La conflictividad social en Francia es parte de la normalidad desde hace décadas y la situación está que arde para el presidente Emmanuele Macron: donde se aprieta, brota un pus que huele a racismo. Y cualquier chispa prende un incendio, ya no solo en París sino en otras ciudades, como sucedió esta semana con el asesinato de Nahel Merzouk –17 años, ascendencia argelina– en un control policial, que fue filmado el pasado 27 de junio en Nanterre –afueras de París– y encendió la ira.
Miles de jóvenes salen por las noches a protestar y hasta ahora fueron incendiados 2.508 edificios y 12.031 autos con 3.505 personas detenidas, en su mayoría muy jóvenes. Las cifras las dio el ministro del Interior, Gérald Darmanin –ante el Senado– señalando que, aunque en las últimas noches la violencia se ha reducido mucho, «es muy difícil saber qué va a pasar en los próximos días». Agregó que la policía ha registrado 23.178 incendios y que de todos los edificios incendiados, 273 eran comisarías de la Policía Nacional o de la Policía Municipal y cuarteles de la Gendarmería. Y explicó que la edad media de los detenidos es de «17-18 años», que el más joven tiene 11 y el mayor 59, y que «sólo» un 10 por ciento son extranjeros y un 60 por ciento no tenían antecedentes judiciales.
El crimen que desató la ira
El titular de Interior reiteró la idea de que el brigadier que disparó al joven había recibido varias condecoraciones y «no respetó la ley de 2017» que, en un contexto marcado por la ola de atentados yihadistas en Francia, amplió la autorización del uso de las armas contra los que se saltan un control policial y podrían poner en peligro la integridad de las fuerzas del orden o terceros.
Ante las críticas lanzadas por una parte de la izquierda, que ha pedido la modificación de esa ley con el argumento de que ha dado lugar a un uso mucho mayor de las armas por los agentes y a un récord de 12 muertos el pasado año, el ministro se mostró contrario. «La Policía y la Gendarmería no disparan más que antes, pero los que se saltan los controles sí que aumentan».
El daño económico general de las protestas para una economía del tamaño de la francesa es pequeño. Los mayores perjudicados fueron miles de pequeños comerciantes que sufrieron saqueos: 436 kioscos de venta de tabaco, 30 comercios de venta de alimentos y 200 más atacados, decenas de tiendas y de restaurantes de comida rápida destrozados y 370 sucursales de banco dañadas. El total de autos quemados fue de 6.000. Quizá el daño mayor sea el de la imagen del país –el mayor receptor de turismo del mundo— que el año que viene tendrá que organizar sin conflictos los Juegos Olímpicos de París.
Los problemas de fondo
Parte central del problema deriva del bajo nivel de integración económica, política y cultural de los cerca de 20 millones de inmigrantes o descendientes de ellos, llegados en su mayoría desde las excolonias francesas: la sociedad ha fracasado en lograr que se sientan parte de una sociedad y un Estado que los proteja, sino que en verdad los discrimina racialmente, los menosprecia económicamente e incluso los mata con una policía con altos niveles de racismo. Las posibilidades de que una persona cuyo color de piel o rasgos la defina como inmigrante tienen 20 veces más de posibilidades de ser frenada en la calle por la policía para controles de rutina, como le sucedió al asesinado Nahel.
La periferia de los “banlieue”
Estos ciudadanos de segunda viven en barrios periféricos que nunca están en la postal típica parisina, llamados “banlieue”. Allí, un porcentaje importante de la población vive en situación de marginalidad con limitados servicios públicos. Son ellos quienes se terminan rebelando cuando algo los colma, en general algún video que no deja margen de duda sobre la criminalidad estatal. Estos barrios con altos bloques de edificios despintados surgieron en los años 70 y 80 y no reciben el mismo trato gubernamental que el resto de la ciudad. Algo parecido sucede en ciudades como Lyon y Marsella.
Fue en los banlieues –Clichy-sous-Bois concretamente– donde surgieron los disturbios populares de 2005 cuando dos adolescentes perseguidos por la policía murieron electrocutados al intentar esconderse. A partir de este episodio, miles de franceses de origen marroquí y argelino salieron a las calles –también en otras ciudades– a quemar centenares de autos durante tres semanas. El resultado fue miles de detenidos y varios muertos.
Emmanuell Macron ha prometido comenzar a resolver los problemas de fondo que generan estas verdaderas rebeliones, mientras la ultraderechista Jean Marie LePen aprovecha para pescar en río revuelto acusando al presidente de tibio e incapaz de poner orden, en una sociedad convulsionada por el racismo, la desigualdad y el desempleo entre los jóvenes de origen extranjero con varias generaciones en el país. La calma parece estar llegando pero las pústulas brotan todo el tiempo y la sociedad francesa parece vivir de manera permanente al borde del estallido.
