Frenan una polémica licitación del Gobierno porteño para fotografiar a indigentes y cartoneros

Una polémica iniciativa con reminiscencias a la disuelta UCEP envolvió otra vez a la Ciudad de Buenos Aires en un escándalo que ya derivó en una intervención de la Justicia a favor de un amparo colectivo contra una licitación por $ 1.525 millones que el Gobierno porteño iba a llevar adelante, en plena campaña electoral. ¿El motivo de la contratación? El control del llamado “Servicio de Relevamiento de las Condiciones que Impactan en la Higiene Urbana en la vía Pública”. Traducido de acuerdo con el pliego de bases y condiciones de la licitación, el contratista deberá constatar las condiciones vinculadas con la limpieza del espacio público de todas las cuadras de la ciudad y la “percepción” de higiene urbana, además de comunicar -a través de fotografías- los “hallazgos” que identifiquen, a modo de certificación. La definición técnica de “hallazgo” dentro del pliego diferencia el criterio de “cuadra limpia” de las “incidencias” que puedan “afectar” esa percepción de limpieza. Dentro de las llamadas incidencias se incluye genéricamente todo: basura, autos o volquetes abandonados, grafitis. Nada de eso es problemático. Pero también asimila en la misma categoría a los indigentes en situación de calle y a los cartoneros que estén recolectando materiales. De todo tendría que haber foto. Por ahora, fue frenada judicialmente.

Si bien la idea no resulta refractaria para el electorado del PRO en la Ciudad terminaría por chocar de frente con derechos y garantías con jerarquía constitucional precisamente por el método de identificación fotográfica de sujetos en situación de vulnerabilidad. Esta es la base de un conflicto judicial que ya escaló con dos resoluciones a las que accedió Ámbito, en exclusiva. El amparo colectivo para suspender esa licitación lo encabezaron la Federación de Recicladores Urbanos -que incluye a las cooperativas de trabajo que desarrollan su actividad en el ámbito porteño-, la organización Proyecto 7 (dedicada a personas que viven en la calle) y la Asociación Civil Isauro Arancibia, que vela por derechos de niñas, niños y adolescentes, patrocinados por el abogado Lucas Papini. El argumento es que infringe Derechos Humanos de jerarquía Constitucional, Derecho a la Igualdad, Derecho a la no Discriminación, entre otros. La sospecha principal es que no tiene como contrapartida un auxilio a las personas en situación de calle, sino una finalidad estética que podría ser complementada con desalojos, como estilaba la patrulla de la UCEP que debió ser disuelta.

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Para peor suerte, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encontró que el sorteo de la demanda quedó a cargo de su archienemigo judicial, el juez Roberto Andrés Gallardo, uno de los magistrados, además, con mayor llegada al papa Francisco y candidato permanente a la recusación por parte del PRO, en una guerra que había iniciado el propio Mauricio Macri.

Subrogado por su colega Patricia López Vergara -también en la lista negra del GCBA-, el amparo colectivo ya tuvo sus primer derrotero: el Ministerio Público Fiscal de CABA conducido por Juan Bautista Mahiques ya dictaminó por el rechazo “in límine” del amparo. En 9 carillas y con la firma del fiscal encargado de la Unidad Especializada en Litigios Complejos Mariano Lucas Cordeiro se inclinó porque se desestime la demanda sin mayor análisis ni apertura a discusión de la licitación en debate. Dijo que los agravios eran “conjeturales e hipotéticos”. López Vergara lo ignoró. Pero iluminó otro aspecto crítico: la velocidad con la que se intentó llevar adelante la licitación.

En el transcurso de tan solo dos meses, se realizó el llamado a licitación, se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones, se presentaron las ofertas, se abrieron los sobres y se “pre-adjudicaron” los montos por casi mil millones de pesos a dos empresas para que se pusieran a trabajar a partir del mes siguiente en ejecutar los controles fotográficos. López Vergara dictó una medida precautelar y suspendió todo el proceso, intimando al Gobierno de la Ciudad a que en un lapso de 5 días -que se vencen esta semana- presente los antecedentes que dieron origen a todo el trámite administrativo de la licitación. Para la magistrada existe un “caso” que no es ni hipotético ni eventual. Pero además, ordenó que se libren edictos en el Boletín Oficial para que todos aquellos que puedan percibir que sus derechos son vulnerados se presenten en el expediente a litigar dentro de la acción de clase. Sin sorpresa, la administración de Rodríguez Larreta recusó a Gallardo, que rechazó apartarse y volvió a recordar el comportamiento procesal del GCBA que tiene como manual de estilo percutir hasta apartar al magistrado de múltiples formas para que el proceso termine a su favor en alguna instancia. En este caso, puso singular atención a un trámite que avanzó con velocidad y, hasta ahora, se había mantenido por debajo del radar.

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La licitación tramita bajo el expediente EX-2022-44354006-GCABA-DGTALMEPHU, y en la órbita del Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público porteño. Su presupuesto exacto es de $1.525.990.897,15. Entre las funciones adjudicables está la de detectar la “Presencia de asentamientos precarios productos de personas en situación de calle; presencia de recuperadores realizando acopio de material en la vía pública; y cualquier otra situación de desorden en la vía pública”. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está destinando un presupuesto millonario a la licitación en cuestión, que equivale al 10% del total del presupuesto que destina a la Dirección General de Operaciones de Reciclado (DGOR), para llevar a cabo todo un sistema de relevamiento con el fin de informar si existen personas que afecten la estética e imagen de una ciudad limpia y, por lo tanto, las considera contaminación visual”, indicó el amparo. Se cita jurisprudencia internacional pero también propios precedentes de la Corte Suprema en lo que refiere a la delimitación de “categorías sospechosas” como las que abarcan a personas con altos niveles de vulnerabilidad que requieren una protección adicional contra prácticas que podrían derivar en situaciones discriminatorias.

El 17/04/2023 la Comisión de Evaluación de Ofertas decidió la preadjudicación a favor de WIA Consulting SRL (zona A), por un importe de $610.491.349,62 y Cooprogetti Societa Cooperativa correspondiente a la zona B, por $610.472.658,42. WIA no es la primera vez que tiene como cliente al Gobierno de la Ciudad. Tampoco la primera vez que realiza tarea de auditoría sobre espacio público. Creada en 2013 por un ex inspector de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Espacio Público había quedado en la mira porque compartía accionista con otra firma que recibía contrataciones de la administración porteña. Su objeto social es amplio. Según su página web ofrece servicios de telemarketing y encuestas, redes e inspecciones y control de obras. Cooprogetti es una cooperativa multinacional de ingeniería con base en Italia. Su filial local está inscripta en el rubro construcción.

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El 27 de abril, López Vergara consideró no sólo constituido el caso, sino que tuvo por cumplidos los requisitos de acción de clase. El Gobierno apeló pero su colega Elena Liberatori confirmó la precautelar que suspende la licitación y la ejecución del contrato. En las próximas horas, los demandantes considerarán “desierta” la apelación porque el GCBA equivocó artículos del Código Contencioso Administrativo y tributario y la propia Ley de Amparo de CABA. Después de eso, será el turno de la Cámara del fuero expedirse.

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