La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología conducida por Darío Genua –ex Jefe de Gabinete en Enacom– apenas ejecutó el 2 por ciento del total de su presupuesto asignado (80 mil millones de pesos). Desde que asumió la administración libertaria, tanto las universidades –fuertemente ajustadas– como el resto de las instituciones del área, fueron empujadas a funcionar a su mínima expresión. El desfinanciamiento se explica con cifras y se traduce en hechos concretos que dan cuenta del abandono y la falta de interés del gobierno en promover la producción de conocimiento autóctono.

Al galope del discurso de “no hay plata”, el desguace ya se hace sentir en varios ejemplos: un edificio emblemático en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA podría cerrarse en breve por no poder afrontar gastos corrientes; la dificultad de los grupos científicos que trabajan con experimentos de laboratorio para pagar reactivos y realizar ensayos y papers; una súper computadora que podría colocar a Argentina a la vanguardia y está desconectada desde hace meses; y el ajuste en organismos fundamentales como el INTI y el INTA, marcan el pulso del sector. Esta nota muestra la punta del iceberg de una destrucción a escala que costará mucho tiempo volver a poner de pie.

Un edificio con los días contados

Un ejemplo de la situación que atraviesa el área CyT es lo que se sucede con el Edificio Cero + Infinito, emplazado en Ciudad Universitaria y parte fundamental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. De manera reciente, las autoridades universitarias enviaron una carta documento al jefe de Gabinete exigiendo explicaciones sobre la situación. Lo que sucede es muy sencillo: es una infraestructura joven de última generación que aloja carreras de punta como Ciencias de la computación y Ciencias de datos, y que por falta de pago de los contratos de seguridad, mantenimiento y limpieza, podría cerrar.

En el sitio web oficial de la Universidad, se cuentan detalles de cómo fue su inauguración hace tres años y cuál era el compromiso que había asumido el sector público. “El Estado Nacional no solo financió la construcción del edificio a través de un crédito internacional sino que, mediante un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, se comprometió a cubrir los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad por diez años a partir de 2021, que fue el año de recepción provisoria por parte de la UBA”.

Sin embargo, ese compromiso no se cumple hoy. Así continúa el relato: “En diciembre de 2023 algo cambió. Inmediatamente después de la asunción de las nuevas autoridades nacionales, el pago a las empresas contratistas de todos los servicios comprometidos comenzó a sufrir demoras. En ese mismo momento, las autoridades de la Facultad iniciaron los reclamos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y denunciaron públicamente la situación. El decano pudo hablar en reiteradas oportunidades con el secretario del área, Alejandro Cosentino, sin conseguir destrabar los pagos y sin obtener información de cómo seguiría el vínculo con los proveedores”.

La carta fue enviada el 1° de junio y si bien no habían tenido respuesta por parte de Cosentino, Darío Genua –el nuevo titular de la secretaría de Ciencia– se comprometió a resolver la situación. Habrá que ver en qué queda ese compromiso. Por el momento, el Cero + Infinito tiene los días contados.

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¿Cerrarlo, privatizarlo? ¡Desfinanciarlo!

Durante la campaña presidencial de 2023, desde el espacio libertario insistieron en frases desafortunadas con respecto al futuro del Conicet. Se trata de los discursos del diputado “Bertie” Benegas Lynch para quien el Consejo debía cerrarse y el propio Javier Milei manifestó su intención de privatizarlo.

Por la resistencia de la comunidad científica, ninguna de las dos vías se concretó por el momento. Sin embargo, una salida quizás más dramática parece abrirse camino: el desfinanciamiento. La inflación interanual licuó los montos transferidos a centros e institutos y, de manera similar al caso anterior, muchos no saben hasta cuándo podrán subsistir al no poder afrontar gastos corrientes como luz, agua y seguridad. Asimismo, hay 140 contratos de empleados administrativos en Conicet dados de baja y 1200 más podrían correr esa suerte a fin de mes. Las becas doctorales fueron recortadas de 1300 a 600, un aspecto medular para la formación de recursos humanos; al tiempo que los sueldos de los investigadores de carrera perdieron entre el 25 y el 30 por ciento de su poder adquisitivo.

