Los tribunales de Comodoro Py no investigarán las reuniones entre Mauricio Macri y dos de los jueces más influyentes de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, desistió la apelación de su colega de primera instancia contra el cierre de la investigación que había dispuesto el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y dijo que, si se continuara con la pesquisa, solo se profundizaría “la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”. La defensa del representante del Ministerio Público no se agotó en sus compañeros de edificio, sino que escribió que investigar a Macri era socavar la figura presidencial y, por ende, a la estructura republicana de gobierno.
En tan solo catorce páginas, Agüero Iturbe sepultó el escándalo que el año pasado sacudió al edificio de Retiro cuando se supo que Hornos –por entonces presidente de la Casación Federal– había mantenido ocho encuentros con el entonces presidente Macri y que su colega Borinsky se había visto en, al menos, 16 oportunidades –según reveló el portal El Destape. Los encuentros no fueron desmentidos por sus protagonistas e incluso el propio Macri reconoció que jugaba al tenis con Borinsky.
Sin embargo, el 28 de abril pasado, el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a Macri, a Hornos y a Borinsky. En líneas generales, el magistrado dijo que, con la documentación que le habían mandado, no pudo acreditar las reuniones –que sus propios protagonistas habían reconocido–. La fiscala Alejandra Mángano apeló la decisión porque consideró que era prematura y que se había analizado la evidencia de manera parcial. Sin embargo, su colega ante la Cámara no coincidió y se despachó con un alegato que incluye menciones a la inexistencia de una guerra jurídica –o lawfare–, la tendencia a la judicialización de la política y el desprestigio del Poder Judicial.
El dictamen desestimatorio de Agüero Iturbe cayó mal en el gobierno. “Estos jueces y fiscales que hoy se defienden corporativamente entre sí y a Mauricio Macri ya pasaron del desprestigio al más absoluto descrédito, pero esta resolución parece parte de una etapa más oscura: estamos viendo jueces y fiscales que crean realidades paralelas”, le dijo a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria, que había denunciado las reuniones junto con los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
Inicialmente, Soria, Tailhade y Valdés habían denunciado las visitas de los camaristas como parte de lo que fue la “mesa judicial” del macrismo, pero se generó un expediente aparte. La hipótesis de los denunciantes era que se reunían cuando estaba próximo a firmarse un fallo que le interesaba a Macri, particularmente aquellos que hacían blanco en Cristina Fernández de Kirchner o los funcionarios de su gobierno. Esta información fue tenida en cuenta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 cuando dictó los sobreseimientos en la causa del Memorándum con Irán, pero no le alcanzó al fiscal ante la Cámara Federal porteña para mantener abierta una investigación.
Los argumentos para no investigar
No es la primera vez en las últimas semanas que Agüero Iturbe se pronuncia a favor de Macri. También pidió que le anulen el procesamiento que tiene por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, algo que está a estudio de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y que podría conocerse antes del inicio de la feria de julio. Esta vez fue un poco más explícito: “Socavar la investidura de un exmandatario, en este contexto, es derruir la estructura republicana y la división de poderes, so pretexto de una conspiración para afectar a personas sometidas a proceso, las que recurrían a esa instancia luego de obtener decisiones desfavorables a sus intereses en los tribunales inferiores; sin que exista prueba alguna que demuestre semejante afirmación”.
En su dictamen, Agüero Iturbe ensayó una defensa corporativa. Las reuniones de Borinsky con Macri las explicó por el hecho de que el juez encabezó la comisión para la reforma del Código Penal, mientras que en el caso de Hornos habló de “particularidades”. En ese sentido, el fiscal argumentó:
- “De continuar con esta encuesta no arribaríamos a ningún puerto y solo profundizaríamos la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”;
- Que un juez se reúna con un político no es una cuestión que pueda ser zanjada por la justicia penal, sino que debe ser analizada en el Consejo de la Magistratura;
- En ningún caso, se puede decir que las resoluciones que adoptaron Hornos o Borinsky fueron carentes de sustento ni ellos influían en el resto de sus compañeros de Salas;
- “De lo acreditado no surge que estemos insertos en la denominada `guerra judicial’, que se hayan motivado en la intención de perjudicar a adversario político alguno, sino (y más allá del contenido de cada encuentro) que se trataron de decisiones judiciales de personas debidamente imputadas por este Ministerio Público Fiscal y que se encontraban sometidas a distintos procesos por diferentes accionares ilícitos, según el caso”.
Al no haber querellantes, no habrá quien lleve el planteo hasta instancias superiores. La denuncia sobre las visitas de los jueces a Macri se quedó con Agüero Iturbe dando la última palabra. Con los argumentos del fiscal, la pelota queda en el Consejo de la Magistratura, donde hay denuncias contra los jueces pero la situación es tan compleja que el organismo batalla incluso por designar a las autoridades de cada una de las comisiones. Difícilmente pueda avanzar en la investigación de los dos camaristas.
