Alberto Baños aprovechó su cargo actual como secretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei para defenderse ante un pedido de informes y medidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, donde había sido cuestionada su actuación como juez en el expediente por la desaparición el policía porteño Arshak Karhanyan. La mamá del joven había requerido la intervención de la ONU ante las irregularidades en la investigación y la falta de resultados, algo que el organismo aceptó a fines de febrero. Era evidente que Baños debía excusarse por ser protagonista de los hechos cuestionados. Pero recién en uno de los últimos párrafos dijo que se apartaría: antes desarrolló una larga explicación para justificarse.
Arshak desapareció el 24 de febrero de 2019. Había tenido al mediodía una conversación con un compañero de la fuerza, Leonel Herba, en la puerta del edificio donde vivía en Caballito. Las cámaras mostraron que se lo veía nervioso. Subió, se cambió de ropa y se fue. Dejó sus dos celulares, llevó su documento, la placa, una tarjeta de débito y el arma, que nunca fueron hallados. En un supermercado Easy cercano compró una pala de pico y se le perdió el rastro. La investigación penal quedó a cargo de Baños desde aquel entonces y durante casi cinco años. Jamás imputó a nadie. En el medio se perdieron pruebas claves, como el contenido del celular de Arshak y cámaras de la Ciudad que podrían haber mostrado su recorrido. El exmagistrado permitió que siguiera actuando en el caso la policía porteña, pese a que estaba bajo sospecha.
Sorpresa
Vardush, la mamá de Arshak, se presentó ante el Comité representada por la Red Federal de Derechos Humanos, que encabeza el exsecretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla Corti. Enseguida el organismo internacional requirió «la acción urgente del Estado» argentino. A fin de febrero le dio un mes de plazo para tomar medidas en dos aspectos e informarlas: la búsqueda de Arshak junto con al recolección de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y, por otro lado, la identificación de los posibles involucrados. Hacía énfasis en que se debía investigar a un grupo de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, como pedía el fiscal Santiago Vismara, que tuvo delegada la investigación hasta que Baños se la quitó. La fiscalía y la familia pedían que el caso fuera definido como desaparición forzada. Baños no quiso.
En estos casos la dependencia que se debe poner al frente y enviar los informes es la Secretaría de Derechos Humanos, pero resulta que su titular es Baños. Es evidente que debía haber delegado el tema a algún otro/a funcionario/a. Pero mandó una escrito de cinco páginas donde su primer comentario desconcertante es que «afortunadamente» puede ser «certero en la información y conocer detalles del caso» por haber estado a cargo como juez. Luego revela que se quedó con copias del expediente: «Conservo en mi poder papeles de trabajo y copia de resoluciones judiciales de todas las instancias intervinientes que me facilitan este informe y sirven para nutrir el conocimiento de la relatoría interviniente». Es más, adjuntó resoluciones para reforzar su punto de vista, que es el que precisamente fue denunciado y por lo que fue recusado.
Sigue Baños: «El expediente es secreto salvo para las partes del proceso». Dice que la familia de Arshak fue admitida como querellante y que como tal puede impulsar el proceso, aportar y pedir pruebas. Lo que no cuenta es que recién aceptó a la mamá como querellante ocho meses después de iniciada la causa. Esto implica que no pudo controlar la investigación desde un comienzo. En ese lapso la policía entregó cámaras del día previo a la desaparición pero del día indicado solo cuatro; los agentes de Cibercrimen peritaron el celular más importante y perdieron la información porque quedó reseteado de fábrica. El juez evitó allanamientos a dependencias policiales pedidos por la fiscalía con el argumento de que los agentes ya se habían presentado ante él para colaborar. Se subestimó un audio de Herba –el último agente que vio a Arshak– en el que su pareja lo acusaba de hacer desaparecer gente.
El actual secretario de Derechos Humanos afirma ante el Comité contra la Desaparición Forzada que a su entender es prematuro afirmar que el caso del policía se trata de una desaparición forzada. A contramano el fiscal y la querella plantearon la policía porteña obstaculiza que se conozca el paradero o lo sucedido con Arshak y que el expediente debía pasar al fuero federal. Agrega Baños en defensa propia que esas conclusiones «no se compadecían con el razonamiento lógico del plexo probatorio colectado en la causa judicial». Sostuvo que no hay forma de definir el hecho con las medidas y pruebas recolectadas. La excusación que anunció ya no será tal después de todo su descargo.
Ahora el juzgado que él ocupaba lo subroga Martín Yadarola, a quien dijo que le pediría un informe exhaustivo. Este nuevo juez tomó, por lo pronto, una medida relevante que Baños nunca había ordenado: dispuso un relevamiento de causas donde se denuncian cuerpos NN (sin identificación, para cotejar con el perfil genético de Arshak. Encomendó el trabajo al Equipo Argentino de Antropología Forense.
«Cinismo extremo»
La legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos), quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y es una de las pocas que acompañó desde un comienzo el reclamo de la familia de Arshak, no sale del asombro. «Es de un cinismo que no tengamos una respuesta del Estado sobre la investigación de la desaparición de Arshak sino una defensa del juez, sobre su gestión, responsable de los obstáculos y de la impunidad de estos cinco años», sostuvo.
«Es insólito que la primera respuesta del Estado argentino ante la ONU sea la de Baños, principal cuestionado. Dice que se excusa, por reconocerse como parte, pero contesta. ¡La respuesta que nos notifica Naciones Unidas esa! dice Mariano Przybylski, que representa a la querella. «De todos modos –agrega– el mismo Baños ratifica lo que nosotros denunciamos: que no hay medidas activas para buscarlo, que la causa no está orientada a la desaparición forzada, lo que implicaría sospecha sobre la fuerza de seguridad. En todo caso podemos pensar que su respuesta ratifica los problemas de la causa y que Baños es parte del problema».
