Movimientos sociales, sindicatos y estudiantes de Perú comenzaron este jueves una serie de protestas que se extenderán tres días para exigir la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y del cierre del Congreso, a un año de comenzada la gestión.
«Hoy marchamos contra el ilegal indulto al expresidente Alberto Fujimori, contra la coalición dictatorial del Congreso, de Boluarte, del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, contra el Tribunal Constitucional, y contra la fiscal de la mafia», afirmó el movimiento No a Keiko en un mensaje en la red social X (ex Twitter).
Según pudo verse en un video difundido por el medio local La República, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan la plaza Dos de Mayo por las masivas manifestaciones.
Estas se producen un día después de que el Tribunal Constitucional dispusiera la excarcelación de Fujimori (1990-2000); el expresidente, quien purgaba una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
La salida de Fujimori de la cárcel se demoró debido a que las huellas dactilares del exmandatario no coincidían con las registradas años atrás en la misma cárcel, posiblemente debido a su avanzada edad, según el diario local La República.
Las protestas, que cuentan con la participación de distintos gremios y asociaciones, se realizan bajo el lema «Que se vayan todos», según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.
Medios locales reportaron movilización de policías en algunas partes de Lima y el Gobierno declaró, mediante un decreto, «estado de emergencia por 30 días».
Otras regiones que anunciaron su participación en la marcha nacional son Arequipa, Piura, Lambayeque, La Libertad, Tacna y Puno.
Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que el bloqueo de carreteras será penado con hasta 15 años de prisión; mientras que el jefe de la región policial de Lima, Roger Pérez, mencionó que alrededor de 7.000 agentes saldrán a las calles para resguardar el orden público.
Qué dijo Dina Boluarte ante las manifestaciones
Por su parte, Boluarte dijo en el marco del primer año de su Gobierno, que logró «afianzar la imagen de Perú» mientras se reactivan las protestas que piden su renuncia.
«Con ese propósito, en los últimos meses hemos logrado afianzar a nivel internacional la imagen del Perú como destino de inversiones y está en marcha un ambicioso plan económico que nos permitirá recuperar los empleos y mejorar las condiciones de vida», expresó.
Boluarte asumió al frente del Palacio de López tras la destitución, el 7 de diciembre del año pasado, de Pedro Castillo, a quien había acompañado como única candidata a vicepresidenta -en Perú son dos los escoltas del aspirante- pero sin que ambos estuvieran del todo alineados con Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.
En las primeras semanas de su gestión, dos cuestiones consumieron el interés mayor: la situación de Castillo, encarcelado desde entonces tras haber disuelto el Congreso y haber intentado gobernar por decreto, y las multitudinarias manifestaciones en las calles de Lima y las principales ciudades en favor de una renuncia del Gobierno y del Legislativo y de un veloz llamado a nuevas elecciones.
Para seguir en su puesto, Boluarte debió tejer una alianza no explicitada con el Congreso, desde hace tiempo un poder de peso en el país, pese a que registra una muy mala imagen en todos los sondeos de opinión, y transferir buena parte del poder a su jefe de Gabinete de ministros, Alberto Otárola, el hombre fuerte de la gestión.
