Es porque el gobierno les reconoce un precio superior al real, pero al mismo tiempo reducirá los descuentos a los usuarios. Las concesionarias reclaman tarifas más altas.
El valor de la producción del gas es siempre la figurita difícil. Las empresas son celosas de informar al respecto y negocian con el gobierno con hermetismo. A modo de incentivo a una producción endeble y con el objetivo a largo plazo de esquivar las importaciones, el gobierno nacional acordó con las petroleras un precio promedio de U$S 3,53 por millón de BTU (unidad de medida) para la producción prioritaria, en el marco del Plan Gas.Ar.
Ese precio, a lo largo de 2021, significará para las empresas ingresos por U$S 1532 millones, sobre un total de U$S 2059 millones, según una estimación que la Secretaría de Energía dio a conocer en un informe técnico que publicó esta semana. El resto son importaciones: gas de Bolivia, U$S 280 millones, y GNL importado, U$S 247 millones.
Si se suman las importaciones, el precio ponderado promedio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (conocido en la jerga técnica como PIST) se ubica en U$S 3,91 por MBTU y será pagado en parte por los usuarios, en las tarifas, y en parte por el propio Estado, en la forma de subsidios.
Andrés Repar, vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y ex vicepresidente del Enargas, explicó que el precio de U$S 3,53 por MBTU fijado para la producción de gas es demasiado alto, incluso como incentivo.
Según sus cálculos, los costos directos que demanda la perforación de un pozo para extracción de gas se ubica en torno a los U$S 10 millones, que se saldarían con un precio de U$S 0,91 por MBTU.
En el mismo sentido, calculó para gastos generales, regalías e impuestos unos 8 millones de dólares, que se pueden traducir en U$S 0,71 dólares por MBTU. «Si a eso se le suman beneficios en torno al 30%, nos da un total de U$S 2,10 por MBTU, que sería un precio razonable y en línea con los precios internacionales», detalló Repar.
Según esos cálculos, las empresas estarían recibiendo incentivos por U$S 1,43 por MBTU, que a lo largo del año se traducirán en U$S 620 millones de excedente. Se trata de un 40% más de ingresos, sobre los U$S 911 millones que recibirían con el precio en U$S 2,10 por MBTU.
Con el precio para la producción colocado en U$S 3,91 por MBTU, la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para el próximo 15 de marzo comenzará a definir quién se hará cargo de pagar. Por estos días, según el citado informe oficial, el Estado paga el 60% de ese valor, mientras que los usuarios se hacen cargo del 40% restante. Del informe se desprende que la intención del gobierno es que la relación pase a ser 35% a cargo del Estado y el otro 65%, de los usuarios. Esto significaría una suba del 63% para los consumidores. El gobierno estima que ese aumento redunde en una suba concreta en la boleta de entre el 26 y el 35 por ciento.
Transporte y distribución
Sin embargo, para realizar ese cálculo, se tomaron en cuenta los valores vigentes de transporte y distribución, cuyos precios también se ajustarán en la audiencia pública convocada por el Enargas para el 16 de marzo.
En sus propuestas presentadas a esa entidad, tanto las transportistas como las distribuidoras de gas piden fuertes subas en las tarifas que cobran y todas coinciden en que enfrentan grandes atrasos en los ingresos producto del congelamiento de precios desde abril de 2019. En el medio, hubo devaluaciones, inflación y hasta una pandemia.
Para facilitar el acceso del público en general a las propuestas técnicas de las empresas concesionarias, el Enargas elaboró un resumen de sus propuestas tarifarias. Las transportistas pidieron subas entre el 40 y el 58%, que en la tarifa significarían un aumento del 12%, promedio.
Metrogas y Naturgy, las distribuidoras más importantes, pidieron subas promedio entre el 51 y el 58%. De aprobarse, tendría un impacto en la boleta de entre el 17 y el 20 por ciento.
Juntos, las demandas de las empresas y el planteo de la Secretaría de Energía equivalen a un aumento que rondaría entre el 60% y el 70%, según categoría y lugar de residencia del usuario.
En todo caso, restará también saber cómo será el esquema de subsidios, ya que el gobierno insiste en remarcar que al tratarse de un servicio esencial no debe significar un golpe al bolsillo. En ese sentido, se expresó el interventor del Enargas, Federico Bernal, en declaraciones radiales. «El cuadro tarifario va a ser igual para todos. El Estado va a elegir subsidiar a quienes más lo necesitan y no subsidiar a quienes no lo necesitan».
Luz: sin “camino de ajuste”
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) convocó a una audiencia pública para el próximo 29 de marzo a las empresas de transporte y distribución de electricidad con el fin de «tratar el Régimen de Transición Tarifaria»; es decir, el aumento en la tarifa.
Por el momento, no trascendió mucha información sobre valores concretos. Sin embargo, fuentes del gobierno nacional dijeron que «no se busca un camino de ajuste, sino un camino que contemple la situación socioeconómica que está atravesando la sociedad».
En ese sentido, y en línea con lo expresado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas, «se está trabajando en corregir la pesadilla de tener que decidir entre comprar alimento o pagar los servicios públicos».
La fuente concluyó: «No vamos a permitir que continúe la incertidumbre permanente de no saber cuánto va a venir de luz».
