Cada vez es más evidente la brutal ofensiva para derribar la causa sobre el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños y empresarios de medios. La estrategia, ahora que el caso tramita en Comodoro Py como querían los imputados, está centrada en invalidar medidas de prueba claves e impedir que haya querellantes. La Sala II de la Cámara Federal anuló la orden para hacer un entrecruzamiento de llamados de los involucrados e identificar sus contactos frecuentes, que había sido impulsada por el juzgado federal de Bariloche cuando todavía tramitaba ahí el expediente. A la vez, fue rechazado el pedido de la AFIP para querellar. Ese organismo había detectado que las facturas presentadas por la mayoría de los viajeros serían truchas y que hay «indicios de delitos tributarios». La sospecha es que fue la estrategia para mostrar que pagaron de su bolsillo la travesía que los llevó a la estancia del magnate Joe Lewis y que no fue una dádiva. El tribunal, además, impidió que participe como «amicus curiae» (amigo del tribunal) la ONG Abogados por la Justicia Social.
La investigación tuvo sus únicos avances mientras estuvo radicada en Río Negro, bien lejos de Comodoro Py. Pero los imputados lograron mudarla al edificio de Retiro, donde se sienten en casa y amparados. A la luz de las decisiones tomadas hasta ahora, tienen razones para suponer que es así. Algo muy nítido es que ni el juez Sebastián Ramos ni algunos camaristas quieren permitir que ingresen querellantes de organismos del Estado o «amicus» en el expediente. Así como rechazaron a la AFIP también habían rechazado antes al Ministerio de Justicia. En tiempos de Mauricio Macri, al contrario, la AFIP y otros organismos (como la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción) entraban a las causas por un tubo. Así, por ejemplo, se mantuvieron por años insistentes pedidos de indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner en la caso de la «ruta del dinero», en la que acaba de ser sobreseída.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consumaron su acto de protección corporativa en tres resoluciones que se conocieron en las últimas horas y que sirven para blindar el expediente. Una está destinada a impedir que se analicen llamadas y contactos en el período de planificación y concreción del viaje. Las otras dos frenan la posibilidad de un control sobre la investigación y de pedidos para avanzar en ella. Una cuarta resolución confirmó al fiscal Federico Delgado, que había sido recusado.
Pruebas y obstáculos
El viaje a Lago Escondido, que transcurrió entre el 13 y el 15 de octubre el año pasado. Ante la publicación se abrió una causa en Bariloche, con la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. La fiscala Cándida Etchepare dictaminó que había razones para hacer una investigación y el juzgado, por entonces subrogado por la jueza federal Silvina Domínguez, tomó varias medidas. La fiscalía imputó a todos los miembros del contingente judicial-político-mediático por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público.
Aquel dictamen señalaba ya entonces anomalías con la facturación, que luego la AFIP confirmó: los comprobantes de la empresa aérea que los llevó y trajo de regreso en un vuelo privado, llamada Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (Flyzar), tienen la fecha del día de la partida pero fueron emitidas después, el 17 de octubre. Están a nombre de cada uno de los jueces y funcionarios, como si hubiera sido un gasto costeado por ellos, y dice que abonaron en efectivo, 120 mil pesos cada uno. Las facturas de la empresa Hidden Lake S.A (Lago Escondido) por el hospedaje, también están personalizadas, no son electrónicas, llevan el valor de 605 dólares y fueron emitidas el 28 de octubre, dos semanas después.
La jueza Domínguez (que luego se jubiló) hizo un allanamiento en la mansión de Lewis, al que concurrió en persona, donde encontró documentos que mostraban, por ejemplo, que los empresarios que recibieron al grupo en el aeropuerto, habían viajado separados, en un vuelo de línea, de Aerolíneas Argentinas, e incluso volvieron después. Halló, entre otras cosas, constancias de servicios de masajes y de un viaje en helicóptero al cerro Perito Moreno, que estaba cerrado al público. También había papeles que describían que la estadía era por un evento al que denominaron «Referente de medios». Entre quienes viajaron estaban el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, los jueces Pablo Cayssials (Contencioso), Julián Ercolini (penal de primera instancia), Pablo Yadarola (Penal económico), el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el consultor Tomás Reinke.
En la presentación que haría la AFIP ya en Comodoro Py al juez Ramos, advertía que había encontrado «indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco», por el que considera que debe intervenir en la causa. «Las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos», decía.
Medidas para el blindaje
* Desde el juzgado federal de Bariloche, Domínguez le había encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema que identificara los llamados telefónicos de los denunciados, los números con los que se contactaban con frecuencia y sus titulares, y los lugares desde donde se hicieron las comunicaciones. Pedía el entrecruzamiento desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre, día del regreso. La defensa de Yadarola cuestionó la orden de hacer el análisis de teléfonos y los jueces Irurzun y Farah le dieron la razón: declararon la nulidad de lo dispuesto (que no se había llevado a cabo). Alegaron que el juzgado no había «justificado legalmente (…) la intromisión en derechos individuales de los afectados y en esferas ajenas a la incumbencia jurisdiccional». El camarista Roberto Boico firmó una disidencia parcial: coincidió en la nulidad, que implicaría «actos invasivos a la intimidad sin cumplir los recaudos de fundamentación». Pero aclaró que el análisis podría «arbitrarse sin problema alguno de aquí en adelante» y está justificado «a cuenta del derrotero posterior que se advierte en la causa».
* La dupla Irurzun-Farah rechazó a la AFIP como querellante, tal como había hecho el juez Ramos. «La eventual sustracción al control de la agencia, no resulta una pauta definitoria de los delitos objeto del caso», dijeron e invocaron jurisprudencia de la sala. Boico votó en disidencia y sostuvo, al contrario, que la AFIP fue aceptada por la misma sala en «pedidos análogos» por verse afectada. Además de la presunta adulteración de facturas, señalaba el organismo, no habría que descartar otros elitos, como la evasión.
* Irurzun y Farah confirmaron el rechazo a un pedido de la organización AJUS La Plata para intervenir como «amicus curiae», una figura que habilita la participación de terceros en expedientes donde pueden tener algo que aportar para el esclarecimiento del caso. «No hay en la causa un debate sobre un tema específico en que se requiera la opinión –para pluralizar, enriquecer o fortalecer soluciones– de un ente o persona con reconocida trayectoria y solvencia» en cuestiones institucionales. Boico votó en disidencia: «La naturaleza del caso y de sus involucrados -fundamentó- permite observar, en torno a aquél, un interés que trasciende a las partes con una proyección cierta hacia el resto de la sociedad», fundamentó. Ese la única expresión en la resolución que deja entrever que lo que se juzga es un hecho con implicancias institucionales. No pareció un simple viaje de amigos, sino de jueces a cargo de causas que tocan al macrismo o a los intereses de sus propios compañeros de aventuras.
