La Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI) alertó sobre beneficios a imputados y condenados por violaciones. Exigen reforma judicial urgente.

La pandemia parece ser la excusa perfecta para las estrategias de violadores que son beneficiados con prisiones domiciliarias.

El caso de la médica Andrea Vázquez, que lucha desde hace años por justicia por sus tres hijos y tiene a su ex marido como sospechoso de cometer abusos, se presenta como emblemático de esta problemática, ya que recientemente un fallo concedió una polémica morigeración de la prisión preventiva para el imputado, incluso con la posibilidad de salidas transitorias para trabajar.

Estas situaciones, sin perspectiva de género y mucho menos cuidado hacia las víctimas, se repiten por centenares en todo el país y desde una organización civil que trabaja con hechos de violaciones se alerta que desde el comienzo de las restricciones por el avance del coronavirus creció un 65% la cantidad de medidas judiciales en favor de peligrosos sujetos, imputados o condenados.

María Elena Leuzzi, titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI), sostuvo que «es urgente la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género, porque lo que tenemos actualmente es un esquema patriarcal y misógino en todos los espacios judiciales, desde las fiscalías, hasta los juzgados de Garantías o Penales, pasando por los tribunales de juicio y fueros superiores, donde por supuesto nadie escapa».

«La pandemia, lo venimos diciendo, permitió que muchas decisiones aberrantes de la Justicia se incrementen. Como si acá no pasara nada. Liberan violadores, del mismo modo que permiten la salida de ladrones de autos. Y sabemos que no es lo mismo. Gritamos fuerte desde hace muchos años, quienes acompañamos a las víctimas de violaciones y familias, que deben ser tratados de manera diferenciada. El daño que provoca un abusador en un niño, niña o mujer es permanente. Irreversible. Pero vemos que las prisiones domiciliarias o directamente excarcelaciones para abusadores crecieron en pandemia un 65%. Es una infamia, peor aún cuando obligan a las víctimas a quedarse en una misma casa con los perversos», expresó Leuzzi.

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El caso de Andrea Vázquez

Tal como se mencionó, el caso de la profesional de la medicina Andrea Vázquez es paradigmático. El acusado, también médico e identificado como Pablo Ghisoni, deberá afrontar un juicio oral que ya fue elevado por abusos con acceso carnal contra sus hijos. Mientras tanto, días pasados la Sala Primera de la Cámara de Casación bonaerense le concedió una morigeración de la prisión preventiva (que no cumplió jamás en una cárcel, sino que estaba alojado en un sanatorio por presuntos problemas de salud), con la posibilidad de instalarse en su vivienda y hasta salir a trabajar.

La medida fue apelada por la defensa de la médica, a cargo de la abogada Florencia Piermarini. Pero también se enviaron notas a la Procuración bonaerense y al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre otros organismos. «Es un hombre muy poderoso. Casación le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, la clínica le dio el alta, pero nosotros ya apelamos para que vaya a una cárcel, como deber ser porque abusó de sus hijos. El Estado entiende que es responsable de la violación de derechos míos y de mis hijos. Este sujeto debería recibir una condena de entre 8 y 40 años porque se lo imputa de dos delitos graves», dijo Vázquez, que solicita una reunión con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

Vázquez forma parte del grupo «Madres Protectoras», con mujeres que atraviesan situaciones similares. Esa red lanzó esta semana una campaña de fotografías con la leyenda «un padre acusado de abuso sexual no puede cuidar de sus hijos».

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