El gobierno nacional irrumpió en Rosario con un operativo de control migratorio que desplegó a 60 agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos despertaron voces críticas que advierten el problema que representa abordar la cuestión migratoria como un tema de seguridad. “El riesgo, en definitiva, es que la condición migratoria termine funcionando como un marcador de sospecha que estigmatiza y segrega, en lugar de acoger y acompañar”, apuntó la abogada Paula Carello, especialista en derecho migratorio. En un mismo sentido, la abogada en derechos humanos –y exlegisladora provincial– Matilde Bruera consideró que se trata de un “atropello a todos los derechos”, pero también una medida ineficaz para la seguridad: “Los extranjeros tienen muy baja incidencia en las cuestiones delictivas”.
El martes al mediodía el centro rosarino se vio convulsionado con un importante despliegue de oficiales de la Policía Federal y agentes de Migraciones, que se instalaron en la esquina de San Martín y San Luis. Durante la jornada pidieron documentación a los transeúntes e inspeccionaron varios comercios de la zona, muchos de ellos que son atendidos o propiedad de ciudadanos extranjeros. Por la tarde llevaron el operativo a la zona de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” y al día siguiente hicieron lo propio en el peaje de General Lagos, sobre la autopista a Buenos Aires, donde frenaron autos y colectivos de larga distancia.
El resultado preliminar que dejaron trascender desde los organismos contabiliza 420 inspecciones durante la primera jornada, de los cuales 94 personas eran de nacionalidad extranjera: 86 tenían sus papeles en regla y solo 8 presentaban alguna irregularidad.
Durante los controles se identificó a un ciudadano de nacionalidad china con una orden de expulsión vigente. En tanto, en el peaje se inspeccionó un colectivo donde retuvieron a una mujer de 19 años, de nacionalidad boliviana, que no contaba con la documentación requerida y los efectivos adelantaron que sería “expulsada”.
Populismo punitivo
Paula Carello, abogada especializada en derecho migratorio y profesora universitaria, consideró que los operativos en Rosario –que también se vienen realizando en otros puntos del país– dan cuenta de una política migratoria “cada vez más restrictiva, politizada y securitizada” que puede infringir las garantías básicas del debido proceso y violar derechos humanos.
“Quienes trabajamos desde hace décadas por políticas migratorias respetuosas de los derechos de las personas vemos con preocupación el sesgo y la creciente frialdad con los que estas cuestiones están siendo abordadas desde la administración central actualmente”, dijo.
Carello sostuvo que, a su entender, el trasfondo de estos despliegues tiene que ver con una creciente instrumentalización de la cuestión migratoria con fines políticos. “Populismo punitivo le llaman algunos autores, en referencia al uso de políticas de mano dura y de control como espectáculo político, antes que como una herramienta de gestión”, señaló.
En ese sentido, evaluó que mientras la migración es cada vez más politizada -asociada a discursos de seguridad y utilizada para construir determinadas narrativas políticas-, paradójicamente se da un proceso inverso de despolitización de las personas migrantes como sujetos de derechos y actores sociales.
“Se trae el tema migratorio a la mesa política, pero no se incorpora a esa discusión a quienes protagonizan el fenómeno. Se habla sobre las personas migrantes, pero no se las escucha; se discuten políticas que las afectan, pero no necesariamente se las convoca a participar ni a plantear sus propias problemáticas y demandas. Es algo paradójico si tenemos en cuenta que las personas migrantes también forman parte de nuestra comunidad política y, en muchas jurisdicciones, participan electoralmente”, explicó.
En ese marco, Carello consideró que la cuestión de fondo es qué tipo de política migratoria se está construyendo: si una orientada a la integración y el acompañamiento a la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país, o un modelo en el que la migración se concibe como un problema de seguridad.
“El problema de esto es que una persona puede no haber cometido ningún delito e incluso quedar sometida a dispositivos de control técnicamente asociados con la prevención y persecución del delito, e incluso a medidas restrictivas de su libertad”, sostuvo.
“El riesgo, en definitiva, es que la condición migratoria termine funcionando como un marcador de sospecha que estigmatiza y segrega, en lugar de acoger y acompañar”, describió.
Qué se busca
Ese proceso de “securitización” se advierte en un cambio clave: la Dirección Nacional de Migraciones, que históricamente funcionó en la órbita del Ministerio del Interior, con la gestión actual pasó a depender del Ministerio de Seguridad.
El actual gobierno también propició algunos cambios como la incorporación del artículo 56 bis a la Ley de Migraciones, habilitando una serie de acciones que en la práctica ya se desarrollaban: requerir a las personas migrantes que acrediten su identidad y situación migratoria, organizar operativos de inspección, solicitar el auxilio de la fuerza pública o a la autoridad judicial competente la retención preventiva de un extranjero. El nuevo artículo aún no fue reglamentado.
