El Consejo de la Magistratura desestimó por mayoría una denuncia de legisladores de Cambiemos contra el juez porteño Juan Ramos Padilla, por publicaciones en redes sociales que consideraron agraviantes. No tienen “vinculación alguna, directa o indirecta, con causas que tramiten ante el tribunal a su cargo”, recordó la senadora María Pilatti Vergara al argumentar su rechazo. “Los jueces tenemos derecho a decir lo que pensamos”, destacó el camarista Alberto Lugones. Durante la sesión virtual se desestimaron también denuncias contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y contra los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, perseguidos por el macrismo por negarse a convalidar los despidos del ex secretario de medios Hernán Lombardi en la agencia Télam.
“Se me acusa de ‘ciudadano’, no por alguna inconducta judicial o alguna falta en el ejercicio de la función”, recordó antes de la reunión Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral Criminal 29 y padre del juez federal de Dolores. “Se me acusa porque denuncio cosas en las redes sociales y a Clarín, al neoliberalismo y a los delincuentes togados no les gusta”, explicó a Radio Caput el primer juez que en 1987 declaró inconstitucional la ley de obediencia debida e impulsó investigaciones por apropiaciones de hijos de detenidos-desaparecidos.
La denuncia contra Ramos Padilla fue impulsada en 2017 por los legisladores Waldo Wolff y Lucas Inccico en base a 56 tuits que consideraron “de índole agraviante, indecorosa, de manifiesto contenido político partidario”, en los que calificaba de “hipócrita”, “traidor” y “antipatria” a jueces y dirigentes.
La desestimación la planteó Pilatti Vergara, del Frente de Todos. Para «recobrar el prestigio de la justicia deberíamos dejar de lado conductas que tienen que ver con opiniones personales” y atender sus decisiones “en tanto jueces”, explicó. Recordó que de los mensajes no se desprenden vínculos con causas a su cargo y lo contrastó con el caso de Alfredo López, juez de Mar del Plata, quien “sí se expresó de manera injuriante hacia funcionarios, hacia la ex presidenta (Cristina Kirchner) y hacia militantes del peronismo en una causa en la que él actuaba cuando ocurrió la supuesta agresión al por entonces presidente Macri, y sin embargo este Consejo lo rechazó in límine”.
La diputada Vanesa Siley opinó que de sancionarlo “se estaría violando su derecho a la opinión” y respaldó la idea de que los jueces blanqueen sus preferencias políticas. “No comparto el estilo de Ramos Padilla”, aclaró Lugones, pero rescató su actitud porque “otros jueces no tienen el coraje de decir lo que piensan”.
El diputado del Pro Pablo Tonelli impulsó la citación ante la Comisión de Disciplina y Acusación. “Ha mancillado ostensiblemente y en varias oportunidades la reputación de otros ciudadanos y otros jueces”, sostuvo. “No se le imputa haberse expresado ni haber vertido opiniones» sino «haber insultado, denostado y menospreciado a colegas y personas vinculadas al ámbito judicial”, argumentó.
La desestimación, además de Pilatti Vergara, Lugones y Siley, la respaldaron el juez Juan Manuel Culotta, el académico Diego Molea, y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustaroz. En contra votaron Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo y el abogado radical Juan Pablo Más Vélez. Se abstuvo la abogada Marina Sánchez Herrero.
Canicoba tenía denuncias por mal desempeño y enriquecimiento ilícito. El dictamen para desestimarlas lo había presentado Más Vélez el año pasado pero no llegó a tratarse en la última reunión de la era Macri. Llamativamente, Más Vélez pidió ayer retirar su dictamen. Molea anunció que lo había pedido fuera de término, se quejó por las “presiones” de los medios para que la desestimación no se aprobara e hizo suyo el dictamen. A favor votaron también los tres consejeros oficialistas y Lugones. En contra, sólo Tonelli. Los otros tres se abstuvieron luego de pedir más tiempo para leer el expediente.
Arias Gibert y Rodríguez Brunengo, de la Cámara del Trabajo, habían sido denunciados por el gobierno de Macri en 2018 luego de ratificar la reincorporación de cinco de los 357 despedidos de Télam. Siley destacó que fue un claro “ataque al contenido de las sentencias” para intentar frenar la lucha de los trabajadores y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). “Hubo un recorrido muy grande hasta que se los volviera a reintegrar, un sacrificio muy grande de los trabajadores, que incluso hicieron acampes en la puerta de tribunales”, recordó. “Por aquellos y aquellas que tanto lucharon por volver a Télam!”, celebró al anunciar la desestimación de la denuncia.
