Sobre el humo, más humo. El desastre provocado por el fuego en la Patagonia forzó al Gobierno a mostrarse activo y a ensayar algún tipo de respuesta. Con más de 37 mil hectáreas arrasadas, y casi dos meses más tarde del inicio de uno de los principales focos –las primeras llamas en el Parque Nacional Nahuel Huapi comenzaron el 25 de diciembre pasado–, los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron –muy tarde– una serie de medidas para contrarrestar la crisis ambiental. El mensaje fue grandilocuente: ambos posaron para la foto rodeados por helicópteros, militares y gendarmes en la ciudad de El Bolsón, desde donde comunicaron la creación por decreto de una nueva Agencia Federal de Emergencias que, en principio, centralizaría los distintos organismos ya existentes preparados para intervenir. También anunciaron que enviarán un proyecto de ley al Congreso que elevaría las penas de quienes inician los incendios, aunque sin mayores precisiones sobre su contenido. Mientras tanto, desde Casa Rosada siguen apuntando –sin pruebas– a las comunidades mapuches de la Comarca como los responsables, al tiempo que arrecian las detenciones ileglaes de voluntarios y los allanamientos en casas de activistas ambientales.
Según Bullrich, la nueva agencia servirá para «ejecutar de manera vertical» los fondos necesarios para las emergencias, y permitirá que «todas las estructuras que hoy están dispersas en todos los ministerios para ser eficientes y poder tener más medios y menos estructuras». A priori, una fusión de los distintos organismos: la ministra ya se encargó en enero de trasparsarse bajo su órbita al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SFMF), por lo que no se descarta que haga lo propio con la Dirección de Lucha Contra Incendios y Emergencias y la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, dependientes de la Administración de Parques Nacionales, donde trabajan buena parte de los brigadistas que combaten el fuego desde la primera línea. La cartera de Bullrich también tiene bajo su ala al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), que coordina la prevención y la acción de catástrofes.
Pero Bullrich no dijo una sola palabra de las consecuencias que tuvo el plan motosierra sobre organismos como Parques Nacionales y el SNMF antes de la crisis. El Gobierno libertario viene de despedir a 30 brigadistas de Parques en enero mismo, en pleno desastre; mientras que al resto se les renovó contrato por apenas tres meses, hasta abril. Eso sin contar los cien despidos concretados en Parques durante el año pasado, entre técnicos y administrativos.
Además, tal como contó Página/12, el Gobierno ejecutó apenas un 22 por ciento de los fondos del SNMF durante todo el 2024, según el último informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Otros estudios, como el de Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA) dan cuenta de que el ajuste es todavía más profundo: los fondos inicialmente destinados para el área sufrieron un recorte de más del 70 por ciento en términos reales si se los compara con el 2023, antes que Milei asumiera.
Humo y punitivismo
Respecto del proyecto para aumentar las penas para quienes inician los incendios, Bullrich y Petri dijeron que “vamos a ser implacables con aquellos que incendian, que hacen terrorismo y que queman propiedades y bosques que son importantísimos para nuestro país”.
Ninguno de los dos ministros, sin embargo, habló de introducir figuras penales para aquellos dueños de campos que queman sus propios terrenos. “Si al Gobierno de verdad le interesa cuidar los bosques, debería penalizar los desmontes, que se producen de manera ilegal y de parte de propios emperesarios que del agronegocio que ellos mismos protegen», le dijo a Página/12 Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
«El incendio forestal ya esta penalizado cuando se trata de una situacion como la que estamos viviendo. Se aplica la acusación de estrago. No es que haga falta aumentar las penas, sino prohibir y penar los desmontes. El anuncio es básicamente punitivista sin sentido. Eligieron eso en lugar de asumir su responsabilidad. Tienen dos Parques Nacionales con 25 mil hectáreas quemadas, en el peor incendio de las últimas tres décadas. Se necesita una respuesta a la altura y no llega», concluyó el especialista.
En tanto, Petri habló también de «terroristas» para calificar a los que inician el fuego. Palabra ligada, según la política histórica de Bullrich, a las comunidades mapuches. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo de traductor: «Tenemos información de que la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) ha sido parte de los incendios», dijo sin ponerse colorado.
Según denunciaron organizaciones la Comarca, el discurso violento hacia las comunidades se tradujo en acción: «En el día de hoy, martes 11 de febrero, en horas de la mañana, nos enteramos de un nuevo operativo conjunto en múltiples lugares de la cordillera de Chubut, donde allanaron a comunidades mapuche-tehuelche, viviendas de vecinos y a la Radio Petü Mogeleiñ de la localidad de El Maitén. Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria. No es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas», denunciaron desde la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia.
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