A partir de la declaración del empresario, en la que denunció que fue presionado para vender sus medios de comunicación y que el objetivo del Gobierno era “meter presa a Cristina”, la fiscalía apuntó contra Terranova y Rosner. Ambos se presentaron, según la declaración de López, como posibles compradores del Grupo Indalo y mostraron sus vínculos con Macri y su entorno. Ahora figuran como presuntos partícipes de extorsiones y coacciones.

Dos empresarios cercanos a Mauricio Macri fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuán a raíz de la declaración del empresario Cristóbal López en la que denunció que fue presionado para vender sus medios de comunicación y que el objetivo del Gobierno era “meter presa a Cristina”. Los nuevos sospechosos son Orlando “Orly” Terranova e Ignacio Rosner. Ambos aparecieron, según el relato de López ante la jueza María Servini y el fiscal Marijuán, como potenciales compradores del Grupo Indalo que ostentaban vínculos con el Presidente y su entorno. Ahora integran la lista de quienes habrían participado de extorsiones y coacciones. Lo sorprendente es que parecían avanzar en las gestiones pero en determinado momento eran frenadas. Uno de los argumentos era que en cierto sector de la Casa Rosada decían: “No queremos que López y (Fabián) De Sousa vendan. Queremos que quiebren”. En medio de tratativas inconclusas, ambos terminaron detenidos en 2017 y pasaron dos años en la cárcel. Fue una combinación de persecución política y de intento de apropiación de sus empresas.

La causa a cargo de Servini se abrió en base a hechos denunciados por De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP. Esto derivó en la apertura de una causa penal a cargo de Servini, donde fueron denunciados el propio Presidente, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, el actual titular, Leandro Cuccioli, el director de YPF y hombre de la mesa judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo. A todos se les atribuye alguna participación en presiones sobre López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas.

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El lunes López declaró como testigo y reveló que en un encuentro con Macri el 25 de octubre de 2015, el mismo día de las elecciones presidenciales, el entonces candidato le advirtió: “Necesito el canal para ir por Cristina”. “¿Qué significa ir por Cristina?” dijo que le preguntó. La repuesta fue: “Hay que meterla presa”. “No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró”, declaró López. La reunión, dijo, había sido en Barrio Parque, en la casa de Franco Macri. Macri le había dicho que sabía que ganarían en un ballottage, porque se los había dicho “la embajada”.

Los nombres de Terranova y Rosner aparecen cuando López comienza a relatar el incremento de las presiones y la aparición de potenciales compradores, sobre todo después de que lo contacta Rodríguez Simón, en enero de 2016, y le advierte –en relación a negocios en el juego que tenía López, en el hipódromo y el casino flotante–que tendrían que pagar más impuestos o canon. “El Presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen”, contó López que le dijo el operador, y que él entendía que el problema era que él “vendiera” lo suyo. Poco después le anunció –dijo–que empezaba la “guerra”. Los empezaron a acusar de una deuda de 8 mil millones de pesos con la AFIP, que motivó la causa que hoy está en juicio oral (donde los peritos de la Corte dijeron que no había deuda reclamable porque estaban al día con los planes de pago, sólo que la AFIP cambió de criterio con ellos). A partir de entonces fue que López, según declaró, empezó a recibir versiones de que el objetivo de Macri era que fuera preso.

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En ese contexto es que aparecen los potenciales compradores. López cuenta que habla con el corredor de autos y empresario Orly Terranova porque conocía su relación con Caputo y Macri. Le dijo que prefería vender su 70 por ciento del Grupo Indalo antes que ir preso. Terranova dijo que consultaría con el presidente y su amigo empresario y comenzaron a avanzar gstiones. “Se firmaron convenios. El al día siguiente trajo a un abogado y a un ingeniero, éste iba a ser el CEO de la compañía, Gerardo molinaro y el abogado Gustavo Casir”, dijo López ante Servini. Y detalló que Terranova le hablaba de reuniones con Torello, Quintana y Caputo y de que estaba en contacto con Macri. Empezaron incluso a hablar de cómo presentarían la venta públicamente, pero todo indica que alguna interna del Gobierno frenó el pacto. Estaba el sector, al parecer liderado por Quintana, que quería llevarlos a la quiebra y “exhibirlo en Plaza de Mayo”. López declaró que Terranova, tras una reunión con Jaime Durán Barba, “se esfumó” y no lo vio más.

Pero poco después apareció Jorge Rotemberg, a quien López describió como un viejo conocido que les llevó el negocio de Oil Combustibles, y que reaparecía para decirle que tenía otro candidato para la compra de los medios del grupo. “Le digo, Jorge vos sabés que acá no hace falta la intención de querer comprar, sino que lo más importante era que el Gobierno aceptara la comprador. Me dijo, justamente la persona que tengo es muy cercana al Gobierno. Le pregunté quién era. Me dijo Ignacio Rosner. El maneja un fondo de inversión muy grande, americano, El Tejar, y les interesa el negocio de combustible y el puerto de San Lorenzo…”, profundizó López en su testimonio. Rosner, según la declaración, se le presentó así: “Yo soy muy amigo de Mauricio, siempre trabajé con él y con el padre en Socma. Fui director de Cablevisión, tengo llegada a Magnetto, fui al Newman, lo conozco a Alberto Abad de toda la vida, ya lo hablé y tengo el ok para avanzar con la operación. Solo que no es la operación que habías hecho con Orly (…) el único problema es que enfrente (en alusión a la Casa Rosada) no aceptan que te quedes con el 30 por ciento, tenés que entregar el 100 por ciento del Grupo Indalo”. El empresario dijo que tenía que convencer a De Sousa, dueño de ese 30 por ciento, y que lo hizo. Llegaron a firmar un convenio, con participación de Santiago Dellatorre, sujeto a aprobación del juez Julián Ercolini, de la causa Oil. Y necesitaban que la AFIP aprobara un plan de pago de las deudas para los nuevos dueños. En el ínterin relató que habló con Caputo esperando que le diera pistas sobre la posible respuesta de Abad y éste le dijo que no tenía contacto con el funcionario. Pero cuando López le dijo –según su declaración– que temía ir preso, Caputo le contestó: “Andate a Sudáfrica, porque no tiene extradición”.

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Nada se concretó. Poco después López y De Sousa fueron detenidos; tuvieron una breve salida en libertad cuestionada por Macri a viva voz, diciendo “no era lo acordado”. Uno de los jueces que les concedió la libertad renunció y el otro fue trasladado a San Martín. Ahora Servini y Marijuán empiezan a ver la historia desde otra perspectiva.

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