Mecikovsky casi que le ordena que lea lo que le envía previo a responder a la Justicia, disconforme con las actuaciones que, al parecer, venía llevando a cabo el área. “El procedimiento empleado resulta violatorio de varias normas por lo cual se te volverá en contra a vos mismo que sos el responsable a quien le dirigieron el oficio”, lo amenaza. En su extensa nota, Mecikovsky le dice a Russo que es “perfectamente posible y recomendable responder en solo dos líneas consignando que no existen consultas fuera del marco legal de las funciones que detentan o detentaron los agentes Sosa y Mecikovsky… sin ningún otro detalle que no fue requerido por la Justicia”. Más adelante lo cuestionó a Russo afirmando que lo que le solicitó fue “en exceso” al requerimiento judicial y poniendo en tela de juicio el conocimiento de quienes habían avanzado con el sumario cometiendo “errores” que transformaban los accesos cuestionados en ilegales. A Vaudagna, Mecikovsky le envía todo el 20 de enero y le aclara que el “zimbra” -por otro sistema de mensajería- “no es seguro”.
La presión de Mecikovsky sobre Russo surtió efecto: el 13 de noviembre -tres días después- de haberle mandado la dura nota, el diario La Nación que oficia de vocero habitual de todo lo relativo a la defensa de Mecikovsky postuló un artículo en exactamente los mismos términos del correo electrónico acerca de que AFIP finalmente había presentado a la Justicia un informe en el que negaba espionaje ilegal por parte de “dos funcionarios” y que de acuerdo a lo relevado por Integridad Institucional “no se detectaron ingresos ilegales” a las bases de datos. Ni “que los mismos hubieren realizado por fuera del marco legal que los justifique”. La misma letra que Mecikovsky le había indicado a Russo para que responda al juzgado.
Párrafo seguido, también se procede a exculpar a Sosa bajo el argumento de que de las 62 CUIT a las que accedió, 42 bajo secreto fiscal, todas se hallaban justificadas en denuncias, actuaciones de auditoría, causas judiciales o personas con seguimiento por trascendencia pública, lo que resultaba “razonable”. Para la AFIP, esto fue un claro direccionamiento de la respuesta al oficio judicial en un caso que lo involucraba directamente y por añadidura, un intento de encubrimiento del accionar de Sosa, que se encontraba en idéntica situación por otras pesquisas, con lo que la misma respuesta de Russo -dictada por Mecikovsky- funcionaria como una “cobertura” que le permitiera eludir una investigación. Por eso es que la AFIP presentó una denuncia penal distinta por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes.
Pero el 19 de mayo pasado, la AFIP presentó una nueva denuncia penal también por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento a partir del resultado de la Auditoría 17/2021 que derivó en un sumario administrativo dirigido contra Vicente Luis Magnaterra y contra el propio Sosa, que era su jefe. Esa auditoría se relaciona estrechamente con la causa 4262/2017 -la del espionaje masivo a través de DNM a 21 jueces federales, incluyendo a Juan Carlos Maqueda, a políticos como Mariano Arcioni, Alfredo Cornejo, Agustín Rossi, Alejandro Ramos, Claudio Poggi, Hugo Passalacqua, entre otros y personalidades del espectáculo. La denuncia menciona discrecionalidad en el otorgamiento de accesos sin un protocolo y manipulación de la información a la que pudieron acceder. Esa auditoría “permitió constatar un sinfín de accesos que han carecido de todo tipo de justificación”, advirtió AFIP a la Justicia, pero también responsabilizó a Horacio García, el exjefe de Migraciones durante el macrismo. Pero descubrieron algo más llamativo: Magnaterra y Sosa buscaron información de funcionarios de la misma AFIP, ligados en mayor o menor medida a la gestión de Ricardo Echegaray.
Así, Magnaterra no pudo justificar 11 accesos, otros 19 dijo que le dieron orden verbal de hacerlos y uno que fue una “autoconsulta”. Julio César Nieto, Jorge Arce, Sebastián Karamanian y Pedro Roveda. Sosa no pudo justificar 28 accesos, entre los que estaban altos funcionarios como Karamanian, Natalia Mondino, Horacio Curien, Daniel Santana (extitular de Aduanas), Martha Colacilli y Marta Costa. Esto tuvo incidencia en Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Operaciones Aduaneras Metropolitanas. La AFIP fue más lejos en su reciente denuncia penal. “¿Magnaterra que dependía jerárquicamente de Sosa, actuaba por cuenta propia o se valían de la información obtenida para fines ajenos a sus funciones? ¿Puede sostenerse que utilizaron los datos obtenidos para una finalidad ulterior de carácter delictivo?”, se preguntó la AFIP. Dejan abierta la posibilidad de que no solo exista un espionaje para alimentar causas judiciales por vías irregulares, sino que directamente se la haya utilizado con fines extorsivos o para producir informes de inteligencia ilegales. “Tareas de delación o vigilancia ajenas a las labores que reglamentariamente correspondía ejecutar por parte de los sindicados”, se apuntó como hipótesis. Es la primera vez que con semejante contundencia, el organismo recaudador apunta, con información precisa y una sospecha puntual, a echar luz acerca de lo acontecido internamente entre 2016 y 2019.
Un mapa inquietante quedó sobre la mesa con múltiples interrogantes: si la Dirección de Integridad Institucional no solo se usó para perseguir a funcionarios de anteriores gestiones, sino también para encubrir a los propios; si hay pruebas sustentadas con auditorías que dan cuenta de accesos indebidos a los sistemas internos y un tráfico de datos provenientes de otras bases como la de Migraciones; si Mecikovsky y Sosa -como en el caso Oil Combustibles- fueron siempre considerados testigos estrella de todos los procesos penales impulsados por AFIP contra objetivos políticos y eran ellos mismos los que alimentaban con información administrativa, presuntamente veraz esos procesos que tenían como única fuente al organismo; si se revocaron sobreseimientos en causas en las que se los investiga por falso testimonio; si la apertura de un sumario formal por la denuncia de espionaje contra la familia Kirchner y allegados avanza, ¿es posible pensar que el escándalo pueda sacudir los cimientos de la AFIP como nunca antes?