Desde el colectivo Raicyt (Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología) lo plantean sin demasiados rodeos: “La ciencia está atravesando la peor situación del ciclo democrático”. Pese a todo, el Conicet sigue siendo escogido como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica, de acuerdo al Ranking Scimago.

Experimentos que salen caros

Afectados por la devaluación de diciembre pasado y teniendo en cuenta que buena parte de los insumos y equipamiento que emplean los científicos están cotizados en dólares, los grupos de investigación que se dedican a lo experimental afrontan una situación muy compleja.

Alejandra Zinni, científica del Laboratorio de Farmacología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes cuenta a Página/12: “El escenario es muy complejo para todos, pero hay grupos que tienen un poco más de resto que otros. Nosotros, por ejemplo, pudimos guardar material plástico en medios de cultivo y otros insumos, lo que nos permitió poder continuar con algunos experimentos y darles un cierre. Sin embargo, se está complicando mucho el mantenimiento de las líneas celulares. Como si fuera poco, el almacenamiento se realiza en tanques de nitrógeno líquido, que se vuelven muy difíciles de adquirir. En suma, corremos el riesgo de perder el trabajo de muchos años”, relata la investigadora.

De acuerdo a lo que cuenta Zinni, el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (Roecyt), responsable de la tramitación de exención impositiva para la importación de bienes e insumos, “está paralizado”. Así lo refiere: “Seis meses completos en que enviamos solicitudes y no obtenemos respuesta”. ¿Qué queda entonces? Aplicar un esquema de trabajo similar al que se ejercitaba en plena pandemia: cuando los científicos no podían acceder a los laboratorios por las restricciones a la circulación, muchos decidieron dedicarse a escribir artículos académicos. No obstante, se trata de una salida parcial por el valor en dólares que implica hacerlo en las principales revistas: desde mil dólares para arriba.

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Para los más jóvenes, que aún no hicieron carrera y constituyen la mano de obra calificada y barata, la salida vuelve a ser Ezeiza.

Una supercomputadora desenchufada

La supercomputadora “Clementina XXI” presentada en 2023 con bombos y platillos, podría ubicarse como una de las 100 máquinas más potentes del mundo. Argentina, de esta manera, podría convertirse en una de las pocas naciones en poseer una tecnología de este calibre, capaz de confeccionar pronósticos meteorológicos con mayor precisión y realizar múltiples experimentos a una velocidad impensada. Salvo por un detalle: desde diciembre no funciona. ¿Qué sucedió? Un tablero de media tensión es el obstáculo para que este artefacto pueda ponerse en marcha, un trámite que no requiere dinero sino voluntad de seguimiento.

Juan Pablo Paz, investigador superior del Conicet y exsecretario de Articulación científico-tecnológica en el exMinCyT, lo detalla: “En octubre llegó Clementina y Lenovo se puso a trabajar; se instaló el sistema de refrigeración y todos los pasos siguientes hasta dejarla casi lista”. Un aspecto a tener en cuenta es que requiere de una media tensión y un transformador por su elevado consumo eléctrico. “Estaba todo hecho; a partir de diciembre, el nuevo gobierno solo debía continuar con los trámites para finalizar la instalación eléctrica de Edenor. Para que eso suceda hay que hacer gestión, algo que evidentemente no hacen los funcionarios actuales”.

La obra costó unos 7 millones de dólares: 5 millones los puso el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de un crédito y 2 millones los aportó el Ministerio de Defensa. La idea es instalarla en el Servicio Meteorológico Nacional, uno de los principales demandantes de las prestaciones de Clementina. “Esta iniciativa constituye el sueño de una parte importante de la comunidad científica argentina. En todo el país hay grupos que trabajan en computación de alto desempeño y nunca habían contado con un equipo de nivel internacional como este. Es útil en el diseño de materiales, en el modelado de la atmósfera, en la predicción del clima, en genómica y otros campos. Al día de hoy, la máquina no está funcionando a pesar de estar casi lista y no pudo ser utilizada por ningún científico en los últimos seis meses”, advierte Paz. No falta dinero, sino voluntad política.

