La Corte Suprema volvió a cruzar todos los límites: este año no sólo se metió en el proceso electoral y suspendió comicios sino que ahora declaró que la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien había cumplido el mes pasado los 75 años, la edad jubilatoria, «cesó en sus funciones» a pesar de que tenía un pedido no resuelto del Poder Ejecutivo ante el Senado para extender su mandato cinco años, como habilita la Constitución. Aunque ya por lo menos dos jueces y una jueza siguieron en sus cargos entre tres y seis meses hasta obtener la renovación, los supremos –consustanciados con la campaña de medios hegemónicos y de dirigentes opositores– resolvieron que Figueroa se tiene que ir, en base a una interpretación según la cual los senadores/as deberían dar el nuevo acuerdo antes del día del cumpleaños. De lo contrario, sostuvieron, hay un cese automático en las funciones.
Otra vez la doble vara
La excusa de los supremos para meterse en este asunto fue una nota que envió la Cámara de Casación –máximo tribunal penal del país– al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el 10 de agosto último. Avisaba que el día anterior la jueza Figueroa había cumplido 75 años «y como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento». Párrafo aparte vaticinaba: «la situación podría devenir en el cese de sus funciones». El texto lo firmaban los casadores Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Daniel Petrone. Figueroa también informó su cumpleaños y aclaró que el trámite en el Senado estaba inconcluso. Mientras tanto, avisó, no tomaría decisiones.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, le planteó a Rosatti (que también preside el Consejo de la Magistratura) que la jueza debía seguir en el cargo hasta que hubiera una decisión del Senado tal como ocurrió en otros casos no muy lejanos. Citó el de la jueza del Tribunal Oral Criminal 10, Silvia Mora, esposa del camarista civil antikirchnerista Ricardo Recondo, expresidente de la Asociación de Magistrados. Ella cumplió 75 años en septiembre de 2020 y el Senado le renovó el acuerdo el 4 de febrero de 2021. Otro caso es el del camarista penal económico Juan Carlos Bonzón, que llegó a la edad jubilatoria en abril de 2021 y obtuvo un nuevo acuerdo casi cinco meses después. Mena también mencionó la situación del juez en lo penal económico Luis Imaz, quien no solo había llegado a los 75 en noviembre de 2020 y obtuvo su renovación en febrero siguiente, sino que la propia Casación avaló su continuidad en ese lapso. Con estos ejemplos se mostraba la doble vara suprema.
La Corte invoca un fallo propio del año 2017 conocido como «Schiffrin» (por el fallecido camarista Leopoldo Schiffrin) donde dejó en claro que la edad jubilatoria de jueces y juezas es la de 75 años con posible prolongación por cinco años. Revertía la llamada «doctrina Fayt» con la que la vieja Corte menemista había habilitado la permanencia ilimitada, por lo que Carlos Fayt fue supremo hasta los 97 años. La Constitución de 1994, recuerda ahora el tribunal «establece (en su artículo 99, inciso 4º) que un juez mantiene su investidura hasta cumplir los setenta y cinco años, salvo que obtenga un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado», que se puede repetir. Pero advierte que «al no prever la norma plazo alguno» para renovar el acuerdo «el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida».
Es decir, los cuatro supremos (Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) introducen esa interpretación con el argumento de que, de lo contrario, «el límite etario se tornaría inoperante». Nunca antes se habían preocupado por esta cuestión hasta que apareció el caso de Figueroa. Los medios alineados con la oposición la trataron el último tiempo como la jueza que se quería «atrincherar», que fue el tenor de lo que sostuvo la Corte que, sin embargo, jamás se preocupó por la permanencia de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal –Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi– cuya situación los propios supremos señalaron como irregular en noviembre de 2020. Una muestra de que ante la situación de Figueroa estarían legislando es que dos diputados de Juntos por el Cambio (Pablo Tonelli y Alvaro González) presentaron justo esta semana un proyecto para establecer por ley la caducidad automática al llegar a la edad jubilatoria si no hubo acuerdo.
Es la política…
Figueroa juró como jueza de Casación el 25 de noviembre de 2011. Había sido abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos y en 2005 fue nombrada en el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se especializó y bregó por la perspectiva de género en la justicia. El Poder Ejecutivo le había pedido al Senado el 12 de abril que extendiera su mandato cinco años más. Desde entonces, tanto la oposición como algunos aliados pusieron obstáculos para votar ese pliego, que integraba una lista de otros 75 candidatos a jueces y juezas que esperan designación. La Comisión de Acuerdos aprobó el de Figueroa, quien incluso pasó una audiencia pública sin objeciones, y quedó incorporado al orden del día de la sesión convocada para el 12 de julio. Pero la oposición y tres díscolos no dieron quórum. La clave fue la ausencia de los senadores Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, que integran un bloque escindido del entonces Frente de Todos, y la del gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, que tiene su monobloque (Juntos somos Río Negro).
Cuando se avecinaba otra posible sesión apareció Mauricio Macri: «Les pido a tres senadores: Snopek de Jujuy, Kueider de Entre Ríos y Weretilneck, el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria y que no dejen que nombren a los jueces militantes…», apretó sin ninguna inhibición el ex presidente desde el programa televisivo de Joaquín Morales Solá.
En cuanto a Macri –a quien Borinsky visitaba asiduamente en su presidencia– hay dos asuntos que marcan su encono: Figueroa fue la primera jueza en denunciar las presiones de su gobierno, ya en los inicios. Relató, y luego declaró como testigo en la causa sobre la «mesa judicial», que la había ido a ver el entonces secretario en el Ministerio de Justicia macrista y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura– para preguntarle cuándo firmaría el fallo donde se discutía la constitucionalidad del Memorándum con Irán, con lo cual le marcaba la cancha. La otra preocupación del expresidente no pasa solo por los expedientes contra CFK sino que ya comenzaron a llegar a la Cámara de Casación las causas que lo comprometen.
La guerra interna
Este lunes acuerdo general sorpresivo en la Casación por la situación de Figueroa. Estuvieron todos menos Juan Carlos Gemignani (de licencia) y Angela Ledesma. Quien la encaró fue Yacobucci. Le dijo sin vueltas que pensaban «subrogar» su cargo. Barroetaveña se sumó en igual sentido. Esa parecía la posición mayoritaria: echarla. Figueroa, que se había ubicado en la cabecera en su papel de presidenta, acusó a sus pares de querer echarla por ser mujer. Slokar le pidió perdón en nombre de todos e incluso sostuvo que debía permanecer hasta que el Senado tratara su pliego. «Acá existen otros jueces usurpadores», dijo. Para descomprimir sugirió que pidiera una licencia extraordinaria por 30 días. Pasaron a un cuarto intermedio y Figueroa les anunció a algunos periodistas que analizaba esa licencia.
Clarín tituló este martes: «Para destrabar el conflicto, la jueza de Cristina piensa pedir licencia en la Corte». Con ese tono y enfoque tratan el tema desde hace meses. En una nueva reunión por la mañana se habló de la licencia pero al mediodía hubo un cuarto intermedio. Algún mensaje supremo estaría llegando. La decisión, al final, fue de la Corte en pleno en una demostración de poder. Figueroa había dicho que era consciente de que generaba incomodidad por ser «independiente» y que su cargo «es el más alto que se concursa». Con su vacante, ya serán tres los lugares disponibles (de trece) en este tribunal. Es tan grande el interés político en estos cargos que el examen para uno de ellos fue hace más de un año, se presentaron 44 postulantes y aún no les dieron las notas. Los nombramientos quedarán para el próximo gobierno, aunque todo indica que la que quiere gobernar es la Corte.