“Muchos entendemos esos cambios como un proceso más amplio de securitización de la cuestión migratoria, donde se aborda el tema desde una lógica de seguridad y las personas migrantes son representadas como un otro que viene a delinquir”, cuestionó Carello.
“Migraciones puede, en ciertos casos, solicitar documentación cuando hay sospecha fundada de irregularidad. Lo que no puede hacer es detener arbitrariamente, discriminar por perfil racial o de apariencia, ni prolongar una demora sin causa objetiva ni control judicial”, agregó.
Para la especialista, todos estos aspectos contribuyen a desdibujar el límite entre el control migratorio y el control del delito. “Lo que hay que preguntarse es qué se está controlando y qué se está buscando detectar. Si el objetivo es verificar la situación migratoria de una persona y promover su regularización, el Estado cuenta con diversas herramientas y procedimientos administrativos para hacerlo, que no necesariamente requieren la intervención de fuerzas de seguridad. Cuando esos controles se realizan mediante operativos de gran despliegue, bajo una narrativa que vincula migración, irregularidad y seguridad, el riesgo es que se produzca una criminalización simbólica de la migración, aun cuando formalmente no exista ningún delito”, sostuvo.
Por último, Carello señaló que frente a una situación de irregularidad migratoria -que constituye una infracción administrativa y no un delito- la Dirección Nacional de Migraciones tiene actualmente la facultad de intimar a la persona a regularizar su situación o avanzar hacia su expulsión, según el supuesto de que se trate. “Lo que estamos observando en los casos que atendemos es que, en lugar de promover la regularización, se está optando en numerosos casos por disponer directamente la expulsión”, señaló.
“Esto es particularmente preocupante porque estamos hablando de personas que tienen pareja, hijos, negocios, propiedades o muchos años de residencia en el país y que cuentan con posibilidades concretas de regularizar su situación. Frente a esos casos entendemos que prescindir de la regularización y avanzar hacia una medida tan gravosa como la expulsión resulta irrazonable y desproporcionado”, sostuvo.
“El problema no es solamente que la ley haya otorgado una mayor discrecionalidad a la autoridad migratoria, sino que en muchos casos esa discrecionalidad se convierte en una herramienta para expulsar a personas por el solo hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular”, concluyó.
Discriminatorios
En una misma línea se pronunció la abogada de derechos humanos, Matilde Bruera, que definió a los operativos realizados en Rosario como “controles poblaciones indiscriminados”. También consideró que son inconstitucionales. “Solo se puede demorar a una persona cuando hay una sospecha concreta, no se puede hacer controles al voleo o por portación de cara. Eso lo dice la jurisprudencia de los tribunales internacionales y la propia Corte Argentina”, apuntó.
Para Bruera, además de ser un “atropello a todos los derechos” se tratan de una herramienta ineficaz para la seguridad. “Es muy baja la incidencia en las cuestiones delictivas. Históricamente, los presos extranjeros son entre un 4 y un 6 por ciento, y la mitad son procesados”, expresó y agregó: “Basta con ver los resultados, que encontraron un solo pedido de captura entre todas las inspecciones. Eso habla de la ineficacia de las fuerzas de seguridad y la Justicia que no pueden resolver un pedido de captura que tiene años”.
En ese contexto, remarcó que la situación también resulta discriminatoria. “Los controles se dan contra los migrantes pobres, porque a los extranjeros ricos le quieren vender el país barato, dándole acceso a ríos, lagos, minas y montañas. Pero a los que persiguen es a los extranjeros pobres”, sostuvo.
“Las irregularidades en materia de legalización de la residencia se solucionan con políticas públicas que apunten a la regularización de esa situación. No hay necesidad de salir a cazar gente a la calle”, remarcó.
Ruido político
El jueves pasado, el bloque del peronismo en el Concejo presentó un pedido de informes para saber si existió orden judicial que autorizara el procedimiento. También quiénes fueron los oficiales a cargo del operativo y qué sucedió con las irregularidades migratorias detectadas. En los fundamentos, los ediles consideraron que las personas afectadas “presentan determinados rasgos fisonómicos y de vestimenta que conforman un patrón discriminatorio al momento de seleccionar a quienes se demoran”.
“Entendemos que se enmarca en un intento por instaurar el odio a los extranjeros de determinados países por parte del gobierno nacional con medidas y discursos xenófobos”, explicó Mariano Romero, uno de los autores de la iniciativa.
También Florencia Carignano, diputada nacional por la provincia de Santa Fe y exdirectora nacional de Migraciones, describió los operativos como un “show” montado por el gobierno. “Eso de salir a hacer este show para no hablar de que la economía no está funcionando y de echarle la culpa a los inmigrantes puede funcionar en Estados Unidos, pero acá no”, dijo a José Maggi en LT8.
“En mi gestión también expulsamos un montón de personas de nacionalidad china porque habían entrado ilegalmente. Lo que no hacés es de eso es una propaganda política echándole la culpa de todos los males que le pasen a la Argentina, cuando es una porción ínfima de personas que están irregulares”, completó.
