El MoCaSe fue amenazado por hombres vestidos de policías
Integrantes de la agrupación señalaron que les apuntaron con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad (calibre 9 milímetros) a mujeres, hombres, niños y ancianos, cubriendo sus manos con guantes de latex y disponiendo en sus vehículos de bombas molotov y bidones de querosén y nafta. Denunciaron ante la Justicia a una empresaria y a cinco hombres por amenazas.
Integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) denunciaron ante la Justicia a una empresaria y a cinco hombres por amenazas. Uno de los varones vestía uniforme e insignias de la Policía de Córdoba. El grupo tenía bombas molotov y bidones con combustibles, que fueron secuestrados por la Policía santiagueña. La empresaria Noelia Berzano llegó el jueves hasta la comunidad de La Martona, donde se desarrollaba una asamblea con un centenar de delegados de las casi 30 localidades donde está el MoCaSe, y comenzó a reclamar que el campo era de su propiedad. Según dijo Reyna González, delegada de ese campo donde viven 420 familias que se dedican a la agricultura comunitaria y a la ganadería familiar, Berzano dijo que venía enviada por el diputado Juan Arsenio Sequeira, del Frente Cívico. Sin embargo, al día siguiente el legislador recibió a una comitiva de esa organización y se desligó de Berzano.
«Con la mujer bajaron cinco hombres que nos insultaron y quisieron interrumpir la asamblea, cuando nos resistimos, uno de los hombres sacó un arma y nos amenazó”, había denunciado González. El MoCaSe Vía Campesina denunció el hecho también a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. «Liderados por la empresaria Noelia Berzano y expresando venir de parte del diputado Juan Arsenio Sequeira, ingresaron a las 10.20 hs del día 3 de marzo del corriente, en territorio de la comunidad campesina indígena de La Martona, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero”, explicaron. «Apuntaron con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad (calibre 9 milímetros) a mujeres, hombres, niños y ancianos, cubriendo sus manos con guantes de latex y disponiendo en sus vehículos de bombas molotov y bidones de querosén y nafta», agregaron.
La comunidad resistió «este nuevo atropello pero el clima de inseguridad y preocupación sigue ante posibles ataques», exigió «investigación y desarme de bandas armadas y parapolicias que operan con impunidad», y cerró el hilo de Twitter con sus consignas: «¡Ni un Metro Más!, ¡La Tierra es Nuestra!».
Luego del impacto mediático del confuso episodio, el diputado Sequeira se contactó para dialogar con integrantes de la organización. «En la reunión ha enseñado la denuncia penal que ha formulado contra Noelia Berzano, desmintiendo así que la mujer haya ido con su aval y se puso a disposición para colaborar en el esclarecimiento y se haga justicia con las familias campesinas indígenas poseedoras que habitan, producen, trabajan y protegen ancestralmente los territorios comunitarios de La Martona», dijo el MoCaSe. También mantuvieron diálogo con la intendenta de Colonia Dora, Marcela Mansilla, que está interiorizada sobre la situación de las familias de La Martona. Sequeira es esposo de Mansilla y ambos militan en el Frente Cívico de Santiago del Estero y responden al gobernador Gerardo Zamora.
La agrupación que nuclea a los campesinos en lucha de Santiago del Estero explicó que La Martona es uno de los territorios en resistencia ante el intento de avance de agroempresarios con grupos armados. «Son 32 años de lucha y resistencia de comunidades enteras que defienden su derecho a la tierra, al agua, a la producción diversificada, cuidando los montes, lagunas y los seres de la Madre Tierra. Estamos en estado de alerta por los diversos conflictos en la provincia y porque desde las fiscalías y juzgados no frenan los atropellos y desalojos de los que tienen conocimiento, son cómplices de la impunidad», manifestó.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba (APDH Córdoba) señaló que “este tipo de ataques de grupos parapoliciales contra los campesinos organizados en asambleas es un atentado a la democracia y debe ser investigado por la Justicia hasta las últimas consecuencias”. Y agregó que “en caso de que uno de los atacantes, efectivamente, sea miembro de la Policía de Córdoba, la jefa de la institución, comisario general Liliana Zárate Belleti y el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, deberán dar explicaciones a la justicia por qué uno de sus subordinados actuó en este grupo de tareas. Y en caso de que no sea miembro de la fuerza, deberán dar explicaciones e investigar por qué vestía un uniforme e insignias de la Policía de Córdoba”.
