El proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación tuvo este martes su tercera jornada de debate en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde se presentaron de manera remota la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez, entre otros. En un escenario marcado por la negativa de Juntos por el Cambio a debatir el proyecto de forma virtual cuando llegue a Diputados, en la audiencia se volvieron a escuchar argumentos a favor y en contra de la iniciativa.
Antes de que comience la audiencia en el Senado, el presidente Alberto Fernández expresó su opinión ante la postura de la oposición. El mandatario calificó, en declaraciones a Futurock, como «insólito» que la oposición no quiera tratar el proyecto de reforma judicial en el Congreso y dejó en claro que el texto siempre puede ser «mejorable» y «perfectible».
Durante el plenario que se extendió por más de tres horas la ministra Gómez Alcorta ponderó el proyecto de Reforma Judicial porque incluye dos artículos en los que se tiene en cuenta el acceso igualitario a la justicia. «Cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas», afirmó.
La funcionaria mencionó que en el proyecto enviado por el gobierno de Fernández «hay cuestiones de género centrales» y mencionó el artículo 16 de la norma «que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de géneros».
Por su parte, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó que la iniciativa «debe hacerse» ya que «es necesaria y muy urgente», pero consideró que «la ley tal como está planteada «tiene algunos problemas», ya que remite a «un modelo antiguo».
Martínez sostuvo ante los senadores que sería conveniente «introducir modificaciones». «Se crea una cantidad muy grande de juzgados (en el fuero federal) 46 juzgados y 45 fiscales y sólo 12 defensorías», señaló y opinó que «con ese déficit no se puede funcionar».
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez elogió la idea del proyecto de transferir competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como «una política de estado que arrancó con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y cuando los jefes de gobierno fueron Aníbal Ibarra y Mauricio Macri».
En tanto, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Rívolo, cuestionó que siga sin aplicarse el sistema acusatorio y remarcó que la modificación impulsada consolidará una desigualdad en el acceso a la justicia entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. «El proyecto ingresado arroja comparativamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Provincia de Buenos Aires una cantidad desequilibrada de fiscalías. Para la Ciudad, con 3,8 millones de habitantes, tendríamos 46 juzgados y 35 fiscalías. Para la provincia, con sólo 3,5 millones de habitantes en el Conurbano, habría 27 juzgados y 19 fiscalías», describió.
A su turno, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que «este proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio».
Por su parte, Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura con fuertes vínculos con el macrismo destacó que «si el fundamento de la reforma es evitar la politización de la justicia, no hay que crear jueces, sino juzgar a los culpables».
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del espacio Gente de Derecho, consideró que “por buena que sea la reforma, si sus ejecutores finales” no demuestran “independencia, criterio y valor, la reforma va a fracasar”.
Finalmente, la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 16, Mónica Cuñarro, calificó a los tribunales federales de Comodoro Py como «el único poder fáctico que tiene hoy la Argentina».
«Robustecer al Ministerio Público fiscal y no al juez», propuso Cuñarro, aunque destacó que el proyecto enviado por el presidente Fernández, al que calificó como «una propuesta democrática», no soluciona la situación ya que «la única» solución «no es creando más juzgados sino implementando el sistema acusatorio».
Los legisladores continuarán escuchando
especialistas este miércoles, a partir de las 10 de la mañana. La intención del
oficialismo de llevar el proyecto de reforma judicial al recinto del Senado
antes de que culmine el mes de agosto sigue en pie.
