“Para nosotros, fue una sorpresa”: la respuesta pertenece a Anselmo Torres -rector de la UNRN y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)– para un medio, pero pudo haber sido dicho por cualquier otro directivo de las universidades públicas, que esperaban una decisión de la Justicia sólo después de la Marcha Federal convocada para el 12 de mayo. El Gobierno levantó el fallo de la Cámara de segunda instancia como un triunfo político y una validación a su postura, aunque el documento no validó sus argumentos. Lo que parece haber ganado es tiempo; el que desee la Corte Suprema hasta decidir. En simultáneo, gremios y rectores preparan un segundo tiempo tras la convocatoria.
La discusión de los abogados del CIN ahora se enfoca en si el fallo efectivamente concreta la suspensión de la implementación de la ley de Financiamiento. Citan el artículo 258 del Código Procesal Civil al respecto de las ejecuciones de la sentencia, en donde sólo una medida de la Corte Suprema puede interceder para suspender la aplicación de medidas dictadas en primera y segunda instancia. La difusión del Ministerio de Capital Humano precisamente enfatiza la solicitud del «efecto suspensivo» en su comunicado, en donde explicita que «la Cámara concedió dicho recurso». “Buscan bajar los ánimos del sistema universitario”, opina Torres.
Comprender la ambigüedad del fallo, en donde se citan múltiples jurisprudencias y concretan una aplicación esmerada del intrincado lenguaje legal, sólo es posible con asistencia jurídica pero está a la vista: se plantea que la implementación de la ley de Financiamiento Universitario no es motivo de “gravedad institucional” y que no provocaría la “frustración de un derecho federal real y concreto” (en referencia al Decreto 759/25, en el que el Gobierno dictaminó la ley en el mismo documento en donde planteó el argumento para no aplicarla). Es más, los jueces no disimulan su malestar por la calificación de “arbitrarios”: “No cabe la consideración de esa tacha por esta Sala”. Aún así, concedieron el recurso del Ejecutivo.
Los trabajadores docentes -que no tienen una paritaria desde octubre del 2024- sufrieron una retracción del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero del 2026 según la CONADU: un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $ 305.604. “El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar. Tuvimos muchísima paciencia para construir las movilizaciones que permitieron dar lugar a la ley, reafirmarla y rechazar el veto. Toda esa paciencia se agotó”, comentó Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU.
«Cumplimos lo que el Congreso votó: presupuesto nacional”, exaltó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una publicación del 6 de mayo en X. El mensaje incluye una confesión: el Gobierno cumple con su Presupuesto 2026 -que incluye una caída interanual del 5,9% en términos reales en el primer trimestre (Oficina del Presupuesto del Congreso-, pero no con la ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia representa la derrota oficialista en la discusión de ese proyecto.
“El conjunto jurídico de un país no es un menú a la carta, en donde alguien pueda decidir qué ley aplicar y qué no«, planteó Anselmo Torres en una conferencia de prensa del CIN, el mismo evento en que su presidente, Franco Bartolacci, explicó que “las transferencias que está haciendo el Poder Ejecutivo son las que están comprendidas dentro del Presupuesto 2026 que consolida en su ejecución el desfinanciamiento y el ajuste hacia el sistema universitario».
El día después de la Marcha Federal
En el Congreso, escenario que La Libertad Avanza insinuó que serviría para hacer avanzar una contrapropuesta con una ley afín a su objetivo fiscal, la situación es de parálisis. “Está frío el proyecto”, admitieron desde el oficialismo, a pesar de que Martín Menem insinuaba una redacción que fue relegada a la estrategia judicial. La Comisión de Educación en Diputados está frenada desde el 18 de marzo y la del Senado se conformó sin mencionar el conflicto universitario. Consultada una de sus autoridades, la respuesta fue que una iniciativa del Ejecutivo no está siquiera en agenda y que priorizarán otros “180 proyectos con estado parlamentario”.
Desde CONADU, apuntan a continuar convocando a movilizaciones, que vayan más allá de convocatorias hacia representaciones del Poder Ejecutivo y puedan impactar en Tribunales. Mientras tanto, los rectores universitarios -todos con alcance en la dirigencia política institucional, pero con distintas representaciones partidarias- sostienen el precepto de que la estrategia unificada es más eficaz. En ese marco, sus representantes legales está considerando una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra -al menos- Manuel Adorni y Sandra Pettovello, en tanto responsables de la ejecución de las partidas.
En el mientras tanto, la expectativa está puesta en el desarrollo masivo y sin conflictos urbanos de la Marcha Federal Universitaria, una jornada a la que el Gobierno buscará desacreditar sacudiendo el más reciente fallo. La atención está fijada, además, en los tiempos de la Corte Suprema. Ante ello, Franco Bartolacci reiteró en conferencia de prensa el objetivo de la convocatoria: “Que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta”.
