La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió copia digital y copia certificada del incidente donde el juez Carlos Rosenkrantz reclamó, cuando ya integraba la Corte Suprema, la regulación de honorarios en un juicio por coparticipación en el que representó a la provincia de Santa Fé contra el Estado Nacional. En un escrito firmado por su viejo socio, Gabriel Bouzat, calculan que les corresponde 18.000 millones de pesos, un monto que provocó un escándalo en la provincia ya que la administración santafesina tiene sus propios abogados y, sin licitación alguna, se le adjudicó el trabajo a los estudios de Rosenkrantz y de Ricardo Gil Lavedra, éste último íntimamente vinculado con Juntos por el Cambio. El asunto aún no fue resuelto por los cortesanos. Rosenkrantz ya afrontaría una acusación por haber intervenido en expedientes donde sus exclientes eran parte, algo que no está permitido. Entre ellos figura Santa Fe y hay una larga lista de grandes empresas. La Comisión indaga también en otros dos hechos: Bouzat se habría presentado ante otros potenciales clientes como un estudio que tiene trato preferencial en el máximo tribunal. A eso se suma la sospecha, que se investiga en una causa penal, de que el supremo tendría cuentas no declaradas en el exterior.
Una catarata de irregularidades
El juicio político avanzó de manera sorprendente, dejando a la luz numerosas irregularidades. Por ejemplo, en el caso del dos por uno que favoreció a los represores, quedó en claro por la declaración de secretarios, que primero tomaron la decisión -en especial Rosenkrantz – de beneficiar a los violadores de derechos humanos, y después buscaron un expediente para concretar la maniobra. En la jugada estuvo también la mano del ahora prófugo Pepin Rodríguez Simón. Se detalló largamente el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial, que tenía la supervisión de Juan Carlos Maqueda, y en el que se firmaron contratos sospechosos, hubo un desastre en la prestación de servicios y se acumularon los juicios de los afiliados en los que la Corte también intervino, es decir que se puso de los dos lados del mostrador.
Santa Fe, miles de millones de pesos
Por la envergadura económica y las implicancias éticas y de violación de la jurisprudencia, el caso de Santa Fe es uno de los más graves. En 2008 el fallecido gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, resolvió encarar el juicio por la coparticipación federal contra el Estado Nacional. Lo que correspondía es que litigaran los abogados de la provincia, pero el camino fue distinto: sin concurso ni licitación, se resolvió adjudicar el caso a dos estudios, encabezados por Rosenkrantz y Ricardo Gil Lavedra. En su momento y hasta hoy, la maniobra fue denunciada por el diputado santafesino Eduardo Toniolli.
La Corte resolvió la cuestión de fondo a fin de noviembre de 2015, cerca de la asunción de Mauricio Macri. Había que devolverle a la provincia (también a San Luis y Córdoba) dinero descontado para financiar la ANSES desde 2006. Luego la ejecución de la sentencia demoró aún más y el pago acordado fue homologado en septiembre de 2022. El monto era de 151.000 millones de pesos. Según señaló el periodista Juan Alonso, existe un acuerdo por el cual los abogados se llevan entre el 15 y el 20 por ciento del dinero del juicio, es decir alrededor de 18.000 millones de pesos. La resolución final la tiene que tomar la Corte en lo que se llama regulación de honorarios. Lo insólito es que Rosenkrantz pidió la regulación de honorarios ya siendo parte de la Corte y desde entonces -2017- no se excusó. Lo que correspondería es que se designen conjueces y que los cuatro cortesanos se aparten, porque ya el caso los salpicó a todos.
Rosenkrantz se dirige a Rosenkrantz
En el escrito del 20 de octubre de 2017 -con Rosenkrantz integrando la Corte desde 2016-, el propio ministro arranca el texto diciendo “Excelentísima Corte Suprema de la Nación. Carlos Fernando Rosenkrantz, por su propio derecho, con el patrocinio de Gabriel Bouzat (su socio en el estudio)…venimos a solicitar se nos regulen los honorarios profesionales que nos corresponden por nuestra actuación como patrocinantes de la Provincia de Santa Fé”. O sea, Rosenkrantz abogado se dirige a Rosenkrantz ministro de la Corte.
