El columnista Carlos Pagni reveló que a principios de abril de 2016 La Nación publicaría una foto de todos los jueces federales, denunciando la demora en avanzar en los procesos contra ex funcionarios kirchneristas. Y que por ello, el juez Julián Ercolini ordenó el apresamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ni siquiera había sido indagado. La columna de Pagni produjo estupor dentro de La Nación y Clarín, con consecuencias que se verán en las próximas semanas. Mientras tanto, en Comodoro Py se dispararon varias denuncias. La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, analizó que aquella detención no sólo fue producto de esa advertencia, sino que se hizo para tapar el escándalo que estalló en todo el mundo, los Panamá Papers, con sociedades y cuentas ocultas de Mauricio Macri y su familia.
A Julio De Vido lo detuvieron justo en los días de la campaña electoral de 2017. A Carlos Zannini lo apresaron cuando en el Congreso se debatía la reforma jubilatoria, con enormes manifestaciones en contra. Y se pueden enumerar todavía más casos. La alianza política-judicial-mediática alineada con Cambiemos, con aprietes como el revelado esta semana, ejecutó las detenciones que tenían que ver, no con las pruebas ni con la situación procesal, sino con la persecución de opositores.
Sótanos
Los dichos de Pagni produjeron una explosión dentro de La Nación y Clarín, con fuertes reproches al columnista. Esta situación quedó expuesta cuando Pagni publicó una segunda nota con débiles argumentos: insistió en que los detenidos no eran inocentes, sino que había pruebas de la existencia de casos de corrupción en el gobierno de CFK. Esa no era la polémica, nadie cuestionaba que se juzgue y castigue a los que cometieron actos ilegales, sino justamente lo que dijo Pagni: que se haya ordenado prisiones preventivas por presiones y maniobras del aparato judicial-mediático-político cuyo verdadero objetivo era tapar al gobierno de Macri e ir contra los opositores al neoliberalismo. Pagni estuvo imputado en una causa por espionaje durante el gobierno de CFK en que se descubrió el hackeo de los mails de la secretaria de la entonces presidenta, los del jefe de Gabinete y actual presidente, y hasta protagonistas del espectáculo como Susana Giménez.
Tapar
Como recordó CFK esta semana, el escándalo de Panamá Papers estalló el domingo 3 de abril de 2016, con cabecera en el Süddeutsche Zeitung de Alemania. En la tapa de esa publicación apareció la foto de Mauricio Macri porque figuraba entre los mandatarios que habían armado sociedades ocultas en el estudio Mossak Fonseca de Panamá y registraba negocios en paraísos fiscales y Brasil. Por entonces, el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, era la principal referencia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el país. Eso derivó en que el diario de los Mitre y los Saguier publicara los datos, con absoluta protección de Macri. De hecho, los periodistas alemanes criticaron la cobertura argentina señalando que fue condescendiente con el entonces presidente.
Tres días después de aquel fin de semana cuando fue detenido Jaime, todavía en pleno estallido del escándalo internacional por los Panamá Papers, también detuvieron a Lázaro Báez, quien llegaba a Buenos Aires para declarar ante el juez Sebastián Casanello. El apresamiento se produjo con el falso argumento, diseñado por Patricia Bullrich, de que el avión no traía plan de vuelo. A Báez lo pasearon por media Capital Federal, delante de las cámaras, para completar un verdadero show. Nuevamente La Nación fue puntal en esta detención.
Seguidilla
A Julio De Vido le pidieron la detención el 17 de octubre de 2017, cinco días antes de las estratégicas elecciones legislativas de ese año. El motivo fueron dos causas. Por un lado la compra de Gas Natural Licuado, que ya se comprobó que se fundó en un peritaje falso y luego en un testimonio igualmente trucho de Marcelo D’Alessio. La segunda causa fue por el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por las obras en Río Turbio, expediente que tal vez llegue a juicio en 2022. En esta detención, la de De Vido, apareció la doctrina de Martín Irurzun, según la cual todo ex funcionario tenía «relaciones residuales» con personajes poderosos indeterminados y que por esas relaciones podrían entorpecer el expediente. Todo coincidió exactamente con el tramo final y decisivo de la campaña electoral y tuvo el fogoneo indisimulado de La Nación.
El 3 de noviembre de 2017, muy pocos días después, una mañana, el ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido con el mismo argumento: las relaciones residuales. La decisión la tomó el juez Ariel Lijo en el marco de la aparición del testimonio de su cuñada, Carla Lago, quien le contó a la justicia sobre un haras y una cuenta de 1.700.000 dólares en Nueva Zelanda que manejaba Alfredo Lijo, hermano y operador del magistrado. El medio que tenía la información y la difundió después fue, no casualmente, La Nación. Como se sabe, la detención de Boudou fue filmada y las imágenes difundidas de inmediato. El expediente por enriquecimiento ilícito aún hoy está en pañales y Boudou fue encarcelado hace ya dos años. Hasta el momento el ex vicepresidente ni siquiera fue indagado en esa causa. En aquel noviembre empezó la ofensiva de Cambiemos por la reforma laboral y la catastrófica reforma jubilatoria.
El 7 de diciembre de 2017 fue detenido Carlos Zannini en la escandalosa causa por traición a la patria a raíz del Memorándum de Entendimiento con Irán. El ex candidato a vicepresidente fue apresado una madrugada, víspera de fin de semana largo, sin que hubiera sido imputado nunca por el fiscal Alberto Nisman, denunciante original del expediente, y sin que la mencionara siquiera el fiscal que quedó a cargo, Gerardo Pollicita. El trasfondo era la votación de la reforma previsional. Además de Zannini, en la misma razzia detuvieron a Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche.
En la seguidilla, fueron detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, el 19 de diciembre de 2017, por una deuda con la AFIP que en el juicio se demostró que no existía y que las empresas cumplían con los planes de pago. En la última audiencia incluso salió a la luz que el ente recaudador había armado un «grupo de control» sólo destinado a Oil, un hecho que no registraba antecedentes. La operación contra Lopez y De Sousa se inició con una nota de La Nación que ahora se demostró falsa. El trasfondo fue quitarle la compañía a sus dueños y presionarlos para que sus medios se sumen al macrismo.
La misma presión y extorsión se ejerció contra Víctor Santa María, titular del Grupo Octubre, que reúne a varios medios. La Nación publicó una serie de notas presionando al encarcelamiento, en una maniobra similar a la que describió Pagni en ocasión de los Panamá Papers.
Modelo
Lo que reveló Pagni no fue un hecho puntual sino un modelo. No es casual que uno de los directivos de La Nación, Julio Saguier, esté señalado como un operador en la justicia, con recorrida casi diaria por Comodoro Py. Apriete y extorsión, detenciones arbitrarias con el objetivo central de encubrir a Cambiemos y tratar de sacar de la cancha a los que se oponían a la hecatombe neoliberal. El mismo modelo que se aplicó en Brasil para excluir de las elecciones a Lula, en Ecuador para dejar a Rafael Correa en el exilio y ahora a Evo Morales proscribiéndolo del proceso electoral de Bolivia. La ciencia política lo denomina Lawfare y la teoría y práctica quedaron al desnudo, una vez más, desde la cocina del diario centenario.
