El 4 de enero pasado escribí, en este mismo diario, acerca de un informe que el CIPPEC había realizado sobre lo que consideraba “regímenes especiales”. Ese reporte afirmaba que existen 3,7 millones de beneficiarios que encajaban en “beneficios especiales”, donde incluían a los 3,3 millones de beneficios de los Planes de Inclusión Jubilatoria, sobre un total de poco menos de 7 millones, equiparandolos a los jueces y al servicio exterior, por ejemplo.

Ese informe fue realizado para sostener que la seguridad social «no es sustentable”, en un cuadro de presión para achicar el gasto en un 2,5 por ciento del PBI, a pedido del FMI. Es necesario recordar esto porque quien va a asumir la Dirección Ejecutiva de la Anses el 10 de diciembre, el Lic. Osvaldo Giordano también tiene una consultora, a la que bautizó IDESA, y no tuvo mejor idea que copiar el informe de la CIPPEC y, por supuesto, llegar a las mismas conclusiones.

La “sustentabilidad” de la seguridad social es una decisión política y no económica. Ni el Poder Judicial es sustentable ni las FFAA lo son sustentables, ya que ninguno genera recursos. La sustentabilidad depende del interés que el gobierno tenga en dirigir recursos a determinada política estatal. Los que consideramos que la seguridad social es la mejor y más equitativa manera de distribuir la riqueza, creemos que un gobierno que desea construir un país justo, equitativo y solidario, debe invertir más en seguridad social.

Prioridades

Está claro que el gobierno electo y el FMI quieren continuar con lo que comenzó el gobierno de Macri con las Leyes de Reparación Histórica y Reforma Previsional, llevando al sistema previsional a un régimen de capitalización individual, como lo ha expresado durante la campaña el presidente que asumirá el 10 de diciembre.

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Le dejaremos al futuro presidente y al designado director ejecutivo de la ANSES una pequeña muestra de que, si la decisión fuera hacer “sustentable” la seguridad social, lo podrían hacer de manera muy sencilla, sin afectar a la clase media.

Desde 1993, por la baja de cargas sociales, el Estado pierde el 2,99 por ciento del PBI, que corresponde a los recursos de la seguridad social. De ello, el más aberrante de los privilegios, corresponde a los servicios audiovisuales: el Grupo Clarín, a través de una triangulación con el IVA, no paga un peso en contribuciones patronales, al igual que La Nación.

Mientras los economistas del entrante gobierno analizan cómo derogar la ley que hizo que los trabajadores dejaran de pagar el Impuesto a las Ganancias, los que todavía tributan ese impuesto pueden descontar gastos insólitos, que los terminan pagando, a través de tributos, los más vulnerables. Durante 2023, esas sumas alcanzaron el 2,64 por ciento del PBI. Como verán, es mucho lo que podrían ahorrarse ajustando a quienes cobran bastante más que un colectivero, un taxista, un minero, un docente, o ese que todas las noches pasa por su casa a levantarle la basura.

Falta, por si fuera poco, el privilegio de los que no tributan ganancias: Jueces y Fiscales de la Nación que, por supuesto, no se verán afectados por los recortes en favor de la “sustentabilidad”. El tema es muy sencillo, se puede hacer sustentable la seguridad social haciendo que la sustenten los ricos, o que la sustenten los pobres. La decisión es política.

* Abogado, ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.

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