“Llegar a este juicio es volver al infierno que pasé, pero es regresar para buscar justicia, porque altos mandos del poder participaron de ese infierno, abusaban de mujeres y niñas y esto no puede quedar así”. Las palabras pertenecen a Inés (nombre ficticio), una mujer oriunda de Córdoba que fue captaba en 2013 por una red de trata de personas que operaba en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Este miércoles 10 de mayo comienza el juicio en el que están acusadas 18 personas, entre ellas un exfiscal federal de esa provincia, Benito Pont; exfuncionarios de Gendarmería, como Pedro Norberto Sánchez y José María Viero; abogados y otras figuras claves del poder local. En la causa hay 36 víctimas, pero sólo llegan al juicio dos de ellas.
Todos los procesados están acusados de participar o de encubrir a la red que tenía como actividad principal la explotación sexual de mujeres y niñas en tres lugares de Paso de los Libres. Captaban a sus víctimas con ofertas laborales engañosas, como ser bartenders de un boliche y luego a través de mecanismos de generación de deudas y amenazas, coartaban su libertad, no las dejaban salir y las obligaban a prostituirse.
La red fue desbaratada en 2016 luego de la investigación de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. En 2017 los imputados fueron procesador por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
Los prostíbulos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi fueron cerrados junto al motel Momentos, que era propiedad de un gendarme.
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Luego del análisis de las pruebas y llamadas telefónicas quedó bajo investigación también el exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.
El infierno de la trata
Inés vivió cuatro años de lo que ella denomina un “infierno”. Recuerda que se hacían allanamientos de fuerzas de seguridad local pero eran todas “actuaciones” o los dueños del lugar eran advertidos por las mismas fuerzas y luego todo quedaba en la nada. Hasta que en 2016 se hizo el allanamiento luego de la investigación de la jueza Pozzer Penso y la Protex.
La magistrada que instruyó la causa denunció hace pocos días haber sufrido amenazas y por ello reforzó su seguridad personal.
Inés resguarda los datos de la localidad y la provincia donde vive ahora para preservar su integridad. Tiene protección de organismos que acompañan a víctimas de trata de personas, aunque asegura que no es suficiente para todo lo que vive una sobreviviente de este delito, que tiene que reconstruir su vida completa de un día para el otro y reponerse no de una violación, sino de miles de violaciones y un contexto de manipulación terrible.
“No es solamente lo que se lee en los libros. Las personas que nos acompañan tienen que escuchar lo que pasamos las víctimas de trata. Necesitamos poder proyectar nuestra vida con ayuda sólida, necesitamos estabilidad para poder armar proyectos y no vivir en la incertidumbre”, remarca.
Hoy Inés busca justicia no solo por ella, sino también por su hija, que también fue abusada por los proxenetas.
Las redes de trata de personas se caracterizan por funcionar con la complicidad de distintos poderes y no siempre se llega a juzgar todas las responsabilidades, como sí sucederá en este juicio.
“Estos lugares contaban con habilitación municipal, hacían propaganda en las radios. Los dueños de los prostíbulos conseguían los preservativos gratis que daba el gobierno y nos lo vendían a nosotras. Teníamos que pagar todo, el alcohol, los preservativos. También inventaban un sistema de ‘multas’ para sacarnos todo lo que recaudábamos para mantenernos cautivas. Si tenías frío y te abrigabas, te cobraban multa, igual que si mirabas el celular”, asegura la mujer.
Inés recuerda que no cualquier persona es captada en estas redes. “Llegan a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, como estaba yo”, cuenta.
La dura historia de vida de Inés comenzó desde su nacimiento. Fue abandonada de bebé y pasó su infancia y adolescencia transitando distintas instituciones de Córdoba. En un momento la llevaron a la casa de un hermano que abusó de ella. La volvieron a institucionalizar. A los 18 salió de allí sin nada y comenzó a trabajar limpiando casas de familia. Tuvo a su primer hija y a los ocho años su segundo hijo.
Cuando el más pequeño tenía un año, recibe una oferta para ir a trabajar a Corrientes. Se llenó de esperanzas. Era lo único que tenía para poder mantenerlos. Dejó a su hija a cargo de una allegada y al más chiquito con una niñera. En un momento dado tuvo que llevarse a su hija a Corrientes y es allí cuando abusan de ella.
Al ser recatada, a Inés le costó recuperar a su hijo más chico pero pudo reconstruir su vida. Hoy lucha para poder llegar a la justicia, para que se cumplan en la práctica las garantías que la ley ofrece a las víctimas de trata, y para que esto “no vuelva a pasar nunca más”.
Acusados
El exfiscal Benito Pont, denunciado en 2016 y procesado en 2017, será enjuiciado por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además del exfuncionario judicial (imputado como partícipe), están acusados Rosana Rodríguez, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, procesados como supuestos jefes de la asociación ilícita. Como presuntos coautores materiales, están Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, mientras que Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el excomandante de Gendarmería, José María Viero (cuñado de Pont), llegan al debate como partícipes. También, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, quienes figuran como coautores de los delitos investigados por 11 hechos, y María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain como coautores por ocho hechos reiterados.