Tirar al INTI por la ventana

Semanas atrás, se comunicó la reducción del 30 por ciento del personal en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Con seis meses en el gobierno, la motosierra libertaria llegó a otro de los organismos emblemáticos del sector científico. Con una negociación de película –la persona a cargo de recursos humanos, aparentemente, se escapó por la ventana cuando debía comunicar los despidos– la continuidad de la institución está en peligro. Unas 900 personas serían despedidas (282 contratos vencen a fines de junio y no serán renovados) y se cerrarían muchas de las dependencias que el Instituto tiene repartidas en la geografía nacional, sobre todo, aquellas que no tienen laboratorio, o bien, poseen menos de diez agentes (entre 17 y 25 sedes regionales).

No es casual que este gobierno coloque la mira en una institución como el INTI, encargada de, según se consigna en la página oficial, “acompañar el crecimiento de las pymes argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria federal mediante la innovación y la transferencia tecnológica”. El organismo sufrió recortes de personal similares en los 90 –cuando la planta de trabajadores se redujo de 1500 a 850– y en 2018: en plena debacle macrista hubo 360 despedidos. Ahora presentaron un plan de retiros voluntarios y hasta el 5 de julio hay tiempo para adherirse. Según fuentes del Instituto, al momento son más de 60 los trabajadores que optaron por esta vía. Lo triste: una vez que se pierden recursos humanos altamente calificados cuesta mucho recuperarlos.

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Las maletas hechas y un viaje (casi) frustrado

Jorge Montanari es investigador del Conicet y se especializa en nanotecnología terapéutica y cosmética, es decir, busca aplicar el conocimiento sobre nanosistemas (estructuras imperceptibles a la vista) para mejorar la salud de pacientes. En mayo compartió en sus redes sociales la historia de Magalí Di Meglio, una de sus becarias que aterrizó en Francia en el marco de un proyecto internacional de intercambio y producción académica denominada Eco-sud.

A pesar del final feliz –la joven científica continuará con su proyecto allí por un tiempo–, la conclusión no hace justicia a los obstáculos que tuvieron que sortear por “el destrato demencial por parte de nuestras nuevas autoridades. Nunca en más de 20 años dentro del sistema científico me sentí tan ninguneado”, destaca Montanari.

¿Lo solucionó porque los funcionarios locales contribuyeron a resolver el conflicto de articulación con Francia? No. Más bien fue el fruto de un acuerdo entre partes. Montanari convenció al líder del proyecto francés y este accedió a bajar su viaje para que Di Meglio pudiera acceder a la plaza y realizar el suyo. El futuro no es prometedor: como el proyecto de este científico, hay 13 más que están en la misma situación.

El Pro-huerta en un desierto

Uno de los programas emblemáticos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es el Prohuerta. Aunque fue creado hace más de 34 años, hoy se encuentra en la cuerda floja. Depende económicamente del Ministerio de Capital Humano y desde diciembre no designaron a nadie con habilitación para firmar y decidir si continuar con el financiamiento. Al no haber fondos, desde abril el programa no existe y 40 contratos, por el momento, no tienen continuidad.

Fue impulsado con el objetivo de promover la seguridad y la soberanía alimentaria, a partir del apoyo estatal a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables. Así, familias y organizaciones de productores en situación de vulnerabilidad social lograron tener sus granjas y huertas, ser asistidos en lo técnico, recibir educación ambiental y alimentaria, e insertarse en los mercados y ferias de proximidad.

Como resultado se crearon más de 600 mil huertas familiares y escolares, se entregaron más de un millón de kits de semillas y 200 mil aves, se instalaron 15 mil granjas agroecológicas y más de 170 mil personas fueron capacitadas. Cifras elocuentes que, sin embargo, no conmueven al gobierno. En verdad, nada conmueve a una motosierra que barre con todo; que se dirige, ciega, sin mirar atrás. Y sin mirar adelante tampoco.

 

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