Meses atrás, Alberto Fernández tuvo que prorrogar la moratoria entonces vigente -se venció el decreto a fines de 2022-, y de allí la necesidad de la Cámara baja de avanzar con la ley. En el Senado, el proyecto del cristinismo fue acelerado de manera exprés por Juliana di Tullio, quien criticó en junio pasado la insistencia opositora “en cuanto a preguntarle al ministro de Economía -en ese entonces, era Martín Guzmán- por el costo fiscal”.
En esa línea, señaló que el mismo será “de 0,02% este año y 0,3% el próximo”, y disparó: “Es insignificante, pero para endeudarse en 50.000 ‘palos’ -en referencia a millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional- no pidieron ninguna aparición en este Congreso”.
Semanas después, la siempre seria Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por Di Tullio en la Cámara alta.
En Diputados, un sector de Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados.
Un detalle de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que cerca de 800.000 trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. En el Senado, el proyecto fue avalado por la peronista anti-K de Córdoba Alejandra Vigo, lo que aumenta las chances de sanción en Diputados si en algún momento se llegase a sesionar, ya que el interbloque federal -define, en general, muchas votaciones- no ve con malos ojos a la moratoria en cuestión.
Juicio político
La semana pasada, Alberto Fernández se reunió en la residencia oficial de Olivos con el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Germán Martínez; y la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, la también oficialista Carolina Gaillard. Allí, el Presidente solicitó rapidez al tratamiento de la jugada del Gobierno y varios mandatarios provinciales contra toda la Corte Suprema de Justicia.
Una vez activo el período de extraordinarias, Gaillard podría convocar a la comisión y exigir la exposición de los involucrados -jueces supremos-, algo que incomodaría a Juntos por el Cambio por la vieja disputa que tiene la Coalición Cívica con el magistrado supremo Ricardo Lorenzetti.
En el mejor de los casos, y si el oficialismo juega la delicada carta de llevar a los magistrados al Congreso, el tema avanzaría en comisión como un máximo triunfo para el kirchnerismo. En dicha instancia cuenta con mayoría, pero el tema quedará bloqueado en el recinto, ya que una acusación de este tipo necesita dos tercios de los votos en el recinto. Una situación similar ocurre en el Senado.