Más allá de lo que se resuelva, las irregularidades de todo lo que rodea el caso serán tema de la Comisión de Juicio Político. El cuerpo ya pidió “copia digital y copia certificada del incidente de regulación de honorarios promovido por Carlos Rosenkrantz y otros en el marco de la causa ‘Santa Fé y otros, Provincia contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad (Expediente 539/09)’”. Y, según los trascendidos, la Corte estaría preparando la documentación para enviarla en los próximos días. El único tema de la Comisión no sería el de honorarios, sino la forma en la que el estudio Rosenkrantz se quedó con ese juicio, sin concurso o licitación, apartando a los abogados provinciales, y según se dice a través de negociaciones incompatibles realizadas por funcionarios santafesinos.
El máximo tribunal mandó hace dos semanas los documentos referidos a la Obra Social, lo que, de hecho, implicó el reconocimiento de la legitimidad del funcionamiento de la Comisión. Y en el Palacio de Tribunales afirman que en los próximos días se remitirán los papeles que la Comisión pidió.
Entre el bloque y el todos contra todos
Hasta ahora la Corte Suprema se ha comportado a veces en bloque y a veces discretamente, echando culpas a alguno de sus integrantes. Por ejemplo, en la cuestión de la Obra Social, hubo un intento de que Maqueda responda a las acusaciones, lo que de hecho es atribuirle las responsabilidades. En el caso de la regulación de honorarios, lo más probable es que dejen las respuestas en manos del protagonista, Rosenkrantz. El ministro está en la mira, además, porque anunció por escrito a sus colegas que no se excusaría más en causas de quienes fueron sus clientes. Nadie se opuso. Fue en octubre de 2021, para justificar en ese entonces su voto en un expediente donde la empresa Claro, a quien representó, era parte. Pero, además, en ese entonces había gran expectativa porque la Corte debía intervenir en el expediente sobre las tarifas de celular, cable e Internet, impulsado entre otras empresas del Grupo Clarín, cliente del estudio del supremo y su socio Bouzat. Si bien la resolución se firmó al año siguiente (sin entrar en el tema de fondo), Rosenkrantz la firmó y quedaron habilitados los aumentos discrecionales de precios.
Más y más motivos para que la Comisión investigue
La realidad es que, desde su llegada a la Corte en 2016, Rosenkrantz firmaba causas en las que tenían interés varias empresas que integran una lista que él mismo había presentado ante el Senado cuando debía aprobar su pliego por los posibles conflictos de intereses en puerta (en los que dijo que no incurriría), entre ellas YPF, Claro, Día, Pan American Energy, Esso, Petroquímica Cuyo y Clínica Estrada. Es cierto que en algunos casos se apartaba. Su argumento para decir que no se excusaría más fue que habían pasado cinco años desde su desembarco en el tribunal y le parecía suficientes. El Código Procesal dice que una causal de recusación y excusación es “haber sido defensor de alguno de los litigantes o haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”. Figura en los artículos 17 y 30 de esa norma. Al día de hoy lleva más de 60 fallos que estarían contemplados en esas reglas incumplidas y que la Comisión de Juicio Político analiza como causal de “mal desempeño” y creen que pudo haber cometido delitos, como violación de deberes de funcionario público. Supercanal, Grupo América, Piero, PBB Polisur, y la provincia de Corrientes también contrataban a su estudio y son parte en otros expedientes donde no se apartó.
Hay otros dos temas que serán abordados por la Comisión. Hay indicios de que el estudio, que ahora encabeza Bouzat, les promete a sus clientes un trámite preferencial en la Corte. Y también se analizan datos de una causa en trámite, que instruye el juez Ariel Lijo, en que se imputa a Rosenkrantz por tener cuentas no declaradas en el exterior. El magistrado ya pidió la información a Estados Unidos y está esperando respuesta.
