Dos jóvenes de la ciudad de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, denunciaron “torturas físicas y psicológicas” por parte de policías de la Comisaría 1° que, minutos antes, habían ingresado a domicilio para detenerlas por “ruidos molestos” y que una vez en la vereda las acusaron de “violar la cuarentena” por el coronavirus. Por el caso, el gobierno provincial inció sumarios contra los agentes involucrados y en el caso intervino la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

El hecho de abuso policial ocurrió durante la noche del sábado 9 de mayo cuando Narela y Agostina Baragaña, de 21 y 24 años, respectivamente, estaban en el quincho de su casa. Algún vecino las denunció por supuestos “ruidos molestos” y llegó la Policía.

En diálogo con Página/12, Narela relató que mientras estaban en ese sector de la casa escucharon que la policía estaba afuera “y que empezó a meterse” a la vivienda. “Fue ahí que nos asustamos y salimos corriendo a la vereda. Una vez afuera, dos policías varones nos agarraron y dijeron que estábamos rompiendo la cuarentena, ¡pero yo salí por miedo porque ellos se metiendo sin orden judicial!”, cuestionó. 

La versión policial contrapone un dato: al recibir la denuncia por “ruidos molestos”, los agente actuaron bajo orden de un juez. No obstante, según el testimonio de las víctimas, en ningún momento se les presentó esa documentación. 

Lo cierto es que una vez aprehendidas en la calle, “un policía alto y pelado me tira de cabeza contra el asfalto, tengo marcas y todo, y a mi hermana también la detuvieron en forma violenta”. Más tarde, al llegar a la Comisaría 1° fueron recibidas por dos policías mujeres. “Nos cagaron a palos igual”, enfatizó. 

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“A mi hermana la llevaron a otro lugar y a mí me dejaron afuera, en un patio, donde me tiraron agua en la cara, me pegaban y me psicopateaban diciéndome cosas”, contó la joven. “Había varios policías mirando lo que me hacían, pero no los pude identificar porque todos tenían puesto pasamontañas”, añadió.

Enterado del caso, el gobierno de Santa Cruz envió hasta Puerto San Julián a la secretaria de Derechos Humanos provincial, Nadia Astrada, y a la subsecretaria de la Mujer, Jazmin Macchiavelli, para brindarles las garantías institucionales a las víctimas y mediaron para que una médica legista constase las lesiones del hecho.

Narela les ratificó el relato de los hechos y que estos dieron cuenta de que “los maltratos existieron”, afirmó Astrada a Página/12. A ambas chicas “no solo se les garantizó que tengan una atención médica sino que también que se les brinde asistencia psicológica y acompañar el pedido de que tengan una consigna policial en su domicilio”, enumeró la funcionaria.

El problema fue que la consigna policial que se les puso en un primero momento fue personal de la misma comisaría denunciada. “Me vino a cuidar la policía que me cagó a palos”, criticó Narela, quien milita en el espacio Lucha Mujer del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), que durante la semana realizó manifestaciones para exigir el esclarecimiento del hecho y el enjuiciamiento a los policías.

Las funcionarias del gobierno también se reunieron con las autoridades comunales y judiciales del lugar, y luego elevaron un informe para que el gobierno articulara acciones a través del Ministerio de Desarrollo Social. “Nos entrevistamos con cada uno de los actores involucrados, de manera que podamos acompañar cada uno de los procesos que surgen a partir de la denuncia que se realizó”, manifestó Macchiavelli.

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Astrada remarcó lo que resta “quedar en contacto constante y a disposición de ellas. Lo que tiene que seguir es el avance de la cuestión judicial y que se esclarezca lo que ocurrió”.

Fuentes del Ministerio de Seguridad santacruceño confirmaron a este diario que “todos los policías involucrados en el operativo fueron sumariados y que por lo tanto deberán prestar declaración” ante el juez. Por otra parte, explicaron que los investigadores no pidieron el apartamiento de los agentes porque, según el procedimiento judicial, hasta el momento “no se cumplieron los requisitos mínimos de evidencia para un caso de tortura”. Las víctimas tenían lesiones en el antebrazo, la rodilla y la frente, algo “propio de una detención violenta”. 

Diez horas después, cuando a Narela le pidieron que firme su liberación, ella les repondió: “Bueno, firmo. ¿Pero quién de ustedes me va a tomar la denuncia por lo que me hicieron?”.

El hecho fue denunciado por las hermanas Baragaña como violencia institucional, violencia de género, abuso de autoridad, apremios ilegales y violación de domicilio. Lo lleva el juez Ludovico Pio Pala y el fiscal Alejandro Victoria.

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