicia.
