A días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el clima político y social se agrava en la provincia de Jujuy: descuentos de hasta 100 mil pesos a docentes, cerca de cien actas contravencionales por protestar, algunas con multas que llegan a los 2 millones de pesos, juicios penales contra manifestantes, y el Tercer Malón de la Paz con el reclamo trasladado a Buenos Aires resistiendo la nueva Constitución que cercena derechos.
Además, se suman presentaciones judiciales en contra de la Carta Magna reformada. En Jujuy ahora se presentó en la Corte Suprema de la provincia (como pasó a llamarse con la reforma el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy) un recurso de inconstitucionalidad del Código Contravencional. La novedad fue informada en conferencia de prensa por integrantes de la Multisectorial contra la Reforma.
El recurso, patrocinado por las abogadas Mariana Vargas y Lorena Mamaní, solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 69, 70, 71, 90, 103, 112 y 113 del Código Contravencional, que intentan “legalizar” normas manifiestamente ilegales y que fueron incorporados a la Constitución reformada, también tachada de inconstitucional.
La presentación plantea en primer lugar que el Código Contravencional de Jujuy es inconstitucional por arrogarse la facultad de legislar en materia penal, lo que solo puede hacer el Congreso Nacional. Además, otros artículos de ese Código cuestionado atentan contra los derechos de reunión, libre expresión, petición a las autoridades, protestas y permanencia en la vía pública.
«Este Código Contravencional provincial violenta la garantía del non bis in idem (principio fundamental del derecho penal que prevé que nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos) permitiendo la doble persecución estatal por la misma conducta», sostuvo Vargas.
Unas cien personas fueron notificadas de que se les labraron actas contravencionales, con multas, por los hechos del 17 de junio, cuando la Policía reprimió en el corte de ruta en Purmamarca; las protestas del 20 de junio en la capital provincial y la represión del 30 de junio en Humahuaca. En algunos casos les iniciaron además procesos penales, es decir que deben responder en el ámbito administrativo y en el judicial por los mismos hechos. Por otro lado, las pruebas acusatorias presentadas por el estado provincial son videos de redes sociales, publicaciones de reuniones, encuentros y actos de militantes, y datos reunidos mediante inteligencia policial y espionaje a las organizaciones sindicales, sociales y originarias.
“Morales quiere hacer ver que las contravenciones se trata de la justicia, y no es la justicia, es lo administrativo, porque depende del Departamento Contravencional del Ministerio de Seguridad con una connotación penal que por ello es ilegal, y encima viola todas las garantías que tenemos ciudadanos y ciudadanas ante procesos penales, por eso es tan mamarracho, y es lo que planteamos”, expresó Vargas.
«Son actos de intimidación», aseguró. La abogada contó que aún no tienen los fundamentos de las condenas, solo las resoluciones, y por lo tanto, «No estamos habilitados a interponer recursos, porque lo único que quieren es intimidar. Legalidad no hay», ratificó. Dijo que por esta razón, no pagarán «un peso” de las multas que el estado jujeño intenta cobrar a manifestantes. Y agregó que sería bueno que el gobierno de Gerardo Morales «deje de implementar este Código Contravencional y artículos que son inconstitucionales y que avasallan a la ciudadanía”.
El procedimiento para el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad prevé que se le corra traslado al gobierno provincial y luego se resuelva. La Multisectorial adelantó que si no hay respuesta al planteo recurrirá a la Corte Suprema Justicia de la Nación. “Ninguna Corte nacional puede habilitar que se viole la Constitución Nacional», subrayó Vargas. Sostuvo que es un problema federal, que la provincia se muestra como ajena al país y «tenemos que volvernos a ubicar en el derecho de nuestro país».
Otro artículo cuestionado del Código Contravencional es el 35, que permite a los jueces contravencionales embargar en forma directa mediante la “detracción de haberes” los salarios de ciudadanas y ciudadanos, violentando la tutela judicial efectiva y la defensa en juicio.
De la conferencia de prensa de ayer participó una treintena de personas afectadas por las actas contravencionales con situaciones particulares, algunas han podido demostrar el armado de causas y fueron absueltas, como pasó con una comunicadora social que fue notificada de que se le había labrado un acta de infracción por participar del corte de Purmamarca cuando en realidad estaba registrando lo que sucedía en esa protesta.
Descuentos a docentes
Docentes del nivel inicial y primario, secundaria y terciaria que cobraron ayer sus haberes se dieron con la sorpresa de que les hicieron descuentos de hasta 100 mil pesos por su participación en el paro en reclamo de mejoras salariales.
Los descuentos dejaron a algunos docentes en situación desesperante. La profesora Marta López, de la capital provincial, cobró solo 23 mil pesos. “Este descuento es para sacarnos de la calle, para que no hagamos paro. (Buscan) ahogarnos en la angustia, estamos luchando por mejores salarios, no es ilegal nuestro reclamo. Estamos convencidos que luchar por dignidad es inclaudicable. Estos descuentos que empezamos a recibir son injustos, detrás de cada docente hay una familia”, lamentó.
Otra docente, Laura Gurrieri, expresó indignada mostrando su comprobante:»Morales tiene que entender que debe garantizar derechos básicos a la población, él no puede andar con caprichos y descontando salarios porque hacemos paro. Llegamos al paro porque Morales no escucha, nos miente, nos amenaza y ahora me deja sin dinero para alimentar a mis hijos. Eso sí es violencia, y es la única respuesta que da a la docencia descuentos, represión, contravenciones”.
La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, confirmó que los descuentos rondan los 100 mil pesos y adelantó que solicitarán información al área de Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es el gobernador electo Carlos Sadir.
El gremio solicitó a la docencia acercarse a su sede para determinar las medidas a seguir. Se informó que hoy darán clases públicas y habrá una nueva marcha. Además, ayer venció el plazo de suspensión del paro por tiempo indeterminado.
Después de que la docencia iniciara un plan de lucha por mejoras salariales, el 5 de junio último, con paro por tiempo intedeterminado, tanto la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) como el CEDEMS fueron convocados a paritarias y si bien hubo avances en la mejora salarial, consideran que es insuficiente.
Después de la gran repercusión que tuvo el descuento de salarios, el gobierno de Jujuy retrocedió con esta medida. Por la tarde informó en un parte de prensa que “Se reliquidarán sueldos de docentes del Nivel Inicial y Primario. Atento a la detección de casos de docentes del nivel Inicial y Primario a los que se les descontaron todos los días de paro en una sola liquidación de haberes, se impartió precisas instrucciones a áreas operativas para proceder a reliquidar sueldos y efectuar proporcionalmente los descuentos”.
