El jueves se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto: 1,7%. Sin embargo, hay algunos datos que podrían indicar una realidad distinta. Por ejemplo, los servicios, que están insuficientemente ponderados en el actual modo de llevar adelante la medición, aumentaron muy por encima del IPC. Vivienda, Luz, Gas, Agua, Electricidad y Combustibles se incrementaron por encima del índice general, al igual que Educación, Bienes y Servicios varios, Salud y Comunicación.
Otro dato significativo: los precios regulados, aquellos sobre los que el gobierno interviene, son los que más se incrementaron en la inflación anualizada. Mientras el índice general alcanzó un 33,5%, los regulados llegaron a 43,7%. ¿No era que el aumento de precios era un fenómeno exclusivamente monetario? El dato parece desmentir al oficialismo: es la actual administración la que, entre otras cosas, reduce significativamente el subsidio al transporte (lo que implica un aumento de lo que pagan los pasajeros) con el objetivo de bajar el gasto público. Según la actual administración, tras 24 meses de control estricto de la base monetaria, la inflación debería desaparecer. Pero persiste en el aumento de los precios que el mismo gobierno contribuye a subir. ¿Qué precios bajaron? Prendas de vestir y calzados, que dio negativo, y recreación y cultura, que descendió a cero. Eso se explica porque fue muy alto el mes pasado por estacionalidad. La mayoría de los demás rubros dan igual o por encima del índice.
El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento en comisiones de la prórroga de la emergencia en discapacidad y de los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad.
La oposición reunió 135 diputados y diputadas y pudo iniciar la sesión a pesar de que el oficialismo insistía en no dar quorum. Hubo operaciones gubernamentales de todo tipo para intentar reducir ese número: si lograban bajarlo a 128, conseguían que la sesión se cayera. Como no pudieron, tomaron la decisión inversa: sumarse a la votación de la oposición para intentar diluir lo que, de lo contrario, se vería como un triunfo contundente de esta última.
El primer emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto fue para que dictaminen el proyecto que extiende a un año la emergencia en discapacidad. Se aprobó por unanimidad: 249 votos a favor. El segundo emplazamiento fue al plenario de comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas para que dictaminen los proyectos de morosidad y desendeudamiento. Esa votación obtuvo 249 votos a favor y 1 en contra.
Lo que se produjo fue un claro triunfo opositor. En parte, se debe a que el calendario electoral influye sobre los comportamientos parlamentarios: a mayor cercanía con la fecha de las elecciones, mayores dificultades tienen los sectores “amigables” para acompañar los proyectos del gobierno que afectan a una mayoría de la población.
Está quedando cada vez más en evidencia que las consecuencias del modelo se están sintiendo con toda intensidad y ya son imposibles de disimular.
Además, ha habido un trabajo consecuente del Bloque Unión por la Patria, que lidera Germán Martínez, y la construcción de alianzas amplias va permitiendo esas mayorías puntuales.
La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, se refirió a la morosidad en la Argentina: “El Fondo sigue de cerca la morosidad de los hogares argentinos, pero descartó riesgos para la estabilidad financiera del país”. Sin embargo, no es un problema menor: alrededor de seis millones de personas, de los 20 millones que tienen créditos, están en situación de morosidad. Los préstamos han sido otorgados tanto por empresas que están comprendidas en la Ley de Entidades Financieras como por otras que no. Estas últimas no pueden captar depósitos y prestan capital propio. Son las que cobran los intereses más altos y tienen la mayor proporción de mora entre sus usuarios. Son también, en general, las que atienden a los sectores de menores recursos.
En otro orden de cosas, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó recientemente que “la industria de la construcción está en una situación delicada, con una caída de actividad muy fuerte desde hace ya 3 años, (…) salvo alguna excepción vinculado fundamentalmente al desarrollo de Vaca Muerta, donde sí hay actividad, el resto del país está pasando por una situación mala. En la obra pública, que en lo que es la inversión nacional está prácticamente paralizada, son contadas con los dedos de la mano las obras que realmente están en ejecución en el orden nacional”.
Las declaraciones de Weiss describen con precisión lo que es el modelo libertario: el desarrollo de la minería, los combustibles, el agro y lo que ellos llaman la industria del conocimiento. Por su parte, también se propone ceder territorio nacional para instalaciones de Inteligencia Artificial que consumen mucha agua potable y mucha energía. El resto de la industria y la producción en general muestra situaciones de deterioro. Pero, incluso, la actividad minera aparece con claroscuros: en julio registró su segunda caída mensual consecutiva y desaceleró su crecimiento. Si bien subió 3,7% de forma interanual, fue su desempeño más bajo desde febrero, según los datos del INDEC.
El modelo afecta a diversos sectores. Cuando cierra una empresa con 60 años de existencia, que ha atravesado diversos gobiernos y numerosas crisis nacionales e internacionales, la responsabilidad difícilmente sea exclusivamente individual. Tomando un ejemplo: FATE, ¿de un día para otro se transformó en una compañía ineficiente e incapaz de sostenerse? Pareciera que no: la realidad es que FATE es la única empresa que fabricaba neumáticos en la Argentina sin ser una filial de una multinacional. Estas filiales no sufren ningún problema con la apertura de las importaciones porque no tienen inconvenientes en traer sus productos desde el exterior. Por lo tanto, no atraviesan los problemas que sufre la empresa nacional, con su producción local afectada por la fuerte apertura de importaciones.
Las víctimas son siempre los trabajadores y trabajadoras que pierden sus empleos y/o a quienes les quedan debiendo meses de sueldo. Pero cuando las empresas cierran por miles, más allá de que en algunos casos pueda haber errores de gestión, el problema central es del modelo.
Es necesario repetirlo sin descanso: la tarea irrenunciable es pasar de un gobierno con políticas que castigan a la mayoría de la sociedad a otro que ayude a esa mayoría a vivir mejor.
